La AOP propone que las operadoras reporten a diario las EMS de acuerdo a las ventas reales

En su Memoria 2016, la AOP (de la que forman parte BP, Cepsa, Galp, Repsol y Saras) incluye un amplio epígrafe dedicado al creciente fraude que se comete en el sector, unas prácticas que el colectivo tilda de “lacra que está azotando al sector de la distribución y comercialización de carburantes en los últimos años”. El colectivo presidido por Federico Molina llama particularmente la atención sobre el fraude del IVA, que la Agencia Tributaria cifra en más de 300 millones euros anuales.

La AOP afirma en su memoria correspondiente al pasado ejercicio que “en la gran mayoría de los casos, el fraude no es cometido por operadores mayoristas a título individual, sino por verdaderas tramas criminales que actúan de forma organizada, cuentan con recursos, conocen todos los resquicios de la legislación y cuyo único interés es defraudar, no la participación en un mercado competitivo”.

Ante esta situación, la AOP propone que se adopten con urgencia “determinadas medidas, además de mejorar algunos procedimientos que, aplicados sobre quienes pretendan actuar en el mercado como operadores al por mayor, permitan también reducir las condiciones para el fraude por parte de los distribuidores”.

En primer lugar, la AOP propone el establecimiento de una garantía financiera que desincentive el fraude y cubra el incumplimiento de las obligaciones de un operador. Esta medida, además, permitiría al Estado recuperar las cantidades defraudadas por todos los conceptos a los que un operador está obligado en el ejercicio de su actividad.

Más en concreto, la patronal es partidaria de modificar la Ley de Hidrocarburos en dos sentidos. Por un lado, exigir la garantía financiera no sólo a los nuevos entrantes sino a todos los operadores al por mayor y fijar su importe en tres millones de euros. Una cifra “que va en consonancia con la capacidad financiera exigida en el artículo 10 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas, de carburantes y combustibles petrolíferos”.

La segunda propuesta consistiría en el reporte diario de las Existencias Mínimas de Seguridad (EMS) de acuerdo a las ventas reales del operador. La AOP señala que las nuevas tecnologías y las medidas de gestión instauradas por los operadores permitirían facultar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) para monitorizar en continuo las salidas y los stocks de los operadores y de los depósitos fiscales, y así poder comprobar periódicamente si cada operador mantiene su número de días mínimo obligatorio.

En el caso de que no se cumpliera esta condición, la AOP propone que Cores cargase una tarifa de 20 €/m3 en concepto de “cobertura” de EMS por los suministros al mercado realizados por dicho operador que hubiese incumplido su correspondiente obligación de mantenimiento de EMS. Todo ello, sin perjuicio de la eventual apertura de expediente sancionador si el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital lo considerase oportuno.

Con respecto a las prácticas fraudulentas relacionadas con el tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, la AOP considera que “habría que eliminar o armonizar” esta tasa.

En cuanto al fraude que se produce con el IVA, la AOP estima que “se podría minimizar si la Agencia Tributaria tuviese un control de las cantidades vendidas y no sólo del dinero ingresado”, para lo cual “se podría utilizar la información de los depósitos fiscales de las salidas en volumen por operador, que podría ser cotejada con la información de Cores”.

Otro foco de las prácticas que distorsionan el mercado es el del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, puesto que el sistema de pagos está basado en una carencia de dos años que “otorga a los nuevos entrantes una clara ventaja competitiva durante esos dos ejercicios, que puede aprovecharse por quienes tuviesen intenciones de operar fraudulentamente para operar e irse del mercado”.

Esta treta “podría evitarse si el pago se produjese para todos los operadores en función de sus ventas reales del trimestre anterior, utilizando para ello la información de que dispone Cores. De esta forma se eliminaría la posibilidad de que los operadores cumplidores tengan que realizar aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética “no solo por sus propias ventas, sino también por las que no realizan los operadores que no las declaran”.

El sexto bloque de recomendaciones realizadas por la AOP está dirigido a evitar el fraude en la incorporación de biocarburantes. En este sentido, “si por algún motivo el operador finalizase su actividad comercial antes del cierre de un ejercicio, deberá quedar obligado a presentar la documentación para conseguir los certificados definitivos y pagar los importes calculados, si fuera el caso. La garantía financiera constituida al inicio de la actividad responderá del incumplimiento de esta obligación”.

Finalmente, la AOP es partidaria de acortar los plazos de tramitación de posibles expedientes sancionadores y relativos a la inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor, “sin perjuicio de respetar los procedimientos y plazos legalmente establecidos”. El colectivo considera que “debería incluirse expresamente entre las causas de inhabilitación el incumplimiento de las obligaciones tributarias y sería necesario que la gestión y publicación del Registro de Operadores Mayoristas radicase en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, “ya que es éste quien conoce en tiempo real las altas y bajas de operadores”.