A representantes del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén

Abogan por facilitar ayudas directas encaminadas a contrarrestar las pérdidas causadas por la sequía en el principal sector económico de la provincia.

Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén y los sindicatos CCOO y UGT han solicitado a las administraciones públicas un plan de contingencia para paliar la previsible pérdida de jornales y de rentabilidad en el sector oleícola y olivarero a causa de la caída de producción provocada por la prolongada sequía que sufre la provincia.

La falta de precipitaciones, las elevadas temperaturas y el incremento de los costes de producción pronostican una nueva merma en la cosecha olivarera.

Según las estimaciones del sector, por segundo año consecutivo, la provincia estará por debajo de las 200.000 toneladas de aceite de oliva producidas, en línea con las 178.524 toneladas molturadas en la 2022-2023, una caída que no sólo se traduce en menos oferta sino que supone una amenaza para el sector y, por tanto, para la estabilidad económica de la provincia.

En este sentido, la federación de cooperativas y los sindicatos recuerdan que los olivicultores jienenses dejaron de ingresar más de 1.000 millones de euros en la campaña 2022-2023 por la caída de producción.

Además, se perdieron dos millones de jornales, lo que se traduce en 150 millones de euros menos percibidos por las 3.500 personas que conforman la plantilla de la industria oleícola de Jaén, un menoscabo de la masa laboral que se seguirá produciendo en la campaña 2023-2024, en la que se perderá otro 40% de empleo, según estas entidades.

Ante un escenario “dramático” desde el punto de vista socio-económico, las tres organizaciones hacen un llamamiento a la industria cooperativa para acogerse a las herramientas que ofrece la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas para disminuir los costes de producción.

En concreto, apuestan por la adopción de acuerdos intercooperativos para molturar la aceituna cosechada en un único punto y solicitan ayudas para paliar los efectos de una nueva campaña de pérdidas, especialmente en materia laboral.

Además, para las industrias oleícolas demandan una exención de la cuota de la Seguridad Social de las personas incluidas dentro de las citadas medidas extraordinarias con el fin de evitar que haya un trasvase de mano de obra agraria a otras actividades económicas de forma permanente. Asimismo, abogan por facilitar ayudas directas para contrarrestar las pérdidas causadas por la sequía en el principal sector económico de la provincia.

En relación al empleo, se solicita que los trabajadores fijos-discontinuos que no se incorporen puedan acogerse a algún tipo de cobertura o medida de prestación de desempleo. Asimismo, piden negociar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor, así como que los trabajadores afectados por estos ERTE puedan acceder al desempleo sin que sea necesaria cotización mínima y el tiempo disfrutado una vez finalizado el ERTE no consuma tiempo de prestación.

Por otro lado, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha presidido la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada ayer en Sevilla con la participación de miembros de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. Durante el encuentro de trabajo, la Mesa de Interlocución ha puesto el acento en la difícil situación que atraviesa el sector olivarero y ha explicado la necesidad de que el Gobierno de España lo incluya en la Reserva de Crisis de la Política Agraria Común o en su defecto que se consiga de la UE la prórroga de la Medida 22, a fin de que de ella salga las ayudas que en estos momentos precisa el olivar.

Crespo ha comentado, asimismo, con los representantes del campo andaluz que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado ya las ayudas de mínimis dirigidas a ofrecer liquidez a los sectores más afectados por la sequía. La responsable de Agricultura ha recordado que esta línea de subvenciones es fruto del consenso con las organizaciones representativas del sector y que, precisamente en respuesta a su demanda, el plazo para solicitar las ayudas comenzará en septiembre. En cuanto a los beneficiarios, Carmen Crespo ha remarcado que la selección de los sectores a los que se dirigen estas subvenciones es el resultado de un exhaustivo análisis encaminado a dar apoyo a quienes más lo necesitan sin duplicar ayudas, sino complementando las líneas habilitadas por el Estado tras la petición de la Junta de Andalucía. En concreto, los 10 millones de euros de presupuesto de los incentivos del Gobierno andaluz se repartirán entre profesionales dedicados al porcino ibérico de cebo (6 millones de euros), la apicultura (1,6 millones), el castaño (400.000 euros) y el viñedo de vinificación (2 millones). En el caso de las ayudas estatales, se benefician los cultivos de herbáceos de secano, los frutales (incluidos de hueso), los frutos secos de secano y regadío, el arroz, el tomate de industria y la ganadería.

Además, la consejera ha adelantado que próximamente lanzará una línea de créditos para el capital circulante (gastos corrientes, nóminas y electricidad), que permitirá a los profesionales del campo acceder hasta a 200.000 euros sin necesidad de presentar garantía y, además, tendrán subvencionados los intereses durante dos años. Estos préstamos se gestionarán a través del instrumento financiero aprobado en 2020 por la Junta para dar liquidez al campo, que se amplía ahora a todos los agricultores y ganaderos de Andalucía.