Entrevista a Albert Massot, administrador de la D.G. de Políticas Internas en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo

La negociación de la nueva PAC, política a la que se destina la partida más importante de todo el presupuesto europeo, ha entrado en su recta final. La aprobación el pasado mes de junio del nuevo marco por parte del Consejo Europeo fue el primer paso, pero no el definitivo, ya que ahora debe llegarse a un acuerdo con el Parlamento Europeo para plasmar cada una de las partidas en el articulado. Un presupuesto agrario que sigue por lo tanto aún entre paréntesis. Hemos analizado con Albert Massot, auténtico especialista y difusor incansable de todo lo que se realiza en Bruselas a nivel de política agraria, cuáles son los pasos pendientes y en qué situación queda con la nueva PAC la agricultura española.

El primer inciso que se habría de hacer es que el acuerdo aún no está cerrado. Existe una confusión importante promovida por parte de los propios Estados, que han difundido que el acuerdo ya es total, sin ser cierto, y por parte de los medios de comunicación. En estos momentos en Bruselas aún se están acabando de redactar entre el Consejo y el Parlamento Europeo los textos finales, como por ejemplo los considerandos de la OCM única, que hasta ahora nunca habían sido escritos. Al mismo tiempo se están traduciendo a todas las lenguas, porque sin tener todas las versiones no se puede votar ni en el Consejo ni en el Parlamento, ni tampoco se pueden publicar.

En todo el entramado existen una serie de elementos técnicos aún por decidir, principalmente los financieros. Hemos de tener en cuenta que la negociación de la PAC ha sido simultánea a la negociación financiera del periodo plurianual 2014-2020, de gran relevancia sin consideramos que la política agraria es la primera política en gasto de la UE. El Parlamento Europeo puso siempre como condición que no habría acuerdo agrícola, si no había un acuerdo financiero. Por lo tanto, tanto la PAC como otras políticas para ese mismo periodo están aún por decidir. No existe voto formal del Consejo Europeo, ni tampoco del Parlamento Europeo, que está poniendo problemas a la decisión de los ministros de Agricultura del pasado mes de junio, considerando que las cifras financieras –principalmente en la degresividad en los pagos y los techos de gasto de ayuda por explotación, las tasas de cofinanciación al desarrollo rural y en los porcentajes de flexibilidad entre los dos pilares– son aún provisionales y están entre 'paréntesis'. Hasta hoy el Consejo se niega frontalmente a modificar el acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno, y el Parlamento insiste en que todo se debe negociar, porque se trata de artículos de reglamentos y corresponde a los ministros de Agricultura decidir los porcentajes que corresponden a cada política, y no en el marco financiero plurianual. Estas dos posturas enfrentadas puede acabar bien, si ambos órganos legislativos son flexibles, o acabar mal si hay que ir a una primera lectura porque no haya acuerdo, y posteriormente a una segunda lectura, lo que significaría que en 2014 no sería posible tener los reglamentos publicados. Además resulta urgente su aprobación, ya que a la vez se están negociando las medidas transitorias para 2014, que no se podrán aprobar si antes no se han adoptado los reglamentos.

En cuanto a los objetivos de la Comisión son genéricos e interpretables, pero se puede entender que la propuesta en si misma se mantiene y los principios propuestos en su inicio se han conseguido. Otra cosa es como se acaben concretando estos objetivos, y ahí jugará un papel fundamental el modo en que lo apliquen los Estados. Sobre todo porque si algo caracteriza la PAC es su flexibilidad, y esta se va agrandando en cada reforma en la medida que crece el número de implicados y el elemento de la codecisión obliga a dejar a los Estados adaptar las reglas generales a las condiciones concretas que pueden ser tan distintas como las de Canarias a las de Laponia. Como principio la flexibilidad es por la tanto inevitable, el peaje que hay que pagar por llegar a acuerdos de este tipo, pero también tiene sus costes en forma de complejidad, cuando se quería ir hacia una PAC más simplificada, y puede llevar a que los modelos de aplicación que salgan en Estados federales o autonómicos, como España, sean incluso distorsionadores de la competencia.

España ha sido el primero de todos los Estados que ha llegado a aprobar en la Conferencia Sectorial del mes de julio un modelo que apuesta por una uniformidad de aplicación a nivel estatal. Otros Estados están aún empezando las consultas, como Reino Unido o Irlanda, mientras que en países como Francia, que parecía tener las ideas muy claras e incluso intervino en elementos clave de las conclusiones finales, ahora existe un gran debate para concretar lo que se apuntó en los inicios, con una fuerte negociación entre ministerio y sindicatos. La conclusión es que la mayoría de países aún no se ha pronunciado sobre el modelo que va a aplicar, pero nos tememos, por lo que estamos observando en España, que las divergencias pueden ser inmensas.

Va a cambiar en algo, pero evidentemente no es la panacea, en la medida que desde el punto de vista europeo, por las competencias que tienen las instituciones supranacionales, no se puede llegar a definir un agricultor profesional o un Estatuto del Agricultor a nivel europeo, porque en la definición de éste inciden elementos del hecho nacional, como puede ser el derecho fiscal o mercantil. A partir de ahí, la Comisión ha convertido una definición de agricultor activo, que ya existía y que era facultativa, en obligatoria, introduciendo elementos como la lista negativa de empresas que deben ser excluidas de las ayudas, o los topes mínimos que harán que muchos pequeños agricultores se vean excluidos por no considerarse como tal. En definitiva, se mejora en cierta manera la situación actual, pero estamos lejos de cumplir lo que muchos esperan y piden.

Ahondando en esta cuestión también hemos de tener cuenta que la PAC ya no solo es una política agrícola, sino rural, por lo que cuando nos referimos a un agricultor profesional el primer problema que surge es como se evalúa a los pluri-activos. En la medida que esa confusión entre el primer y segundo pilar es mayor, el pluri-activo desde un punto de vista profesional no debería serlo, aunque deberíamos de ver donde se sitúa la frontera, porque desde el punto de vista rural el pluri-activo resulta indispensable.

La realidad es que se dan mayores medios para que los Estados puedan fomentar la introducción de los jovenes agricultores. En el primer pilar existe una ayuda directa que antes no existía, y desde España se ha decidido desde la Conferencia Sectorial que los jovenes agricultores tengan un apoyo específico al máximo nivel, pero tampoco esto nos puede llevar a ser ilusos. La realidad es que los jóvenes van a hacer suyas estas propuestas si quieren, y la duda es cuanta gente joven está dispuesta a trabajar en el campo. Todo ello va ligado a la estructura productiva de cada país. Si comparamos los Países Bajos, donde las personas que viven exclusivamente de la agricultura representan un 60%, con España, donde ese porcentaje se mueve entorno al 20%, es lógico que un joven holandés que piense en la agricultura lo haga para dedicarse profesionalmente. Aquí existen unas barreras de entrada muy fuertes, faltan medidas de reestructuración que impiden al joven agricultor acceso a la tierra y a la financiación, etc.

“Si hay crisis de mercados no habrá dinero suficiente para abordarlas adecuadamente”

No considero nada conveniente la forma en que ha quedado la Organización Común de Mercados a nivel financiero. A los Estados, a los ministros y a los consejeros, a nivel autonómico, solo les interesa llegar y explicar a sus electores que han conseguido los mismos fondos que tenían. Y es verdad, que casi todo los ministros pueden decir que han conseguido unos resultados aceptables en pagos directos y en desarrollo rural. Pero el gran sacrificado, porque no consta en los documentos financieros, ha sido la OCMs, que va a perder para el periodo 2013-2020 el 40% de su presupuesto. Eso significa que si hay crisis de mercados no habrá dinero suficiente para abordarlas adecuadamente. Es un texto que cuenta con cientos de páginas, pero cuyo soporte financiero es prácticamente insignificante, y cada vez lo es más. Todo el mundo ha defendido con uñas y dientes los sobres nacionales, y en un momento de restricción presupuestaria general, esto equivalía a ir reduciendo la OMCs. La reserva de crisis externa al presupuesto agrícola, que era una de las grandes novedades de la propuesta y de la que me he postulado como gran defensor, se ha vuelto a incluir en el presupuesto, lo que significa que cada año 400 millones de euros serán extraídos de los pagos directos para nutrir esta partida. Si tenemos crisis importantes, que las habrá porque la volatilidad de los precios en la agricultura existen, no solo habrá que pagar por la reserva de crisis, sino que todo lo que falta de la OCM única se habrá de extraer de los pagos directos asignados a los agricultores a partir de de una franquicia determinada. Es decir, que muchos años el agricultor que vaya a realizar la declaración de los pagos directos deberá contar con que vaya a sufrir una reducción.

Otro elemento que tiene dos caras es la flexibilidad. Entiendo que es una condición sine quanon para alcanzar el acuerdo, pero esa misma flexibilidad pone en peligro la coherencia del caracter común de la política agrícola. Todo dependerá de la forma en que los propios Estados apliquen la PAC.

Se ha insistido mucho, pero dudo mucho que los agricultores lo hayan asumido totalmente. Desde Bruselas hemos tenido siempre clarísimo que la condición para que esta PAC mantuviese sus fondos era justificar la mejora ante los ciudadanos, y esa fue una condición que impusieron otros comisarios, concretamente los de Cambio Climático y de Medio Ambiente, de que hubiese una parte dedicada a los bienes públicos dentro de la PAC. Este elemento que se ha introducido ahora va ir a más, a costa de un Pago Básico que seguirá disminuyendo. Espero que en 2018, cuando haya una revisión intermedia, esta política no se modifique, pero en 2020 cuando finalice este período financiero veremos donde queda el Pago Básico, que está en la mira de muchos Estados con el argumento de que las políticas de rentas, excepto en la agricultura, son de competencia nacional.

Ahora bien, tal y como se ha aprobado el 'Greening' se ha conseguido mejorar la propuesta de la Comisión que eran muy restrictivas, pero nos hemos excedido al introducir unas medidas de equivalencia que nadie sabe bien qué contienen, y que muchos quieren aprovechar para convertirlo en un cajón de sastre. Por lo tanto, según lo que los Estados decidan y la Comisión acepte, podemos perder lo que hemos ganado. Por ejemplo, existen muchas organizaciones agrarias que dan por sentado que dentro de las medidas de equivalencia debería estar la Producción Integrada, pero por definición esta nunca va a poderse considerar como tal. Es lo mismo que decir que la Producción Integrada y la Producción Ecológica es lo mismo, y no lo son. En este momentos existen ya documentos internos de la Comisión, con listas de medidas que se consideran aceptables, y otras que no, y avanzo que la Producción Integrada está entre estas últimas.

La gran novedad de la nueva PAC es la flexibilidad creciente en el primer pilar, que antes no existía. Había un 'Pago Único' con muchos híbridos y distintos modelos, y ahora esos modelos creo que se van a multiplicar exponencialmente. Cuando tengamos la fotografía final de los 28 Estados miembros vamos a disponer de una pluralidad de modelos impresionante, y ello generará problemas. Siempre he defendido públicamente que habíamos de ir a un modelo uniforme estatal, y al final los ministros y los consejeros lo único que querían era que no hubiese grandes diferencias entre las atribuciones a las CC AA y a los agricultores. Significa que implícitamente estamos dando por bueno las referencias históricas que eran la base de los Pagos Únicos actuales. Ese modelo único se justifica porque no es lógico que un arbol frutal de Fraga y otro de Lleida o un campo de cereal de Huesca y otro de Girona, tengan ayudas diferentes por el simple hecho que el 'Sobre Autonómico' sea mayor en Aragón que en Cataluña.

A partir de ahí el modelo que se ha seguido es de una gran complejidad, y con el único objetivo de no redistribuir, cuando hay sectores que habría que ver si necesitan estas ayudas, entendiendo que la evolución de precios y costes ha cambiado. Existen sectores a los que se atribuyeron unas ayudas muy altas en 1992, porque los precios estaban en los niveles más bajos de su historia, pero ahora esos mismos han doblado sus precios de mercado y siguen recibiendo las mismas ayudas compensatorias. Aquí se debería haber hecho un esfuerzo redistributivo, siendo conscientes que ello implica problemas políticos importantes a nivel institucional y sindical. Hemos perdido la oportunidad de legitimar mejor la PAC ante la sociedad española.