Ayer se celebró en la Audiencia Provincial de Madrid la vista por cuestión de competencia
Los acusados por el fraude de los surtidores quieren que el proceso continúe en la AN
Revista Estaciones de servicio18/10/2002
AMDPress.- La Audiencia Provincial de Madrid fue el escenario de la vista por cuestión de competencia celebrada ayer contra los acusados en el conocido como fraude de las gasolineras. Las defensas de los 39 acusados de estafar cerca de 33 millones de euros (5.500 millones de pesetas) en este presunto fraude defendieron ante la Sala la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar este caso.
El fiscal, la Abogacía del Estado y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mostraron su oposición a que el proceso sea juzgado en la Audiencia Nacional en vez de la Provincial de Madrid, según informa Europa Press.
Todas las defensas, a excepción de la ejercida por el ex magistrado Carlos Bueren, justificaron la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar el caso basándose en la multiplicidad de perjudicados -pertenecientes diferentes regiones españolas-, y en el hecho de que el presunto fraude fuera cometido en en estaciones de tres provincias (Madrid, Toledo y Albacete). Por su parte, las acusaciones defienden que el fraude debe circunscribirse a Madrid y acusan a las defensas de los acusados de querer dilatar el proceso.
Los hechos se remontan al período comprendido entre 1988 y 1997, en el que se detectó que varias gasolineras, mediante un sofisticado sistemas de cables, conectaban los surtidores a cajas de contabilidad "B" ocultas en el subsuelo de las gasolineras. Si el cliente solicitaba un recibo oficial, se desconectaba el aparato y se servía combustible normalmente.
La primera señal de alerta se produjo cuando un informe de la OCU aseguraba que tres de cada diez de las gasolineras de la Comunidad de Madrid no tenían sus surtidores en regla. Posteriormente, dos empleados denunciaron las irregularidades.
A juicio del fiscal, los procesados son responsables de un delito de estafa y de otro relativo al mercado y a los consumidores. Por ello, solicita una condena de 9 años de prisión para cada uno de los 18 responsables de estaciones de servicio y 4 años y 9 meses de cárcel para los 21 acusados restantes, encargados del mantenimiento de las gasolineras, así como el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas por los acusados, además de indemnizaciones a los interesados.
El fiscal, la Abogacía del Estado y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mostraron su oposición a que el proceso sea juzgado en la Audiencia Nacional en vez de la Provincial de Madrid, según informa Europa Press.
Todas las defensas, a excepción de la ejercida por el ex magistrado Carlos Bueren, justificaron la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar el caso basándose en la multiplicidad de perjudicados -pertenecientes diferentes regiones españolas-, y en el hecho de que el presunto fraude fuera cometido en en estaciones de tres provincias (Madrid, Toledo y Albacete). Por su parte, las acusaciones defienden que el fraude debe circunscribirse a Madrid y acusan a las defensas de los acusados de querer dilatar el proceso.
Los hechos se remontan al período comprendido entre 1988 y 1997, en el que se detectó que varias gasolineras, mediante un sofisticado sistemas de cables, conectaban los surtidores a cajas de contabilidad "B" ocultas en el subsuelo de las gasolineras. Si el cliente solicitaba un recibo oficial, se desconectaba el aparato y se servía combustible normalmente.
La primera señal de alerta se produjo cuando un informe de la OCU aseguraba que tres de cada diez de las gasolineras de la Comunidad de Madrid no tenían sus surtidores en regla. Posteriormente, dos empleados denunciaron las irregularidades.
A juicio del fiscal, los procesados son responsables de un delito de estafa y de otro relativo al mercado y a los consumidores. Por ello, solicita una condena de 9 años de prisión para cada uno de los 18 responsables de estaciones de servicio y 4 años y 9 meses de cárcel para los 21 acusados restantes, encargados del mantenimiento de las gasolineras, así como el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas por los acusados, además de indemnizaciones a los interesados.
