Los retos de la economía circular para los RCD en la próxima década

Para poner la temática en su verdadero contexto, debemos señalar que los residuos domésticos son en torno a tres millones de toneladas, mientras que los RCD están en torno a diez millones de toneladas registradas, a los que habría que sumar también un porcentaje también elevado que están fuera del sistema. Por tanto, lo más probable es que sólo este flujo de residuo esté en torno a 13 millones de toneladas.

El propio volumen de generación de residuos de la construcción y el propio margen de mejora que existe, un margen holgado y de largo recorrido, ciertamente, hacen que este sector sea considerado como prioritario, toda vez que también ha sido el gran olvidado por el MITERD, por cuanto que se lleva casi 5 años trabajando en la modificación del Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los RCD, primero para adaptarlo a la Ley de 2011, y ahora para adaptarla a la ley de 2022.

Para abordar los retos que tiene por delante el sector en la próxima década, es necesario partir de un correcto análisis del punto de partida. El sector de la construcción en España ha ido recuperándose tras la grave crisis que sufrió entre 2008 y 2013. En lo que respecta a la gestión de los RCD, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la etapa 2014 a 2019, se produjo una estabilización en la generación de RCD, pero el diagnóstico que hace el MITERD en el PEMAR 2023-2035 no es muy positivo, enfrentándose el reciclado de estos residuos con importantes obstáculos dentro del mercado que dificulta gravemente su circularidad. Así, el precio del material virgen (árido natural) en nuestro país es muy bajo debido a su abundancia y disponibilidad, que sumado al alto coste del tratamiento de valorización, debido principalmente por la escasa separación en origen de la generación del residuo, da lugar a que el coste del material reciclado sea muchísimo más elevado que el del material virgen. Por otro lado, el coste de desmantelar, separar y transformar los residuos se produce principalmente en la fase de demolición, mientras los eventuales beneficios derivados de la utilización de materiales reciclados se acumulan en la fase de producción, lo que desincentiva los primeros eslabones de la cadena de valor.

Esta situación de partida castiga la inversión en operaciones de demolición selectiva y separación por fragmentos en origen y, por el contrario, podría incentivar el relleno y el depósito en vertedero como salida más barata. Es por ello, que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados (Ley 7/2022) para una economía circular, prevé medidas que puedan mejorar estos dos aspectos. Nos referimos al impuesto a los residuos destinados a vertedero que regula el artículo 84 y siguientes de la referida Ley, impuesto verde por cuanto que pretende favorecer la entrada de RCD en instalaciones que reciclen los materiales que contienen, ampliando así el margen económico de los gestores de estos residuos. En Madrid este impuesto está 1,5 euros la tonelada de residuo inerte. La ley 7/2022 permite que las comunidades autónomas puedan incrementar el importe, a partir de ese suelo que indica la ley. Desde la Comunidad de Madrid se piensa que el impuesto debería ser el mismo para todas las comunidades autónomas, porque si no se rompería la unidad de mercado, situación que ya empieza a suceder, generándose lo que se llama en el sector “turismo de residuos”.

Además, el artículo 30 de la Ley 7/2022 prevé la obligación de separación por fracciones de RCD en origen (madera, minerales, metales, vidrio, plástico y yesos) y también la demolición selectiva a partir del 1 de enero de 2024, lo que de forma progresiva podrá abaratar la valorización y mejorar la calidad del producto final obtenido, la materia prima secundaria.

Pues bien, dentro del horizonte temporal 2035 se prevé alcanzar el objetivo cuantitativo de destinar un 75% de RCD no peligrosos a la preparación para la reutilización, el reciclado y otras operaciones de valorización, incluidas las operaciones de relleno (con exclusión de las tierras y piedras limpias). Es un objetivo cuantitativo extremadamente ambicioso sin ningún género de duda, si tenemos en cuanta la actual circularidad de los materiales de construcción, y en general de cualquier material. En España la tasa de circularidad de materiales está por debajo de la media de la Unión Europea en 2022, con un 7,1% frente al 11,5% europeo, y muy alejada de países europeos como Países Bajos (27,5%), Francia (19,3%), Italia (18,7%) o Alemania (13%). En este aspecto, sólo podemos deducir en buena lógica que el camino de España va a ser de largo recorrido.

También se establecen, dentro de este mismo horizonte temporal, objetivos cualitativos para incrementar la calidad del material tratado. El primero es una deuda pendiente de más de una década, que es la de actualizar el marco normativo de los RCD para adaptarlo a la nueva Ley 7/2022. Por parte del Estado y de las Administraciones autonómicas se pretende fomentar una mayor utilización de materiales procedentes de la gestión de los RCD, por ejemplo, a través del establecimiento de criterios de fin de condición de residuo para RCD concretos, como los residuos de hormigón o el fresado de carreteras, de manera que se limiten las barreras administrativas para su uso.

En el caso de la Comunidad de Madrid, en lo que a la parte regulatoria se refiere del fin de condición de residuos y del concepto de subproducto, se prevé aprobar un Decreto de RCD y de uso de áridos muy sencillo y que evite burocracia innecesaria. La futura norma reglamentaria actualmente está pendiente de aprobación por el Consejo del Gobierno, previo visto bueno de la Comisión Europea. Esta nueva norma trata de poner en valor, de manera sistemática y con carácter previa, los RCD para determinados usos, de tal manera que todo lo que quede dentro de esas especificaciones y dentro de los usos previstos, se pueda utilizar sin tener que hacer ningún trámite burocrático adicional.

Por otra parte, se prevé establecer a nivel nacional un Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de áridos reciclados procedentes de RCD en obras de construcción. Dicho Acuerdo impulsará la circularidad de los materiales de construcción, a través de la introducción de criterios en la contratación pública que incluyan porcentajes mínimos de uso de material reciclado en obra pública, así como en obras privadas. Así desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) se propone que se incluya en los proyectos de construcción de obra pública de un porcentaje mínimo del 5% de áridos reciclados. Y el mismo porcentaje en la obra privada, siempre que sea posible. Ahora bien, este porcentaje no está exento de polémica por cuanto que la actual producción de árido reciclado no llegaría a cubrir ese mínimo porcentaje propuesto, ni siquiera para sólo la obra pública.

Son muchas las medidas que están trabajando para fomentar y desarrollar el sector desde las distintas comunidades autónomas. Estas medidas se contemplan en las últimas legislaciones autonómicas en materia de economía circular. La Ley 5/2022 de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, que prevé medidas para fomentar el incremento de material reciclado en obra, enfocándose en mejorar la trazabilidad en el uso de material de construcción por cuanto que prevé que se adopte el pasaporte digital de materiales del edificio, modelos de información de la construcción BIM, así como una guía verde de medidas ambientales en la contratación pública de materiales. La Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía, conocida como LECA, que prevé la agilización administrativa de determinadas autorizaciones: almacenamiento temporal de RCD, reutilización de material de excavaciones, uso de RCD valorizado para relleno o restauración de terrenos afectados por actividades mineras.

Destacar también la futura Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, actualmente en tramitación en la Asamblea de Madrid y cuya aprobación se espera en primavera de este año. Se regula la cadena de valor prioritaria de la construcción, edificación e infraestructuras, en su artículo 21. Se prevé que la Comunidad de Madrid promueva las soluciones constructivas respetuosas con el medio ambiente, la eficiencia energética y el ahorro energético (passivhouse), el uso de materia prima secundaria y material reciclado en obras, sistemas constructivos prefabricados, construcción en fábrica o en seco pues genera menos residuo, la inclusión de criterios de eficiencia de agua, recursos y materiales en proyectos de urbanización, obras y edificación, demolición selectiva y clasificación por fracciones en el lugar de origen del residuo.

También prevé que la Dirección General de Economía Circular diseñe procedimientos para agilizar la tramitación de autorizaciones respecto al almacenamiento de tierras limpias, operaciones de acondicionamiento y restauración de tierras afectadas por actuaciones mineras, así como un sistema de información que permita la trazabilidad de los RCD y de los residuos que hayan obtenido la condición de fin de residuo, con el fin de favorecer el uso de material reciclado.

En definitiva, aunque sí son muchas y numerosos las medidas que se prevén en la normativa autonómica para fomentar el sector, lo que de verdad será determinante en última instancia es que se trabaje en paralelo con el ministerio para buscar así una necesaria armonización que genere mayor certeza y seguridad jurídica a los operadores económicos en todo el territorio de España.