Las organizaciones agrarias instan al gobierno a intervenir en la crisis de los precios del aceite
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se reunieron el pasado viernes en Jaén para analizar la preocupante situación de bajos precios del aceite de oliva en la actual campaña, especialmente cuando, a pesar de haber una gran cosecha de aceite en España, la situación internacional es la contraria por la reducción de producción en el resto de principales países productores como Italia, Grecia o Portugal.
Todas las OPAs quieren poner freno a esta tendencia y que las distintas administraciones pongan en marcha todos los mecanismos que se encuentran a su alcance para que haya una estabilidad en el mercado. Instan a que se pongan en marcha los acuerdos llegados de forma conjunta en la última reunión del Consejo del Olivar, celebrado la semana pasada en Jaén, y que estuvo presidido por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Se acordó que de forma unánime se actúe para poner freno a la caída de precios y que se trabaje a tres bandas (administración central, autonómica y representantes del sector) para evitar la crisis en el sector. Así, solicitan que se revisen precios y se pongan en marcha los mecanismos aprobados por la UE para regular el mercado en casos de crisis como es el caso del almacenamiento privado. En referencia a este último recuerdan que sus obsoletos precios de activación, que llevan casi veinte años sin actualizarse, no palian la situación tal y como están planteados actualmente, por lo que sería urgente, primero, revisar los precios y, segundo, poder activarlos en caso de “grave distorsión” del mercado, algo que está estipulado en el apartado b de la normativa y que las tres organizaciones agrarias consideran que está perfectamente justificado debido a la situación actual de precios.
Además, tal y como se acordó en el Consejo Andaluz del Olivar, solicitan la aprobación de la extensión de norma que permita, a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva (en la que está integrado todo el sector del aceite y olivar) poder autorregular el mercado sin que el Tribunal de la Competencia tenga nada que objetar. Por otro lado, exigen una revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria para que se revisen los precios del aceite y que, en caso de bajada, se refleje también en los lineales donde el consumidor compra el aceite, algo que hasta ahora no está sucediendo.
Las tres organizaciones coinciden en plantear movilizaciones si, tras un margen de tiempo la situación persiste, y no se toman las medidas oportunas por las administraciones implicadas, especialmente por el Ministerio de Agricultura que es la administración competente para solicitar la activación del almacenamiento privado del aceite de oliva en base al apartado b) de la normativa europea al respecto (graves distorsiones del mercado).
