Baleares reivindica en Bruselas la protección de los consumidores en las gasolineras desatendidas

El director general de Consumo y la directora General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral del Gobierno de Baleares, Francesc Dalmau e Isabel Castro, respectivamente, mantuvieron el 6 de febrero una reunión con las patronales y sindicatos más representativos del sector de las estaciones de servicio la postura que adoptará el Ejecutivo autonómico ante la Comisión Europea sobre las gasolineras desatendidas.

A la reunión con Francesc Dalmau e Isabel Castro asistieron Jesús Salas e Ignacio Sànchez, presidente y vocal, respectivamente, de Aesba; Juan José Terso, de UGT, y Miquel Amengual, de CC.OO.

Ambos cargos del gobierno balear recordaron que la Unión Europea “aprobó recientemente una Directiva, que el pasado mes de diciembre fue traspuesta por el Gobierno de España, que permite la instalación de gasolineras no atendidas (sin personal)”, informaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

Esta norma, que desde el Ejecutivo autonómico se califica de “contraria al Decreto 31/2015, de 8 de mayo, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios ante la actividad de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción en el territorio de las Islas Balears, deja en una situación de total desprotección a los consumidores” del archipiélago, “en cuanto a la seguridad de las personas y determinados colectivos con dificultades de movilidad, y amenaza con ser un riesgo por los actuales trabajadores y futuros puestos de trabajo”.

A pesar de que el artículo 7 del citado decreto hace referencia a la necesidad de tener personal en las gasolineras, está actualmente suspendido por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. Desde el Ejecutivo autonómico se recuerda que dicha sentencia se recurrió al Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso de casación.

La Comisión Europea ha propiciado la celebración de una reunión con todas las comunidades autónomas que han regulado en este sentido (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, Navarra, Asturias e Islas Baleares).

Este es el motivo por el cual el director general de Consumo, Francesc Dalmau, se reuniera el 7 de febrero con representantes de la Dirección General de Crecimiento de la Comisión Europea -responsable de la política del Ejecutivo comunitario en materia de mercado único, industria, emprendimiento y pymes- para exponer el impacto que tendrá en el archipiélago la normativa que permite la actividad de gasolineras desatendidas.

Desde el Gobierno balear se recuerda que durante el pasado año “hubo una media de 1.273 trabajadores y 56 autónomos en el sector del comercio minorista de combustible para automoción en establecimientos especializados”.

“Se estima que por cada gasolinera no atendida se pierden seis puestos de trabajo”, apuntan desde el gobierno autonómico, que añade que “patronales y sindicatos de todo el territorio español han recogido más de 500 mil firmas en contra de esta Directiva Europea”.