COAG prepara un programa de movilizaciones agrarias para 2020

El Pleno de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) decidió por unanimidad impulsar, a partir de enero de 2020, un proceso de movilización general agraria en unidad de acción ante la brutal crisis que padecen la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país. Además, desde esta organización se estudiará con el conjunto del sector la convocatoria un paro general en el campo. Este proceso se desarrollará una vez constituido el Gobierno con plenas funciones para tener un destinatario claro y directo de las reivindicaciones.

La caída generalizada de los precios en origen, y en consecuencias de las rentas de los agricultores, el permanente incremento de los costes de producción, la desregulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria, así como la 'uberización' progresiva del modelo social y profesional de agricultura, son razones fundamentales para la movilización.

Las macromagnitudes oficiales son más que elocuentes. En 2019, según los datos publicados por Eurostat, la renta agraria en España se ha desplomado un 8,6%, por la caída de valor de la producción de un 3% y el aumento de los costes de producción en un 3,6%. Estas cifras reflejan la presión a la que está sometidos los profesionales agrarios por ambos lado de la cadena. Por un lado, vía costes, unos fabricantes de insumos (fitosanitarios, fertilizantes, semillas, energía, etc..) que tienden a la composición de monopolios. Por el otro extremo, una distribución fuertemente concentrada: las seis primeras cadenas distribución concentran el 55% de la cuota de mercado en España.

La organización anuncia un "proceso de movilización general agraria en unidad de acción ante la brutal crisis que afecta al campo español".

La organización observa que este proceso de concentración también se está dando en la producción. Cita el último informe sobre la Caracterización del sector agrario en el Estado español, publicado por el MAPA, para subrayar que en España hay 1 millón de explotaciones agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción.

A todo ello habría que sumar las múltiples amenazas que se ciernen sobre el sector, caso del Brexit, el pleno desarrollo de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países (Mercosur, próximos Australia y Nueva Zelanda), las importaciones masivas sin control de estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y condiciones laborales y sociales, (caso de las frutas y hortalizas procedentes de Marruecos), la salvaje política arancelaria de la administración Trump, el desmantelamiento de los sistemas de regulación de mercados y del principio básico de preferencia comunitaria en el seno de la UE, así como la creciente ola de criminalización de la actividad agrícola y ganadera por parte de los movimientos fundamentalista del animalismo y de los grupos ecologistas más ultras y radicales.

“A nivel social, el sector agrario debe ser reconocido por su carácter estratégico como productor de alimentos de calidad, saludables y suficientes, vertebrador del territorio, garante de un medio natural sostenible frentre la cambio climático y freno más eficaz contra el acelerado proceso de despoblamiento de la España vaciada”, incidió el secretario general de COAG, Miguel Blanco, para quien “la consolidación de un modelo social y profesional de agricultura fuerte y con futuro, que garantice el relevo generacional, debe ser una cuestión de Estado y como tal tiene que estar en las prioridades de la agenda política de la nueva legislatura”.