“¿Por qué no existe una normativa específica de casas industrializadas?”

La Construcción Industrializada (C.I.), desde los años 70, se ha ido desarrollando en paralelo a la convencional, a pesar de que tenía que acatar las normas adaptadas a ésta. Este hecho provocaba, y sigue provocando, que fabricantes, técnicos, clientes y la sociedad en general no puedan disfrutar de las ventajas que un nuevo marco legal, especifico para la C.I. podría aportarles. A continuación entrevistamos a Manuel Muelas Peña, presidente de la Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de Madera de España (AFCCM), quien insiste en la necesidad de disponer de una normativa específica para la construcción industrializada.

En general, las que se derivan de la diferencia entre construir y fabricar: Más rapidez en la producción y disponibilidad de la vivienda; precios y plazos de entrega cerrados; garantía real del fabricante ante cualquier defecto; óptima calidad de acabados gracias a las mejores condiciones de trabajo de las fábricas, la mayor especialización de la mano de obra, un control de calidad más efectivo, etc.

Además, la relación directa entre el cliente, autopromotor de su propia vivienda, y el fabricante o sus representantes. El fabricante aporta y responde del trabajo de todos los técnicos que han intervenido en el proyecto de la vivienda, en la fabricación, en el proyecto de obra para su instalación en la parcela, el transporte, el montaje en parcela, la conexión de la vivienda a las redes de saneamiento, agua y electricidad, etc. Todos los costes que estos trabajos representan están incluidos en el precio de la vivienda. El autopromotor sólo debe soportar el precio de la vivienda y el coste de las licencias municipales que correspondan a la instalación en parcela.

La construcción industrial genera un beneficio social y ahorro para la colectividad. Además, contamina menos. Las empresas fabricantes están innovando para obtener viviendas con el máximo del ahorro energético, a un coste asumible.

Gravísimamente, como a otros muchos sectores económicos. La circunstancia de que los Bancos nieguen el crédito a quienes lo piden para comprar una casa fabricada, mientras ellos mismos ofrecen viviendas a precios bajísimos y con financiaciones de hasta el 100%, al menos actualmente, significa una competencia que creemos que podría calificarse como mínimo de competencia desequilibrada contra la que no se puede luchar. Si a eso añadimos que en algunas oficinas bancarias procuran disuadir a quienes no necesitan crédito para comprar una vivienda de C.I. recomendándoles que no gasten su dinero para que lo mantengan en sus Bancos con remuneraciones del 1 ó el 2% hasta que se supere la crisis, queda configurada una situación de bloqueo comercial absoluto, a la que hay que sumar la indefensión que supone el no poder poner en valor las ventajas y oportunidades de la C.I. por no contar con el reconocimiento normativo preciso para el ejercicio de cualquier actividad económica y que nosotros estamos pidiendo desde 1994.

Es cierto que cuando se empezó a fabricar este tipo de viviendas hubo cierto intrusismo que generó una mala imagen de estas casas. Cuando se creó nuestra Asociación, lo primero que hicimos fue poner como condición necesaria para ser admitidos en ella superar una auditoría técnica realizada por AITIM (Asociación de Investigación Técnica de la Madera). Esta medida ha contribuido muy favorablemente a mejorar la imagen de nuestros productos, y son muchos miles de personas las que viven en este tipo de viviendas y confirman sus ventajas.

Hace unos años, desde Europa, a iniciativa de Austria, se intentó impulsar la construcción con madera a través de un proyecto al que se sumaron varias Comunidades Autónomas entre las que hubo una especie de pugna por ser la que más destacase en su apoyo. La de Castilla y León presumía de que era la que más lo hacía. Este proyecto no tuvo éxito, porque se cayó en el error de centrar toda la atención en elaborar unas normas técnicas tan complejas que tardaron mucho tiempo en hacerse y en mi opinión hicieron languidecer o morir el proyecto. Cuando en la presentación del proyecto se planteó la cuestión de cómo impulsar la construcción con madera, nosotros opinamos que quizás la mejor manera era eliminando los inconvenientes y el trato discriminatorio que en muchos municipios se daban a estas casas, por ignorancia u otras razones desconocidas.

Estoy seguro de que a partir de que se normalice en España el mercado de viviendas convencionales y se regule debidamente la C.I., el crecimiento de nuestra actividad será espectacular porque está lleno de ventajas socioeconómicas, medioambientales, urbanísticas, etc. Es una verdadera pena que la indiferencia de las distintas administraciones públicas por regular con objetividad la C.I. desde hace muchos años, haya hecho que desaparezcan muchas empresas que se dedicaban a ella y se esforzaron por implantar en España una actividad que funciona con absoluta normalidad en los países más avanzados del mundo. Como estímulo y referencia para valorar cual podría ser el futuro en España de la C.I. transcribo a continuación algunos datos que dan idea de la importancia que tenía la industria de fabricación de viviendas modulares en Estados Unidos en 1995. y que proporcionalmente podrían servir como orientación para España:

En 1995, las 25 primeras empresas de Estados Unidos fabricaron 294.583 viviendas y en 1996, entre 98 empresas fabricaron 363.411 en 313 fábricas. Los costes de una casa fabricada son menos de la mitad que los de una casa construida en parcela.

En aquella época existían unas 55.000 urbanizaciones destinadas a la instalación de casas fabricadas con una capacidad media en número de parcelas que va desde 3 hasta 1.000. El 85% de las urbanizaciones son de hasta 100 parcelas y el 15 % restante superan ese número.

En ese año vivían 18 millones norteamericanos en 7,3 millones de casa fabricadas. Todas las casas fabricadas se hacen bajo las normas del código federal HUD, que en 1996 celebró su 20 aniversario.

Durante 1996, 1 de cada 3 viviendas unifamiliares vendidas fueron casa fabricadas. De ellas, el 66% se instalaron sobre propiedades privadas.

El precio medio de venta en 1995 fue de 36.300 $ por casa fabricada. Para las de 1 módulo la media fue de 26.700 $ y para las de 2 ó más, de 45.900 $

En 1995, el impacto económico derivado de la fabricación de viviendas fue de 28.300 millones de $. Las ventas representaron 13.800 millones de $, lo que pone de relieve que el efecto multiplicador que produce esta actividad dentro de la economía supera el índice 2 (28.300/13.800).

Las tendencias que contemplaba el sector fabricante de viviendas entonces era éste: 1) Incremento del número de puestos de trabajo en el sureste y suroeste del país. 2) Aumento de los movimientos de población hacia las áreas suburbanas o rurales. 3) Continuar mejorando la calidad de fabricación y estética. 4) Aumentar los ahorros de costes frente a los de la construcción en parcela. 5) Mejores condiciones de financiación a largo plazo.

A la vista de estos datos, ¿no es una pena que también en esta actividad hayamos perdido el tren de la innovación?

Para fabricarlas no, pero para instalarlas los mismos que si se construyeran en la propia parcela. El absurdo ha llegado a producirse cuando para instalar una C.I. en una parcela ha tenido que solicitarse y pagar una licencia municipal de obra como si se fuese a construir allí mismo, y más tarde, para trasladar esa misma C.I. a otro nuevo emplazamiento, ha habido que solicitar y pagar una licencia de demolición como si se fuese a demoler, pero sin demoler nada, y solicitar y pagar otra nueva licencia de construcción para poderla instalar en el nuevo emplazamiento. Este caso fue expuesto por uno de los asistentes, el pasado día 21 de marzo, a un encuentro organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid para tratar sobre construccion industrializada de viviendas eficientes y, aunque a todos los asistentes les sorprendió, a nadie le extrañó, lo que en mi opinión deja clara la urgencia de acabar con situaciones como ésta, que no tienen justificación y atentan contra la racionalidad y el sentido común.

En Estados Unidos, la C.I. se divide en tres ramas distintas: Casas Fabricadas (Manufactured Homes, HUD Code); Edificación Prefabricada (Prefabricated Buildings), y Edificación Modular Industrializada (Industrialized Modular Buildings).

El organismo federal IBC (Industrialized Building Commision) regula para toda la nación la manera de construir industrialmente (www.interstateibc.org) y su finalidad es “apoyar el desarrollo de los sistemas productivos, la innovación, el abaratamiento y la competitividad internacional de la industria de la fabricación como sistema constructivo en los Estados Unidos, a través de unos códigos, procedimientos y reglamentación única para todos los estados que componen el país, evitando, de este modo, la duplicidad de los procesos de supervisión, inspecciones y honorarios, pero asegurando la calidad, durabilidad y seguridad de las construcciones hechas mediante sistema de fabricación”.

En la Unión Europea la mayoría de las empresas estamos pendientes de conseguir el marcado CE, que es obligatorio desde el día 1 de julio, y ver el efecto que produce dentro de España, sobre todo la valoración que hacen de él los ayuntamientos. Por ahora todo sigue igual a lo hasta aquí descrito.