Trabajando hoy por un mañana sostenible

El carburante del actual dinamismo de la actividad del sector de la Obra Pública tiene fecha de caducidad: mediados de 2026. Por el momento no hay indicios de una posible prórroga de los fondos Next Generation, solicitada por distintos Estados miembros de la UE y rechazada por otros con base en su naturaleza de fondo anticrisis de carácter temporal.

Sí hay consenso, sin embargo, en que se debe iniciar el debate sobre cómo financiar las prioridades comunes a partir de 2026. El reciente informe Draghi, presentado el pasado mes de septiembre y que recoge las medidas necesarias para que Europa recupere su competitividad frente a EE. UU. y China, insta a que la UE financie de forma conjunta inversiones en bienes públicos comunes. Estas conclusiones guiarán el trabajo de la Comisión en la elaboración de un nuevo plan de acción europeo de reformas e inversiones.

En lo que al sector construcción compete, los compromisos globales adquiridos a través de la Agenda 2030, el Acuerdo de París o el pacto Verde Europeo, demandan nuevas infraestructuras y adaptar las existentes. Retos como la descarbonización, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, el crecimiento de las ciudades y su desarrollo como smart cities, la gestión del agua o el acceso a la vivienda van a requerir inversiones millonarias en los próximos años.

Un modelo de financiación sostenible y que permita garantizar los recursos necesarios, de manera estable en el tiempo, no puede basarse únicamente en los presupuestos públicos. La disponibilidad de estos recursos no es ilimitada y va ligada a los ciclos económicos. De hecho, las infraestructuras han sido siempre la primera víctima de los recortes en los periodos recesivos. Complementar, pues, esa inversión pública con financiación privada, mediante esquemas de colaboración público-privada, abre una vía para aumentar y dar estabilidad a la capacidad inversora de las administraciones.

Además de la disponibilidad de recursos para llevar a cabo las inversiones, también se debe garantizar que estas se ejecutan en un marco normativo de contratación pública adecuado.

Esto requiere resolver algunos de los problemas actuales que presenta la contratación pública, mediante una serie de mejoras destinadas a simplificar y agilizar los procedimientos de licitación, contratación, adjudicación y ejecución de la obra pública.

El Tribunal de Cuentas Europeo, en su informe especial de 2023 sobre Contratación pública en la UE, señala que la Directiva Europea de 2014 no ha conseguido que los procedimientos de contratación sean más flexibles, más sencillos y más rápidos. Por poner un ejemplo muy ilustrativo, según los datos del citado Tribunal de Cuentas, los actuales procedimientos de adjudicación de los contratos duran mucho más que hace diez años. Así, el período total de decisión hasta la adjudicación del contrato, sin incluir los recursos contra las decisiones de adjudicación, ha aumentado, pasando de 62,5 días en 2011 a 96,4 días en 2021.

Y no es solo este problema de cargas administrativas, que redunda en esa falta de agilidad de la contratación pública, el que sería preciso abordar para hacer más eficiente la contratación pública y poder atender con diligencia la provisión de infraestructuras de calidad. Licitar con precios actualizados de mercado, desincentivar las bajas económicas, establecer una revisión de precios automática que incluya entre los conceptos revisables la mano de obra o una correcta repercusión de los gastos generales de estructura y los costes indirectos en los presupuestos contractuales, son otras cuestiones en las que debemos trabajar hoy para poder construir el mañana.