Según estimaciones realizadas por KPMG, el volumen de ventas que podrían estar gestionando los operadores irregulares asciende a 26.000 millones de euros entre 2013 y 2022

El sector de la distribución de hidrocarburos lleva años denunciando las prácticas fraudulentas de algunos operadores. El Real Decreto-Ley 8/2023, de 27 de diciembre, reconoce en su exposición de motivos que “se han detectado crecientes prácticas fraudulentas”, lo que “está perjudicando al resto del sector y que, además, tiene un impacto directo en el consumidor por cuanto afecta al precio final de los carburantes”.

También ocurre con el incumplimiento de la cuota de Cores o del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de algunos operadores, que, reconoce “les da una ventaja competitiva frente al resto de operadores que sí cumplen con sus obligaciones, algo que pone de manifiesto la urgencia de acometer esta revisión normativa”.

Sin embargo, en lo referente a la prohibición de venta entre distribuidores, el Real Decreto-Ley 8/2023 no entra en vigor hasta el 28 de marzo, lo que ha provocado un “efecto llamada” que ha llevado a que cerca del 8% de las gasolineras vendan carburantes por debajo de precio de mercado.

Según estimaciones realizadas por KPMG, el volumen de ventas que podrían estar gestionando los operadores irregulares asciende a 26.000 millones de euros entre 2013 y 2022. Por su parte, en este mismo período, los importes defraudados o impagados detectados en materia de IVA ascenderían a 588 millones de euros.

Andreu Puñet, director general de AOP

Durante quince años, nuestra asociación ha venido denunciando el fraude en la distribución de carburantes en España. A lo largo de este tiempo, el problema ha ido en aumento, por lo que creemos que es el momento de tomar medidas urgentes. El recientemente aprobado Real Decreto-Ley 8/2023 es un paso en la buena dirección, pero no es suficiente.

El fraude en el sector de la distribución de carburantes opera de dos maneras. Por un lado, se lleva a cabo evadiendo el pago del IVA al extraer el carburante de un depósito de almacenamiento para su venta, dejando de ingresarlo cuando realizan las operaciones de venta subsiguientes, tal y como están obligados. Por otro lado, estas compañías incumplen otras normativas sectoriales, como la obligación de incorporar biocarburantes, lo que tiene graves consecuencias ambientales y afecta a los objetivos climáticos.

El fraude solo beneficia a los defraudadores, perjudicando a todos los ciudadanos mediante la disminución de los ingresos públicos y afectando a consumidores y empresas que cumplen con las normativas. Además, constituye un problema medioambiental que obstaculiza la transición energética.

Al mismo tiempo, desde la asociación colaboraremos estrechamente con el Gobierno y las autoridades pertinentes para encontrar soluciones efectivas que pongan fin a esta lacra del fraude en el sector de la distribución de carburantes. Creemos firmemente en la importancia de una cooperación activa entre el sector privado y el público para garantizar la integridad y transparencia en todas las operaciones, así como para promover un entorno empresarial justo y sostenible. Juntos, podemos trabajar hacia un futuro donde el marco regulatorio sea un pilar fundamental en la industria y la transición energética, en un entorno de competencia leal y sana.

El incumplimiento de las obligaciones  por parte de algunos actores del sector, “les da una ventaja competitiva frente al resto de operadores que sí cumplen con sus obligaciones, algo que pone de manifiesto la urgencia de acometer esta revisión normativa”.

Para evitar el fraude de IVA, lo que han implantado otros países como Italia es el pago anticipado del impuesto. De esta forma, se obliga a realizar el pago en el momento de la extracción de los carburantes del depósito de almacenamiento.

No obstante, para evitar que esta medida suponga un obstáculo a los operadores que sí cumplen la normativa, en Italia también se permite una exención del pago anticipado a los operadores que, o bien reúnan las condiciones de confiabilidad, o bien presenten una garantía a favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Aeat).

Aevecar, AOP, Appa biocarburantes, ATliq, Bio-E y UPI hemos emitido una nota de prensa conjunta en la que aplaudimos la incorporación de medidas orientadas a la lucha contra el fraude recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2023. No obstante, subrayamos que son necesarias más medidas para perseguirlo y erradicarlo, con el objetivo de garantizar la seguridad de suministro, la protección de los consumidores, preservar la competitividad del sector y favorecer el cumplimiento de los objetivos de descarbonización mediante la incorporación de biocarburantes.

Otras asociaciones, como CEEES y Codigasoil también han emitido notas de prensa individualizadas alertando de que la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2023 el 28 de marzo ha supuesto un incentivo para los defraudadores.

Además, demandan la implementación de una “verdadera fiscalidad verde” que incentive el consumo de los combustibles renovables o ecocombustibles.

También existe otro tipo de fraude aparte del que se produce en el pago del IVA. Como os hemos contado en otras ocasiones, en nuestro país existe una obligación de venta de un mínimo de biocarburantes para el transporte. Si no se cumple, también existe la posibilidad de cumplir mediante pagos compensatorios.

Sin embargo, conforme estas obligaciones han ido aumentando (en 2024 se sitúa en un 11% del total del carburante de automoción), han aumentado las cantidades no ingresadas en concepto de compensación. Según el Sistema para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) de Miteco, en 2022 el importe pendiente de ingreso alcanza los 95,4 millones de euros, casi 70 veces más que en 2015, una cifra que también avala el Real Decreto-Ley 8/2023 en su exposición de motivos.

Este creciente incumplimiento de la obligación de incorporación de biocarburantes retrasa la reducción de emisiones de CO2 en el transporte, comprometiendo, por tanto, los objetivos de descarbonización.

Información extraida del Boletín nº 40, relativo al mes de febrero, de la AOP