El Gobierno español tiene que presentar antes del 31 de diciembre el plan estratégico nacional
MAPA y CC AA debaten la aplicación de la PAC en España
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros autonómicos negociarán esta semana el Plan Estratégico Nacional con el fin de buscar un acuerdo para aplicar en España la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), acordada por las instituciones de la Unión Europea (UE).
Luis Planas y los representantes autonómicos celebrarán el próximo miércoles día 14 una Conferencia Sectorial monográfica sobre la PAC con el objetivo de alcanzar un compromiso sobre el Plan Estratégico, que determinará el reparto de ayudas para los agricultores y ganaderos entre 2023 y 2027.
El Gobierno español tiene que presentar antes del 31 de diciembre el plan estratégico, una de las principales novedades de la nueva PAC y que otorga a los Estados miembros de la UE más margen para poner en práctica dicha política y distribuir las ayudas en sus territorios. España recibirá más de 47.000 millones de euros de la PAC entre 2023 y 2027, para unos 695.000 beneficiarios.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado un documento a las comunidades autónomas con propuestas para el plan estratégico, analizadas la semana pasada en una reunión técnica en Madrid, presidida por el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda.
Discrepancias entre Gobierno y comunidades autónomas
Entre los puntos que suscitan más desacuerdo, figuran la división de regiones, las primas asociadas (ligadas a la producción) o la aplicación de los eco-esquemas, herramienta de la nueva PAC por la que una parte de los fondos se destina a ayudas suplementarias para medidas medioambientales.
Agricultura pretende una clasificación para las ayudas basada en una división de 20 regiones agronómicas (frente a las actuales) y, además, definir como “agricultor activo” al que obtenga más del 25% de sus ingresos del campo y al menos 5.000 euros en subvenciones, según el documento de trabajo que han difundido algunas fuentes autonómicas y del sector.
Entre las voces más críticas destacan las de los Gobiernos y agricultores de Andalucía o de Murcia, y dentro de los grupos parlamentarios las del PP y Vox. Pero otras autonomías también divergen sobre las propuestas del Ministerio, en mayor o menor medida y plantean otras alternativas, mientras que las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica (País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria) han presentado una posición conjunta para estas negociaciones.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha manifestado su preocupación, por la definición que se conceda a la figura del agricultor genuino o profesional, y por los ecoesquemas. Ha reclamado un plan específico para el ovino y el caprino, "como lo va a haber para el olivar y ya lo hay para el vino". Carnero se ha mostrado convencido de que ninguna comunidad "va a dar un cheque en blanco" al Ministerio, y en esa línea se ha pronunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo.
La consejera andaluza ha pedido por su parte un acuerdo de la PAC con un plan estratégico nacional que refleje que “el 33% de los perceptores son los andaluces” y ha confiado en que la negociación del miércoles fructifique.
En esta discusión también está en juego la distribución de los fondos para desarrollo rural, programas cofinanciados por los Estados miembros que financian medidas distintas o complementarias para la agricultura. La nueva PAC entrará en vigor en 2023 y hasta entonces se aplica una reglamentación transitoria que garantiza la continuidad de los pagos a los agricultores.
La reforma se caracteriza por incentivar las prácticas con impacto beneficioso para el clima y el medio ambiente. Establece que los países destinen obligatoriamente el 25% de los pagos directos a los eco-esquemas (voluntarios para los productores), con un período de adaptación de dos años.
Otra novedad es el condicionamiento de la ayuda a las explotaciones al respeto de las normas laborales, voluntario desde 2023 y obligatorio desde 2025, con el fin de excluir de las subvenciones a las que cometan abusos. El 10% de los pagos directos irán a las explotaciones pequeñas y se fija un nivel mínimo obligatorio de apoyos para los jóvenes agricultores, que será del 3%.
