El ministro apoya que la definición de agricultor genuino tenga como referencia a la agricultura familiar y profesional

Más de 100 reuniones, desde febrero de 2019, han dado lugar a un informe de situación sobre la agricultura española y la PAC como nunca antes se había tenido afirman desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural extraordinaria en la que los consejeros de las comunidades autónomas debaten sobre la futura Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España.

Se analizaron los cinco aspectos fundamentales de una PAC que, en palabras del ministro en rueda de prensa previa a la reunión, “no es un fondo de compensación interterritorial, sino de ayuda para los agricultores y ganaderos. Que nadie piense que se trata de un reparto de sobres”.

La definición de “agricultor genuino” es uno de los elementos claves de la reforma, ya que “la agricultura familiar y profesional es el modelo de referencia de este gobierno”, ha señalado el ministro.

Existe un amplio grado de consenso, ha destacado, sobre el hecho de que se debe de tener en cuenta a aquellos agricultores para los que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos. No obstante, España es un país de agricultura profesional, pero no a tiempo completo, pues solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria.

El parámetro más adecuado para definir esta figura es el que se basa en el porcentaje de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, para lo que hay que ajusta la horquilla en la que deben situarse los primeros. En un tramo medio (20-30%) podría situarse la base del consenso.

Por su naturaleza, los pequeños agricultores, unos 300.000 agricultores y ganaderos, podrían quedar fuera de la definición de agricultor genuino. Sin embargo, su papel social y medioambiental es muy importante en zonas muy amplias del país. De ahí que el Ministerio considere necesario mantener un régimen específico para ellos.

Para Planas, en ocasiones es más importante la aportación medioambiental y social de estos agricultores que el valor económico de su actividad, razón por la cual hay que encontrar un modelo de gestión de esta, tan importante para el medio rural.

Sustituirá al denominado pago básico y a la condicionalidad verde y es el principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos. El ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual.

Luis Planas ha advertido de que la regionalización “no va ser un tema sencillo”. La CE exige reducir el número de regiones y avanzar en la convergencia interna.

Menos escollos se prevén para la eliminación de los derechos individuales, puesto que la mayoría de las comunidades aboga por su desaparición, que permitirá la incorporación de más jóvenes a la actividad agraria.

España está de acuerdo con el techo de 100.000 euros que establece el Marco Financiero Plurianual de la UE, pero modulando esta cantidad en función de los costes de mano de obra. El ministerio propone un descuento en esa cifra de unos 18.000 euros por trabajador y año para incentivar el empleo.

Luis Planas considera fundamental aplicar unos buenos ecoesquemas teniendo en cuenta las ventajas que la amplitud geográfica y variedad territorial que España presenta.

Serán voluntarios para agricultores y ganaderos, pero representan una buena oportunidad para alcanzar el objetivo de convertir en ecológica el 25% de la superficie agraria en 2030, uno de los objetivos de la estrategia 'De la granja a la mesa'.

Respecto al reciente acuerdo presupuestario del Consejo Europeo y sus implicaciones para la PAC, el ministro ha recalcado que es “un acuerdo histórico del que todos tenemos que estar orgullosos”.

Con un total de 47.682 millones de euros para aplicar la PAC en España en el periodo 2021-2027, son muy satisfactorios para nuestro país. “Las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas nos hicieron una petición: no bajar de 47.500 millones. Ese fue nuestro objetivo y lo hemos cumplido”, ha sentenciado.

El ministro propondrá a las comunidades un calendario de trabajo que contempla presentar un borrador informal del plan estratégico a la Comisión en el abril de 2021, de manera que el definitivo estará a mitad del próximo año y la aprobación final llegar a comienzos de 2022. Esto facilitaría al MAPA y a las comunidades iniciar los desarrollos legislativos y técnicos para aplicar la nueva PAC en 2023.

Ya en la Conferencia Sectorial de febrero se aprobó un calendario ambicioso sobre la elaboración del Plan Estratégico de la PAC y desde entonces se ha llevado a cabo el análisis de las necesidades del sector agroalimentario para cada uno de los 9 objetivos específicos de la PAC y el objetivo transversal.

En virtud de este trabajo, según el ministro, se ha alcanzado un nivel de información que nunca antes se había tenido en España y que la Comisión Europea (CE) ha elogiado en varias ocasiones. Todo, con la colaboración de las comunidades autónomas, de las organizaciones agrarias, las entidades medioambientalistas y otros agentes que han pedido participar.