Exigen al Gobierno de Aragón que todas las gasolineras tengan, al menos, un empleado

El pasado día 6 de julio la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), junto con los sindicatos CC.OO. de Industria y UGT Fica; las organizaciones de consumidores y usuarios Uca Aragón, Actora y Cocemfe, en representación de los empresarios, trabajadores y usuarios de las estaciones de servicio transmitieron al Gobierno de Aragón “nuestra oposición a la existencia de gasolineras totalmente desatendidas”.

Fuentes de Aesar informan de que, en primer lugar, en la citada reunión trasmitieron al director general de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, Fernando Fernández, “nuestro malestar por no haber sido recibidos por las consejeras del Gobierno de Aragón, responsables de los Departamentos de Consumo e Industria, tal y como se había solicitado”.

Asimismo, los representantes de los colectivos citados “dejaron claro al representante del Gobierno de Aragón que nuestro malestar no es en relación a las gasolineras en régimen de autoservicio o low-cost, sino de gasolineras en las que no hay ni un solo trabajador que las atienda”.

En una nota de prensa, Aesar enumera los motivos por los que los participantes en la reunión con Fernández se oponen a las gasolineras desatendidas. En primer lugar, citan la pérdida de empleo, “que está afectando gravemente al sector, y que produce una competencia desleal con las empresas que sí tienen trabajadores, a las cuales presionan también a la reducción de empleos, vulnerando el derecho al trabajo”.

En segundo lugar, apuntan el riesgo de incendio y explosión, así como de contaminación del medio ambiente. Con más detalle, la ausencia de personal implica “la falta de supervisión en la manipulación de mercancías peligrosas (sobre todo en la descarga en los tanques)”; la imposibilidad del cumplimiento de las normas de seguridad que rigen en el repostaje de los vehículos (como la prohibición de usar móviles y la de repostar con el motor en marcha).

Además, Aesar afirma que la ausencia de personal impide “ejercer los derechos que tienen los consumidores, como la información y atención, el uso de hojas de reclamaciones, la comprobación de la cantidad suministrada, o la garantía de utilización de otros servicios (como la revisión de la presión de los neumáticos…) y, muy especialmente, a los usuarios con discapacidad, pues les imposibilita el acceso o la utilización de servicio, impidiendo su derecho a la igualdad de trato”.

Desde Aesar, presidida por Pilar Soto, se mantiene que el Gobierno de Aragón ya disponía de una normativa, “a nuestro entender adecuada”, pues la Ley 16/2006 de 28 de diciembre exigía que “en todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley. En el caso de las personas con discapacidades físicas que les impidan el suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones”.

No obstante, denuncia Aesar, esta obligación de tener al menos una persona “era sistemáticamente incumplida, y las denuncias que se efectuaban por parte de los usuarios y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT eran continuamente desatendidas por la Administración autonómica, al no constarnos que se hubiera sancionado ningún incumplimiento denunciado”.

“Lejos de mejorar la situación, hace más de un año y de manera injustificada, el actual Gobierno de Aragón derogó esta exigencia, aduciendo que ‘el Departamento competente en materia de seguridad industrial mantendrá el régimen de comunicación de puesta en servicio de las instalaciones petrolíferas (…) calificadas como desatendidas (…). El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente las medias necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios, así como la información y atención a las personas con capacidades diferentes”. A pesar de ello, “a fecha de hoy no nos consta que se haya establecido medida alguna para garantizar estos derechos”.

Por estos motivos, las asociaciones, sindicatos y colectivos demandan al Gobierno autonómico la reposición de la citada Ley 16/2006, o bien la aprobación de una normativa similar “que garantice que haya al menos una persona responsable en todas las estaciones de servicio, para que se cumplan las obligaciones y que así se garanticen los derechos hoy vulnerados”.

Además, exigen el “derecho de las organizaciones firmantes a ser escuchadas, como legítimos representantes de los distintos agentes del sector, en todas las actuaciones normativas que lleve a cabo el gobierno regional”.