La UE debate sobre los derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad civil de la impresión 3D

La eurodiputada francesa Joëlle Bergeron expuso recientemente a la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo sus recomendaciones para el sector de la impresión 3D.

“La impresión en 3D plantea problemas legales, éticos, de salud y seguridad específicos”, aseguró Bergeron en su comparecencia, aunque centró estos “problemas” en solo dos focos: el derecho de propiedad intelectual y las cuestiones relativas a la responsabilidad civil.

En cuanto a la responsabilidad civil, la eurodiputada se centró en particular en el caso de los objetos defectuosos “o incluso peligrosos”, donde la multiplicidad de actores implicados en la cadena de producción “podría llevarnos a considerar nuevas disposiciones para cubrir e indemnizar a los consumidores lo mejor posible en caso de daño”. Del mismo modo, el informe contempla cuestiones de seguridad en casos como las piezas destinadas a automóviles, electrodomésticos o al sector de la aeronáutica. Caso aparte son los objetos destinados a la salud, como es el caso de prótesis y reproducción de órganos, que además plantean “verdaderas cuestiones éticas, como la igualdad de acceso a la atención sanitaria y que constituya un problema de salud”.

El segundo texto en el que se basa este informe se refiere al derecho de propiedad intelectual, que puede verse socavado por la impresión en 3D si este proceso no se enmarca adecuadamente. De hecho, la impresión en 3D puede facilitar los actos de falsificación, “no sólo por parte de los individuos que pueden beneficiarse de la excepción de la copia privada, sino también por parte de las redes organizadas que obtienen beneficios vendiendo productos falsificados. En este sentido, me parece esencial para evitar la falsificación que se desarrolle una oferta legal de impresión en 3D para que las personas que deseen imprimir una obra puedan hacerlo sin infringir la ley y garantizando una remuneración justa para el autor”, señaló Bergeron.

A pesar de estos problemas planteados, el informe reconoce los beneficios económicos y medioambientales de la fabricación aditiva, en especial el ahorro en los costes de producción y almacenamiento. Por ello, Joëlle Bergeron concluyó su intervención reconociendo que con este informe no se quiere “frenar la innovación a través del derecho, legislar siempre más y acumular legislación, sino de anticiparse y ver en qué medida habrá que adaptar o completar las normas existentes” y que su intención al presentarlo es “enmarcar, sin encorsetar legalmente, esta tecnología en plena evolución, que será beneficiosa a medio o largo plazo para nuestra sociedad y para la economía”.