El Ministerio insiste en la necesidad de incluir los costes de producción en los contratos del sector primario
Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación, abrió la ronda de comparecencias en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados con motivo de la incorporación a la normativa española de la Directiva 633/2019, de 17 de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. “Tenemos que introducir los costes de producción en la dinámica de la negociación contractual y profundizar en un cambio de mentalidad, para competir en valor y no sólo en precio”, explicó Miranda en su intervención.
Se trata de la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, puesto que el Gobierno ya reformó los aspectos más urgentes e inaplazables de la norma, como el establecimiento del precio en la negociación contractual a partir de los costes de producción, a través del Real Decreto Ley 5/2020, ratificado por la cámara baja mediante la Ley 8/2020, de 16 de diciembre.
Se trata de una modificación normativa que tiene por objeto un cambio de cultura en las relaciones comerciales, para que las cadenas sean auténticas cadenas creadoras de valor y, consiguientemente, todos los eslabones obtengan una remuneración equilibrada por su actividad. Con ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) desea incrementar la transparencia en la formación de precios, protegiendo al eslabón más débil –los agricultores y ganaderos-, consiguiendo un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria y eliminando las situaciones de desequilibrio en la negociación contractual.
Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, durante su intervención en el Congreso de los Diputados.
Esta nueva reforma va a introducir transformaciones en el ámbito de aplicación de la Ley que se ampliará tanto desde el punto de vista territorial, pues será de aplicación en toda la UE, como desde el punto de vista material, pues se extiende a todos los productos alimentarios, sean transformados o no. Asimismo, se incrementan los supuestos para la obligatoriedad del contrato, preceptivo para relaciones comerciales a partir de 2.500 euros, y se añaden nuevos conceptos a sus contenidos, como las penalizaciones o las excepciones. Además, se incluyen nuevas prácticas comerciales desleales que actualmente no recoge la normativa española y que, por tanto, van a suponer un avance capital en la lucha contra los elementos más distorsionadores de la cadena agroalimentaria, como la morosidad o los aplazamientos en los pagos o las cancelaciones de pedidos.
La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández Maroñas, también participó en esta Comisión, señalando que la escasez de contratos escritos es un problema importante dentro de las relaciones entre agricultores, industrias y supermercados. “Queda mucho por hacer. Muchas relaciones comerciales con obligación de contrato no lo tienen”, subrayó Hernández. La directora de AICA avanzó que, desde que se puso en marcha la ley hace siete años, se ha avanzado en la suscripción de contratos, pero no lo suficiente. En este sentido, de las infracciones detectadas desde 2014 entre los eslabones de la cadena alimentaria (productor, industria y distribución), al menos un 31% estaban relacionadas con la contratación y un 49% con el incumplimiento de los plazos de pago.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentó diez propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria para reforzar la eficacia de la misma y conseguir así un reparto justo y equitativo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones. La organización pide regular la venta a pérdidas, incluir al canal Horeca en el ámbito de la normativa, ampliar las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria, reconocer todos los costes de producción y no sólo de los efectivos, poner en marcha un registro oficial electrónico de contratos, reforzar el concepto de productos perecederos para su pago a treinta días, reforzar la figura de ‘mediador de la cadena’, aumentar la dotación económica y personal para la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), reforzar la coordinación con las comunidades autónomas y clarificar que los productos importados de países terceros se encuentran incluidos en la aplicación de todo el cuerpo de la Ley, no sólo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
