A excepción de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Las Organizaciones Profesionales Agrarias han expresado su malestar con el contenido del acuerdo alcanzado en Europa y que va a definir los criterios para percibir las ayudas de la Política Agraria Común entre los años 2023 y 2027.

Las reacciones de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) al contenido del acuerdo sobre la nueva PAC refrendado hoy en Luxemburgo por los ministros de Agricultura de la Unión Europea no se han hecho esperar. ASAJA, COAG y Unión de Uniones han coincidido en señalar que se trata de una PAC que va a perjudicar los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), por su parte, cree que la nueva PAC "abre posibilidades" a los pequeños y medianos agricultores españoles.

De izquierda a derecha: Julia Klöckner (Ministra Federal de Alimentación y Agricultura, Alemania), Janusz Wojciechowski (Comisario Europeo de Agricultura, Comisión Europea), Stefano Patuanelli (Ministro de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal de Italia), Luis Planas (Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España), Jože Podgorsek (Ministro de Agricultura, Bosques y Alimentación de Eslovenia), Julien Denormandie (Ministro de Agricultura y Alimentación de Francia) y Maria do Céu Antunes (Ministra de Agricultura de Portugal) tras el Consejo de ministros de Agricultura de la UE celebrado en Luxemburgo este lunes.

Aunque todavía hay que profundizar en los documentos que llegan de Bruselas, ASAJA de Castilla y León considera que ya hay suficientes indicios de que la PAC que llega "no será mejor que la que queda atrás". El resumen principal de ASAJA es “con números rojos, la agricultura no puede ser verde. Europa trata de hacer una política agraria de postureo, contentando a sectores hoy muy influyentes como el lobby ecologista, pero muchas veces pasando por alto la lógica productiva e incluso los datos científicos", advierten desde la OPA.

ASAJA CyL considera que los ecoesquemas, a los que se vinculará un 25% de las ayudas aunque los primeros dos años será de un 20% de forma transitoria, unido a la condicionalidad reforzada, "pueden complicar enormemente la labor a las explotaciones agrarias de Castilla y León, que parten de una situación de desventaja por las condiciones del territorio y tienen muy difícil modificar rotaciones de cultivos o reducir insumos, bajando su productividad. También supondrán un enorme escollo para producciones de regadío, como es el caso del maíz", denuncian.

El responsable de ASAJA en esta CC AA, Donaciano Dujo, subraya que “el sector español se lo juega todo a una carta, la del Plan Estratégico Nacional. Es fundamental que ministerio y comunidades peleen para adaptar la nueva PAC a un sector agrario y ganadero como es el español, competitivo y puntero, con vocación exportadora. No pueden dejar que se convierta en un jardín subvencionado y sin rentabilidad y que al final tengamos que depender aún más de importaciones a las que por cierto no exigen reciprocidad en las normas de producción”.

COAG, por su parte, considera que esta reforma de la PAC "no es justa ni social y acelerará el proceso de uberización del campo español y europeo". "El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del propio Ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa", ha apuntado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.

En el capítulo de ayudas, desde COAG "se observa con perplejidad el galimatías sin sentido en torno a la definición de agricultor genuino, que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. Se consolidaría un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias", consideran desde COAG que además ven demasiado elevado el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros).

Respecto a la arquitectura verde, los 28 han acordado destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados 'ecoesquemas', con una flexibilidad en su aplicación muy limitada. "Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla", ha subrayado el Secretario General de COAG, al tiempo que ha recordado que "para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas".

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos estima que el acuerdo conllevará una "pérdida de competitividad de las explotaciones y menores rentas para los agricultores y ganaderos". La organización valora que "la pérdida de competitividad derivada de los mayores estándares ambientales y de todo tipo a los que se condiciona la producción europea, sitúa a los agricultores y ganaderos en situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas, cuya competencia desleal se favorece desde la propia Unión Europea a través de tratado y acuerdos de libre comercio, sin respetar los principios de reciprocidad ni exigir a las mercancías importadas nuestras mismas normas".

Asimismo, en cuanto a las ayudas, Unión de Uniones prevé que se confirmará para España una reducción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027) de las ayudas directas, lo que significará "un recorte directo de unos 523 millones de euros entre 2021 y 2027, así como, adicionalmente, la reducción del 1,85% de estas ayudas para alimentar la reserva de crisis, la que ya no devolverá los fondos cuando no se utilicen (90 millones de euros anuales 2023 - 2027)". Del mismo esta OPA ha constatado que “las rentas de los profesionales del sector agrario deben venir, no de las ayudas, sino del mercado”.

Unión de Uniones señala, además, que en la vigente PAC los mecanismos de regulación del mercado han funcionado de manera muy deficiente en los casos de distorsiones de los mercados y que no han dado respuesta eficaz a las graves crisis que han sufrido, y aún sufren, muchos sectores. “En esto no se ha hecho ninguna reforma en profundidad, con lo que seguiremos tan indefensos como hasta ahora ante la volatilidad de los precios agrícolas”, afirman.

En contraposición a la opinión generalizada de las OPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que agrupa en España a los productores de carácter familiar y de pequeña y mediana dimensión, que suponen más del 85% del total de productores, se ha mostrado “esperanzada” con el principio de acuerdo.

UPA ha valorado especialmente la concreción de una ayuda redistributiva de como mínimo el 10% de los pagos para favorecer a los pequeños agricultores. También el establecimiento de un apoyo mínimo del 3% del presupuesto a los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años. Sobre los llamados ecoesquemas, UPA cree que, tal y como están planteados, "deben servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares frente a modelos superintensivos y de gran dimensión".

Para UPA, la nueva PAC "reforzará las medidas de gestión de mercados, una demanda histórica de UPA, que recoge el guante del sector al afrontar el mayor problema de los productores: la falta de precios justos provocada por el desequilibrio de la cadena alimentaria".

En todo caso UPA advierte que ahora queda por concretar la letra pequeña a nivel de Estado Miembro, "en especial con otra de nuestras reivindicaciones históricas: el techo de ayudas por explotación, que finalmente será opcional para los países pero que en España es más que necesario para acabar con los grandes perceptores terratenientes y abrir mejores posibilidades de futuro para la agricultura y la ganadería familiar".