La industria del biodiésel acusa a Industria de condenar a muerte al sector
Revista Estaciones de servicio25/02/2011
EESS Digital.- Si no toma una decisión rápida, el secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, pasará a la historia como el responsable de la desaparición del biodiésel español. Así de contundente se mostró anteayer, 23 de febrero, el presidente de la Sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), durante una intervención ante los medios de comunicación celebrada a pocos metros del propio Ministerio de Industria.
La asociación que agrupa a los principales productores de biocombustibles de nuestro país acusa al nuevo secretario de Estado de Energía de paralizar una Orden Ministerial que pretendía detener lo que Appa considera importaciones desleales de biodiésel procedente de Argentina e Indonesia.
En concreto, el país sudamericano grava la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Por su parte, el Gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma con una tasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%. En la práctica, esta circunstancia propicia que importar el producto elaborado sea más barato que comprar la materia prima, lo que, en palabras de Miralles, coloca a la industria española del biodiésel en una posición de inferioridad.
Por ese motivo, desde la asociación de productores reclaman la aprobación inmediata de la citada Orden Ministerial, cuyo contenido fue consensuado hace al menos cuatro meses entre el anterior secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, las patronales que representan a las petroleras principales clientes de Appa Biocarburantes-, la propia asociación y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
De hecho, el propio Ministerio, en esta nota de prensa publicada el pasado 23 de octubre, informaba de que había enviado a la CNE una propuesta de normativa que fija los objetivos obligatorios de uso de biocombustibles en los próximos tres años y establece un mecanismo para evitar las importaciones desleales de biocarburantes.
Más concretamente, el proyecto de Orden Ministerial cuya aprobación inmediata solicita Appa, contempla la asignación de cinco millones de toneladas de producción de biodiésel a aquellas plantas comunitarias que presentaran su solicitud. Sólo el biocarburante producido en estas fábricas podría ser utilizado para cumplir las obligaciones de biocarburantes en España.
Para la asociación, este sistema es más coherente que otros sistemas de asignación vigentes en otros países europeos, pues compagina adecuadamente la lucha contra las importaciones desleales y la competencia en el mercado español, objetivo que queda asegurado desde el momento en que la cantidad total a asignar (cinco millones de toneladas) es más del triple que la demanda de biodiésel existente en España en 2010 (1,3 millones de toneladas).
Por ese motivo, el presidente de Appa Biocarburantes no cree que la aprobación de la Orden Ministerial representara un incremento de los precios finales del gasóleo (combustible al que se añade el biodiésel). Preguntado acerca de una posible presión ejercida por las petroleras para frenar la norma, Miralles descartó este argumento afirmando que los operadores petrolíferos no se han opuesto, al menos de forma oficial, a la Orden. De hecho, afirmó que el proyecto salió con el acuerdo de todas las partes.
Tanto los directivos de Appa como los de varias empresas productoras presentes en la convocatoria de prensa hicieron hincapié en la responsabilidad del Gobierno, y más concretamente del secretario de Estado de Energía, en la situación de naufragio en la que se encuentra el sector del biodiésel español.
Además de la tardanza en la tramitación de la Orden, han tachado al gabinete de Industria de fijar unos objetivos de consumo de biocarburantes para los próximos años muy conservadores. El Ministerio ya rebajó la obligación global de biocarburantes de 2010 desde el 5,83% hasta el 4,78% en términos energéticos y ha marcado unos objetivos del 5,9%, 6,0% y 6,1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente.
Miralles concluyó su intervención subrayando que si el Ministerio no desbloquea de inmediato esta tramitación, el proyecto será inútil porque cuando se apruebe, el sector habrá desaparecido en su práctica totalidad, dejando sepultada una inversión de cerca de 1.400 millones de euros y más de 6.000 puestos de trabajo.
La asociación que agrupa a los principales productores de biocombustibles de nuestro país acusa al nuevo secretario de Estado de Energía de paralizar una Orden Ministerial que pretendía detener lo que Appa considera importaciones desleales de biodiésel procedente de Argentina e Indonesia.
En concreto, el país sudamericano grava la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Por su parte, el Gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma con una tasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%. En la práctica, esta circunstancia propicia que importar el producto elaborado sea más barato que comprar la materia prima, lo que, en palabras de Miralles, coloca a la industria española del biodiésel en una posición de inferioridad.
Por ese motivo, desde la asociación de productores reclaman la aprobación inmediata de la citada Orden Ministerial, cuyo contenido fue consensuado hace al menos cuatro meses entre el anterior secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, las patronales que representan a las petroleras principales clientes de Appa Biocarburantes-, la propia asociación y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
De hecho, el propio Ministerio, en esta nota de prensa publicada el pasado 23 de octubre, informaba de que había enviado a la CNE una propuesta de normativa que fija los objetivos obligatorios de uso de biocombustibles en los próximos tres años y establece un mecanismo para evitar las importaciones desleales de biocarburantes.
Más concretamente, el proyecto de Orden Ministerial cuya aprobación inmediata solicita Appa, contempla la asignación de cinco millones de toneladas de producción de biodiésel a aquellas plantas comunitarias que presentaran su solicitud. Sólo el biocarburante producido en estas fábricas podría ser utilizado para cumplir las obligaciones de biocarburantes en España.
Para la asociación, este sistema es más coherente que otros sistemas de asignación vigentes en otros países europeos, pues compagina adecuadamente la lucha contra las importaciones desleales y la competencia en el mercado español, objetivo que queda asegurado desde el momento en que la cantidad total a asignar (cinco millones de toneladas) es más del triple que la demanda de biodiésel existente en España en 2010 (1,3 millones de toneladas).
Por ese motivo, el presidente de Appa Biocarburantes no cree que la aprobación de la Orden Ministerial representara un incremento de los precios finales del gasóleo (combustible al que se añade el biodiésel). Preguntado acerca de una posible presión ejercida por las petroleras para frenar la norma, Miralles descartó este argumento afirmando que los operadores petrolíferos no se han opuesto, al menos de forma oficial, a la Orden. De hecho, afirmó que el proyecto salió con el acuerdo de todas las partes.
Tanto los directivos de Appa como los de varias empresas productoras presentes en la convocatoria de prensa hicieron hincapié en la responsabilidad del Gobierno, y más concretamente del secretario de Estado de Energía, en la situación de naufragio en la que se encuentra el sector del biodiésel español.
Además de la tardanza en la tramitación de la Orden, han tachado al gabinete de Industria de fijar unos objetivos de consumo de biocarburantes para los próximos años muy conservadores. El Ministerio ya rebajó la obligación global de biocarburantes de 2010 desde el 5,83% hasta el 4,78% en términos energéticos y ha marcado unos objetivos del 5,9%, 6,0% y 6,1% para 2011, 2012 y 2013, respectivamente.
Miralles concluyó su intervención subrayando que si el Ministerio no desbloquea de inmediato esta tramitación, el proyecto será inútil porque cuando se apruebe, el sector habrá desaparecido en su práctica totalidad, dejando sepultada una inversión de cerca de 1.400 millones de euros y más de 6.000 puestos de trabajo.
