Carbunión en desacuerdo con el informe de la CNE

Industria tiene previsto analizar el informe emitido hace unos días por la Comisión Nacional de la Energía sobre el borrador de real decreto que garantiza el consumo de carbón autóctono y plasmará en el texto definitivo las recomendaciones del mismo que «parezcan interesantes y asumibles», pero sin introducir grandes cambios. Según informa Europa Press, técnicos del departamento dirigido por el secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín, estudian desde el documento que les remitió la CNE y en una primera impresión consideran que el mismo no plantea objeciones radicales al borrador de real decreto de restricciones por garantía de suministro, por lo que su redacción final, que será aprobada, «no cambiará sustancialmente».
La CNE indica en su informe, entre otras cosas, que serían necesarios el cierre de las minas a cielo abierto y la paralización de su producción (actualmente 3,6 millones de toneladas, aproximadamente el 35% de la producción total de carbón de nuestro país), para que, así, la energía generada en España con carbón autóctono pase de los 27 megavatios año que fija este real decreto a 14 Mw/año. Además, el organismo regulador mantiene que el coste de la entrada en vigor de este real decreto, que según la CNE supondrá indefectiblemente una subida de la tarifa, se cargue en la misma mediante una tasa regulada, «para que esos costes no recaigan en los comercializadores» (las empresas eléctricas).
Por su parte, el presidente de Carbunión, Victorino Alonso, valoró "positivamente" el borrador del Real Decreto para incentivar el uso del carbón nacional y acusó a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de "falta de independencia" por defender a las compañías eléctricas.
"Las propuestas de la CNE supondrían paralizar el sector del carbón", que cuenta con 50.000 empleos, apuntó Alonso sobre el informe del organismo regulador al Real Decreto hecho público ayer, que consideró "coincide milimétricamente con los planes" de las eléctricas sobre el gas y destacó la estrategia de negocio de Gas Natural.
Por ello, Alonso lanzó "un llamamiento a la CNE para que conozca el sector del carbón y haga propuestas razonables" y evite "defender intereses particulares" de las empresas.
En este sentido, el presidente de la patronal del carbón apuntó que la "campaña de demonización" de esta materia prima por parte del sector eléctrico "deriva de la bajada de la demanda de energía de cerca del 12% y la necesidad de quemar el gas que ya tienen comprado". "Hasta que no vendan el gas que tienen contratado querrán ocupar el 6% del mercado eléctrico que tiene el carbón", denunció Alonso.
El presidente de la patronal del carbón también acusó a las eléctricas de "incumplir" los contratos firmados con las empresas españolas de carbón debido a su aumento de precio frente a las extranjeras.
Carbunión ha demandado a las eléctricas ante los tribunales por estos incumplimientos de contratos, aunque estos procesos judiciales podrían tardar cerca de siete años en resolverse, por lo que Alonso se mostró a favor de la solución dada por el Gobierno para el sector del carbón mediante la compra de esta materia prima por valor de 110 millones de euros a través de Hunosa.
En este sentido, el presidente de Carbunión acusó a las eléctricas de posibles influencias en el aumento de los precios y declaró que estas prácticas "deberían ser investigadas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)", en referencia a los recientes registros practicados por la CNC en la sede de Unesa.
Alonso explicó que el cambio de titularidad de Endesa, con Enel como único accionista de referencia, así como la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, han provocado un cambio de estrategia en el sector eléctrico con medidas "a corto plazo que responden a necesidades económicas inmediatas".
Por ello, Alonso pidió al Gobierno que apueste por mantener el sector del carbón como "reserva estratégica", seguir con una producción de 10.000 toneladas por año, y plantear un futuro estable para el sector en el futuro Plan de Minería 2012-2018, que se negociará a finales de 2010.