El futuro de la mina de Aguablanca, en manos del gobierno central
La explotación comparte territorio entre las comunidades de Andalucía y Extremadura y hay más de 400 empleos en riesgo
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acudió ayer al encierro que mantienen los mineros de Aguablanca, en la localidad de Monesterio, en la provincia de Badajoz, para defender la continuidad de la mina, junto con el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también socialista. Ambos reclamaron al Gobierno central que impida el cierre de la mina ya que el yacimiento, al estar en un 60% en territorio andaluz y el 40% en zona extremeña, es competencia del Gobierno central, que es quien otorga los permisos.
La empresa explotadora, Lundin Mining (Río Narcea) ha presentado una solicitud para ampliar los permisos de investigación en el yacimiento y llevar a cabo una excavación subterránea, pues se trata de una mina a cielo abierto. Al no obtener respuesta del Gobierno central, en funciones actualmente, ha planteado el cierre de la explotación.
Por ello, la presidenta andaluza reclamó al Ejecutivo central que se «implique al máximo» en resolver el problema. Por la tarde estaba prevista una reunión de la dirección de la empresa en Madrid con el secretario de Estado de Energía en funciones, Álvaro Nadal, y con los consejeros andaluz de Empleo, José Sánchez Maldonado, y el extremeño de Economía José Luis Navarro.
Los representantes de la empresa, el responsable de operaciones de Lundin Mining, Peter Quinn, y el consejero delegado de Río Narcea, Luis Merino, empresa esta última que explota la mina y que pertenece a la compañía canadiense, dijeron que en un plazo de 48 horas darán una respuesta a las administraciones. En principio, barajan como opción más probable la venta de la concesión. Sánchez Maldonado se mostró a favor de que los despidos no se hagan efectivos hasta julio, para ganar tiempo de cara a una nueva empresa que explote la mina.
El cierre de la mina afectaría de forma directa a más de 400 trabajadores, un 30% de ellos andaluces y pertenecientes a los municipios de El Real de la Jara (Sevilla), Cala y Santa Olalla del Cala (ambos en Huelva). A ellos la presidenta dijo que «merecen una oportunidad trabajando en su tierra, donde hay un subsuelo rico».
La presidenta reclamó a la empresa que responsabilidad social y mostró sus dudas de que si mina de Aguablanca era rentable en agosto ahora no lo sea, porque «no ha bajado el níquel de forma tan desmesurada como para que digan que no hay oportunidades de negocio».
«No es justificable que una empresa de la noche a la mañana diga que se marche y deje a una comarca llena de incertidumbre y de desasosiego», manifestó Díaz, tras reunirse junto a Fernández Vara, con trabajadores, sindicatos y el alcalde de la localidad. «La empresa, que ha hecho negocio, no puede arbitrariamente un día coger la puerta y marcharse, rompiendo los sueños y las esperanzas de familias en comarcas que necesitan una oportunidad», añadió. (Fuente: Diario Sur)
