Sin casos positivos a viruela en Castilla-La Mancha desde la inmovilización del ganado
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, compareció en las Cortes autonómicas para informar sobre las medidas adoptadas para frenar la expansión de la viruela ovina y caprino, y resumiendo como mensaje a los ganaderos y al conjunto de la sociedad “tranquilidad, cumplimiento de la norma y extremar la prudencia”. También recalcó que la viruela ovina no se transmite al ser humano y que la cabaña de ovino y caprino de Castilla-La Mancha afectada con un positivo hasta ahora es el 0,2% de “nuestras ovejas y cabras”, un sector muy importante en la región y que además tiene “futuro” como lo demuestra que casi 500 de los 4.000 jóvenes que se han incorporado a la ganadería desde 2016 lo han hecho en ovino y caprino.
El consejero realizó un repaso cronológico de las actuaciones llevadas a cabo por su departamento desde que el 15 de septiembre de 2022 se detectó viruela ovina y caprina en una explotación de la comarca de Baza (Granada) que tenía movimientos de animales con otra de Villaescusa de Haro (Cuenca). El primer positivo en Baza se declaró el 19 de septiembre, y se inmovilizaron los animales de la explotación de Villaescusa de Haro incluso antes de tener un primer sospechoso en esa granja, que apareció entre los días 23 y 26 del mismo mes de septiembre. En los días siguientes se inmovilizaron los animales de otra explotación sospechosa, incluso antes de recibir el resultado del Laboratorio de Algete, y a finales del mes noviembre llegaron las sospechas primero y los positivos después a instalaciones de Tébar y La Alberca de Záncara, también en la provincia de Cuenca. El 4 de febrero de este año una inspección veterinaria oficial detectó animales con síntomas compatibles con la viruela ovina y caprina en un cebadero de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Castilla-La Mancha tomó la decisión de inmovilizar toda su cabaña ganadera de ovino y caprino excepto en la provincia de Guadalajara. En este cebadero se ha sacrificado a sus 8.100 corderos.
En total, se han sacrificado 45.700 animales: 15.000 ovejas y 12.000 corderos en ocho explotaciones de Villaescusa de Haro, cuyos ganaderos han recibido 2,4 millones de euros de indemnización; 10.600 animales en cuatro granjas de Tébar y La Alberca de Záncara, pagando un millón de euros de indemnización; y 8.100 corderos en el cebadero de Alcázar de San Juan.
Desde la inmovilización total, se han remitido al Laboratorio Central de Algete muestras de 137 explotaciones “y ni una sola ha sido positiva”, recalcó Martínez Arroyo, quien defendió que el Gobierno regional ha actuado con responsabilidad, cumpliendo la norma (estatal y europea) y “pensando” en los ganaderos, y criticó a los grupos de la oposición que han querido “agrandar” el problema.
También subrayó que la comunidad autónoma ha actuado en todo momento “conforme a la norma” y tomando decisiones incluso antes de tener un primer positivo en la explotación, y afirmó que “sí fue una decisión política” inmovilizar la cabaña el mismo día 4, antes de recibir los resultados analíticos.
Además, en una segunda intervención, Martínez Arroyo reivindicó que el Gobierno regional ha aprobado una línea de ayudas de 22 millones de euros para los ganaderos de la comunidad autónoma, que como único trámite para recibirlas tienen que presentar que están al corriente de pagos con las administraciones públicas. Martínez Arroyo, que subrayó el carácter milenario de la ganadería y aseveró que el Ejecutivo autonómico no va a dejar que esta práctica “se apague”, destacó que las ayudas las adelanta el Gobierno de Castilla-La Mancha y que luego recibe el 50% procedente de fondos europeos y otro 25% del Gobierno de España.
