El sector de los áridos de Tenerife alza su voz en defensa de sus derechos en el Barranco de Güímar

La industria extractiva de los áridos no puede permanecer impasible ante la futura situación que se postula en relación al planeamiento del barranco de Güímar, una vez que ha tenido lugar el pleno del Cabildo del pasado 25 de marzo en el que se trató este tema, por lo que los empresarios han decidido lanzar esta declaración de principios. Recientemente la Industria Europea de los Áridos, reconocida en el ámbito de la UE como un sector que contribuye positivamente a la conservación y desarrollo de la biodiversidad, representada por la UEPG (Asociación Europea de Productores de Áridos), que participa en la Iniciativa de Materias Primas de la Comisión Europea, ha presentado un análisis detallado, desarrollado por el informe de la Universidad de Leoben titulado “Políticas de planificación del suelo y procedimientos normativos para asegurar el suministro sostenible de áridos en Europa”, que demuestra que el suministro económico y sostenible de áridos está directamente relacionado con el crecimiento económico de un país, de una autonomía o de una zona concreta.

No es ajeno a la realidad actual que el sector de los áridos se ha visto muy afectado por la actual crisis económica y, que reanudar el crecimiento europeo de un sector que genera más de 300.000 puestos de trabajo, de los cuales – según la última Estadística Minera de España publicada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – un total de 70.000 corresponden a España (es el primer sector minero en cuanto a empleo generado), pasa por garantizar un acceso adecuado a los yacimientos mineros.

Obtener el acceso a estos recursos se está convirtiendo, de un tiempo a esta parte, en un verdadero problema debido al aumento de la competencia en el uso del suelo; a la carencia de planificación minera; a una predisposición negativa respecto a las actividades extractivas; a una excesiva burocratización de los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias, que han devenido poco ágiles y muy propensos a la duplicidad de trámites, y muy a menudo a restricciones inadecuadas, principalmente ambientales, olvidando que muchas explotaciones de áridos activas y restauradas han sido declaradas como área Natura 2000, demostrando así la compatibilidad de las actividades extractivas con la protección del medio ambiente.

En lo que concierne al consumo de áridos en Tenerife, éste llegó a ser del orden de 4,2 millones de toneladas en el año 2009, que casi en su totalidad, fueron suministradas por las canteras situadas en la zona del Barranco de Güímar. No existiendo en la Isla otra zona comparable ni posible dentro del actual Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT), se ha venido pretendiendo, en virtud de los múltiples planes, decretos, ordenanzas, acuerdos, decisiones y un largo etcétera, de los distintos representantes municipales de Güímar, una situación en torno a las canteras de áridos existentes en el Barranco, cuya actividad data de años, de muy difícil solución, y que tiene como próximo paso llevar al pleno del Cabildo, previsto para el día 25 de marzo, una propuesta para la modificación de las determinaciones del PIOT en torno a los recursos existentes en el Valle de Güímar, cambiando la clasificación y uso de los suelos afectados por el mismo.

Parecen olvidar las administraciones y estamentos públicos con tal propuesta que los áridos naturales sólo pueden ser extraídos de canteras y graveras donde se encuentran los yacimientos geológicos adecuados, y deben ser producidos cerca de los lugares donde serán utilizados, lo que no sólo se traduce en la creación y mantenimiento de una actividad económica industrial en la zona, con la consiguiente generación de empleo, sino en una importante reducción de emisiones de CO2 al minimizarse las distancias de transporte y, los consiguientes atascos de tráfico, traduciéndose en un ahorro energético en línea con la actual política marcada por Europa y los actuales acontecimientos mundiales.

Modificar la calificación y uso de un suelo sobre el que existen derechos consolidados no sólo ha de hacerse respetando los trámites y la ley vigente, a la que se encuentran sometidos los poderes públicos – y el personal actuante en su nombre – bajo pena de incurrir en responsabilidad, sino que también habrán de considerarse otros factores importantes: cuantía de las correspondientes indemnizaciones que por ley se devengarían para los titulares de tales industrias por la privación del legítimo ejercicio de una actividad expresamente autorizada y reconocida por las propias Administraciones Públicas, y, sobre todo, los costes que para la ciudadanía conllevaría tener que importar de otras zonas (ya en la misma isla, de otras islas o ya, incluso, de la península), una cantidad equivalente de áridos a la que se dejaría de generar en Güímar, para poder atender la demanda de una población que precisa construir colegios y mantener los existentes en adecuado estado para los alumnos, nuevas viviendas o la rehabilitación de las mismas, para poder garantizar en todo momento el buen mantenimiento de los edificios públicos, la casa consistorial, la nueva piscina, etc.

Costes que no sólo tienen un efecto claro y directo en el precio a pagar por el producto, sino que engloba la pérdida de empleo directo e indirecto que supondrá para el Barranco crear esa dependencia externa, la necesidad de mantener costosas infraestructuras para el transporte, la incidencia en la circulación de vehículos – no sólo afectante al incremento del número de vehículos, sino al ruido y polvo que generaría desplazar el material desde un punto tan lejano –, un mayor gasto energético, un deterioro medioambiental incontrolado e innecesario…, y ello sin contar que, para poder cumplir lo ajustado de los actuales presupuestos para las obras que actualmente se manejan , obtener árido de fuentes distintas al propio Güímar, lejos de convertirse en una actividad controlada y “trasladada a otras zonas de la Isla”, pudiera favorecer la proliferación en la misma zona del Barranco de explotaciones ilegales, principalmente, plantas machacadoras, que careciendo de toda autorización, control y sin cumplir los requisitos técnicos mínimos establecidos en la legislación vigente, vendrían a enriquecerse injustamente del aprovechamiento de un recurso que, conforme a la Ley de Minas, es de dominio público, sin abonar contraprestación alguna a la sociedad.

Estas explotaciones ilegales, cuyo número en la Isla se ha incrementado debido a la crisis económica, constituyen un auténtico “caballo de batalla” en la lucha de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos-ANEFA-, en la que está integrada la Asociación de Fabricantes de Áridos (AFA) de Canarias, para erradicar dichas actuaciones fraudulentas e ilegales que se desarrollan careciendo de todo tipo de autorizaciones y permisos de las Administraciones Públicas, sin depositar el obligado aval de restauración, seguros de responsabilidad, etc., y cuyos beneficios son abstraídos a la obligada contribución a la hacienda pública, hecho que se traduce en una mayor carga fiscal que tienen que soportar el resto de los contribuyentes legales. Por ello, las explotaciones ilegales no sólo perjudican al sector y al Medio Ambiente, sino también a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto.

La trascendencia de la situación actual y que, al parecer, se nos avecina, debiera hacer reflexionar a los gobernantes y sus técnicos, de las importantes consecuencias que pueden derivarse de una decisión poco acertada en relación a un material tan próximo y necesario para la vida y el desarrollo del ser humano, pues no puede olvidarse que los áridos son la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua (cada español consume unos 10.000 kilogramos anuales, esto es, cerca de 30 kilogramos diarios), y cuyo uso versátil, con aplicaciones no sólo en construcción de infraestructuras y edificación (que en 2007 representaba el 18 % del PIB nacional), sino en industrias básicas y esenciales para la economía nacional (siderurgia, cerámica y vidrio, industria papelera, pintura y detergentes, industria farmacéutica, agricultura, alimentación, cosmética, etc.), así como múltiples usos medioambientales (tratamiento de aguas, de residuos, de suelos y de gases de combustión, producción de energía eléctrica, construcción de vertederos), lo convierten en un sector estratégico de la economía canaria y, en suma, española.