El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica
Esta batería de medidas da cumplimiento a los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de un 92% de las emisiones del dióxido de azufre (SO2), un 66% las de los óxidos de nitrógeno (NOx), un 30% las de los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 21% el amoníaco (NH3) yun 50% las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.
La aprobación por parte del Gobierno en funciones de este programa marcará la hoja de ruta de la Administración central en la lucha contra la contaminación atmosférica. La batería de iniciativas, 57, establece el marco para que todos los sectores contaminantes reduzcan sus emisiones y logra así, en 2030, en poco más de diez años, una atmósfera menos contaminada que la actual.
Ribera explicó que el programa plantea reforzar el sistema de seguimiento de las emisiones y de sus impactos en la salud y en los ecosistemas. Además, fija 57 medidas transversales para que, en la década de 2020 a 2030, España cumpla con el objetivo de reducir los citados contaminantes.
Ribera explicó que el programa plantea reforzar el sistema de seguimiento de las emisiones y de sus impactos en la salud y en los ecosistemas. Foto: Pool Moncloa.
Un programa transversal
En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo ministerial, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, aseguró que con este acuerdo España cumple con las obligaciones contraídas con la Unión Europea en materia de contaminación atmosférica para 2030.
El programa, detalló Ribera, es “una herramienta de acompañamiento imprescindible a los planes de contaminación atmosférica” ya adoptados por la Administración. Recoge iniciativas relacionadas con la labor agraria, con el seguimiento de las actividades que generan amoniaco y con el uso de abonos y fertilizantes. También incluye medidas en el ámbito de la movilidad, el sector energético u otras cuestiones que puedan incidir en la salud humana, como el uso de combustibles residenciales de leña o el uso de pinturas y barnices. Por tanto, su ámbito de influencia es muy amplio.
El documento, que será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), está en consonancia con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión en febrero.
El documento, que será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), está en consonancia con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión en febrero. Foto: Pool Moncloa JM/Cuadrado.
Agenda 2030 y los ODS
Teresa Ribera, quien resaltó el compromiso del Gobierno con la Agenda 2030 y el cumplimiento de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, afirmó que la reciente Cumbre del Clima celebrada en la ONU evidenció que las acciones que se adopten en defensa del medio ambiente tienen que ser globales y contar con la participación de empresas, gobiernos y ciudadanos, “cada uno con arreglo a su nivel de responsabilidad”.
También destacó que es importante que “se oiga la voz de la calle, en especial la de los jóvenes, que no están dispuestos a aceptar el legado que los adultos les dejan de manera injusta”. De esta forma hizo referencia a las huelgas y manifestaciones convocadas por diversas organizaciones en todo el país, particularmente de estudiantes, para reclamar medidas enérgicas para atajar la crisis climática.
La ministra recordó que el Ejecutivo ha presentado los resultados del primer informe de seguimiento del Plan de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acelerando los plazos de cumplimiento. “Lo trascendente es seguir activando las medidas de reducción de gases de efecto invernadero, combinadas con las medidas de adaptación al cambio climático”, afirmó Ribera.
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, recordó el compromiso de España para financiar con 150 millones de euros, durante los próximos cuatro años, el Fondo Verde del Clima destinado a ayudar a países en desarrollo a mitigar los efectos del cambio climático. Foto: Pool Moncloa JM/Cuadrado.
Una transición justa
Ribera subrayó que, en la Cumbre sobre Acción Climática, España impulsó, junto a Perú, los aspectos sociales del trabajo en materia de clima. Estas iniciativas, agregó, “deben basarse en una transición justa del modelo de empleo actual al modelo de una economía descarbonizada y resiliente a los efectos del cambio climático” y su incidencia por razón de género.
Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, recordó el compromiso de España para financiar con 150 millones de euros, durante los próximos cuatro años, el Fondo Verde del Clima destinado a ayudar a países en desarrollo a mitigar los efectos del cambio climático.