"Intentamos que la sostenibilidad ambiental del regadío cale en la sociedad, aunque no nos lo pone nada fácil las posturas del ecologismo más radical y de algunos sectores de la Administración que intentan demonizar nuestra actividad"

Entrevistamos al que también es presidente del Sindicato Central del Embalse de Los Barrios de Luna, organizador junto a Fenacore del XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes celebrado este año en León.

Ángel González Quintanilla, presidente de Ferduero y del Sindicato Central de Los Barrios de Luna.

Desde los órganos directivos de las CCRR y las asociaciones que las aglutinan, como es el caso de Ferduero y el Sindicato Central de Barrios de Luna, estamos muy concienciados con estos temas y abogamos porque los agricultores regantes vayan en la misma línea. La apuesta por la modernización, la fertirrigación y los códigos de buenas prácticas agrarias son buena prueba de ello. Intentamos que la sostenibilidad ambiental del regadío cale en la sociedad, aunque no nos lo pone nada fácil las posturas del ecologismo más radical y de algunos sectores de la Administración que intentan demonizar nuestra actividad.

Es preocupante el hecho en sí de tener zonas declaradas vulnerables dentro de nuestra Comunidad, pero se achaca de forma reiterada a la actividad de regadío como una de las fuentes principales de la contaminación difusa, basándose en los supuestos aportes de fertilizantes y fitosanitarios que pasan a las aguas superficiales y subterráneas por la acción del riego.

Es difícil demostrar cuanto influye la agricultura, y en nuestro caso el regadío, en la generación de dicha contaminación y cuanto otros factores como podrían ser las depuradoras que vierten directamente en los cauces, por lo que sería necesario elaborar un mapa con la localización de las zonas afectadas por fuentes de contaminación difusa y separar el origen del nitrógeno.

Si realmente queremos atajar el problema deberemos diferenciar las procedencias y localizar todas las zonas y puntos conocidos de contaminación para aplicar sobre ellos las mejores técnicas disponibles de control y mejora, tal y como ya se está haciendo en el caso de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en agricultura a través, por ejemplo, de la dosificación variable y localizada.

Los caudales ecológicos tienen que fijarse atendiendo a todas las sensibilidades presentes no solamente fijándose en los problemas de tipo medioambiental, ni pensando en una situación idílica, ya que eso solamente sería un planteamiento hipotético y no realista. Por ello tenemos que partir de los siguientes supuestos:

• La cantidad de agua almacenada con la que contamos.
• Los usos legalmente constituidos con sus concesiones.
• Las necesidades ecológicas del río.

Por lo que es totalmente necesario que para definir y fijar estos caudales se mantenga abierto el proceso de concertación entre los sectores implicados, de tal forma que los intereses de los mismos converjan y salgan lo menos perjudicados que sea posible (sobre todo en aquellos sistemas que ya son, de por sí, deficitarios).

Dentro de este proceso de concertación se hace necesario contemplar que mantener los ríos y establecer caudales ecológicos no es gratis, pues estos deben considerarse de la misma manera que el resto de los usos, ya que no parece justo que sean estos últimos los que corran con todos los costes. Si al final se les termina ubicando en el orden de prelación (aunque se les disfrace de simple restricción de los demás usos), se les debe aplicar la misma ordenación a la hora de valorar gastos, por lo que si el caudal ecológico implica restricciones de caudal en las explotaciones que tienen legalmente asignadas sus concesiones, esto debe indemnizarse y valorarse las pérdidas económicas producidas por tal restricción.

En principio y a pesar de las amenazas constantes de incrementar los costes a los usuarios del regadío, mediante la modificación del régimen económico financiero de la Ley de Aguas incorporando la recuperación de los costes ambientales, no parece que esto vaya a producirse a corto plazo. Creemos que recuperamos lo que debemos recuperar, porque debe contemplarse la excepcionalidad del artículo 9 de la DMA, sobre tener en cuenta las condiciones climáticas, económicas y sociales de cada territorio. Si queremos aplicar café para todos, los agricultores de la cuenca del Duero saldríamos claramente perjudicados. No obstante, debemos permanecer vigilantes ante cualquier modificación legal que se pueda poner en marcha.

La modernización de regadíos ha influido fundamentalmente en el desarrollo rural y regional, dinamizando el territorio. Contribuye de forma excepcional al flujo económico ya que genera una fuerte demanda de mano de obra y favorece los intercambios comerciales de productos e insumos.

Con la introducción de nuevas tecnologías se ha favorecido la optimización de recursos y la mejora en la toma de decisiones gracias a la información o datos obtenidos a través de las mismas.

Una vez puesta en marcha la revolución que supone la modernización de todas las infraestructuras de riego, podemos considerar que todas las tecnologías incorporadas, combinadas e implementadas en la toma de decisiones, han contribuido a optimizar la eficacia a la hora de aportar agua de riego, con el consiguiente ahorro, mejorando de forma sustancial la calidad de vida del regante.

La subida de las tarifas eléctricas no ha hecho más que perjudicar el sector del regadío, ya que las modificaciones han provocado un gran incremento de coste.

Por un lado, en relación a la potencia contratada, como consecuencia directa de la modificación de la distribución de períodos (P1, P2, P3, P4, P5, P6) a lo largo de los distintos meses del año, resaltando las modificaciones en junio, julio y agosto como las más perjudiciales para nuestro sistema de funcionamiento, dado que estos son meses claves en los cultivos en cuanto a riego se refiere.

Por otro, esta modificación ha supuesto un incremento de más del 40 % en coste de término de potencia con respecto a la situación anterior, hecho que sitúa al regadío en una línea de rentabilidad comprometida. La potencia contratada, al no existir la posibilidad de dos modificaciones de potencia en el año, tenemos que pagarla durante los 12 meses y, sin embargo, solo usarla de 7 a 8 meses en el mejor de los casos.

La propuesta de ‘excepción Ibérica’ trata de corregir el desfase que provoca la naturaleza del mercado marginalista sin alterar las reglas que rigen el funcionamiento del mercado eléctrico europeo. En el diseño marginalista del mercado eléctrico, el precio de la electricidad lo fija la última unidad de generación necesaria para abastecer la demanda. Los ciclos combinados de gas (CCG) son los que con mayor frecuencia actúan como tecnología marginal y, por tanto, los que suelen fijar el precio de toda la electricidad negociada durante esa hora.

A un 67 % de nuestro mix eléctrico no le afecta la subida de las materias primas energéticas y de las emisiones de CO₂. Sin embargo, el funcionamiento marginalista de nuestro mercado provoca que el precio de toda la energía que consumimos se haya incrementado por la subida del gas. Dicha medida no interfiere en el proceso de casación y la determinación del precio en el mercado diario (POOL), que seguirá realizándose conforme a las reglas vigentes.

Por tanto, el precio diario de electricidad será el resultado de casación de las ofertas de las distintas tecnologías. No obstante, el mecanismo de ajuste, reduce notablemente el impacto de los mercados de gas sobre el mercado español al introducir el 'precio de referencia del gas para la generación eléctrica'. Este mecanismo de ajuste, además de afectar a la formación del precio del mercado diario (POOL), también será de aplicación en los mercados intradiarios y servicios de ajuste del sistema, como las restricciones. La medida se aplicará a los suministros que actualmente tengan un contrato indexado al mercado mayorista de electricidad (POOL).

Según estudios realizados por distintas empresas del sector, como puede ser el Grupo ASE, se estima que el tope del gas reducirá el precio eléctrico un 20 % y que rondará los 152 €/MWh.

Sin lugar a duda, las CCRR agrupadas en sindicatos o Juntas Centrales de Usuarios de cada Sistema de Explotación aportarían una gestión más eficiente en el uso del agua. Esta mejora sería como consecuencia directa de la cercanía y el día a día con la gestión del recurso, unido a la simplificación de interlocutores con la administración.