Convoca una reunión urgente para consensuar medidas en defensa de sus intereses
Codigasoil se opone al borrador de Orden Ministerial que regulará la introducción del gasóleo profesional
Revista Estaciones de servicio27/12/2006
EESS Digital.- La Confederación Nacional de Distribuidores de Gasóleo (Codigasoil) ha manifestado recientemente su disconformidad y oposición con el contenido del borrador de Orden Ministerial que se pretende aprobar y que desarrollará la Ley 36/2006 por la que se introduce el gasóleo profesional. La agrupación empresarial ha convocado a todos los presidentes de las asociaciones de distribuidores de España a una reunión de urgencia para consensuar medidas de defensa de los intereses del sector.
La confederación ha tomado esta decisión después de tener varias reuniones con los responsables de la Dirección General de Impuestos Especiales del Ministerio de Economía encargados del desarrollo normativo y regulación del gasóleo profesional, que entrará en vigor en enero de 2007.
Codigasoil ha invitado a asistir a la citada reunión a los representantes a nivel nacional de las asociaciones de operadores y transportistas, a las que, según un comunicado difundido por la propia confederación también afecta gravemente el contenido de la Orden Ministerial que se pretende aprobar.
El objetivo de la Confederación Nacional de Distribuidores de Gasóleo es aunar esfuerzos, ya que todo el sector relacionado con la distribución y el consumo de gasóleo se verá afectado por una norma que -en palabras de la propia confederación- vulnera la libre competencia.
Codigasoil ya ha alertado con anterioridad de que, de aprobarse con su redacción actual, el borrador de Orden Ministerial condenará al cierre a cerca de la mitad de las compañías distribuidoras, cuya cifra asciende a unas 1.500 empresas.
El texto legislativo recoge que las compañías transportistas deberán realizar importantes inversiones para instalar equipos informáticos que controlen el gasóleo repostado por cada vehículo en los surtidores que las propias empresas poseen en sus instalaciones. Los datos recogidos por estos equipos han de ser remitidos trimestralmente a la Agencia Tributaria, que, tras analizarlos, devolverá a la compañía transportista una parte del Impuesto sobre Hidrocarburos.
El problema es que según los distribuidores, el coste de estos aparatos informáticos ronda los 2.000 euros, cifra equivalente a la devolución que recibirían cinco vehículos. Esta circunstancia ha propiciado que muchas flotas de transporte ya hayan anunciado que no instalarán estos postes de control y que se acogerán a la otra medida prevista por el Ministerio de Economía, consistente en repostar en estaciones de servicio empleando las tarjetas de pago de las petroleras.
Por este motivo, desde Codigasoil consideran que se ha generado una discriminación bestial a favor de las grandes petroleras, que ya emiten tarjetas, y existirá un desplazamiento irrecuperable de los canales de venta actuales a favor de las estaciones de servicio, a las que no se exige ningún requisito especial.
La confederación ha tomado esta decisión después de tener varias reuniones con los responsables de la Dirección General de Impuestos Especiales del Ministerio de Economía encargados del desarrollo normativo y regulación del gasóleo profesional, que entrará en vigor en enero de 2007.
Codigasoil ha invitado a asistir a la citada reunión a los representantes a nivel nacional de las asociaciones de operadores y transportistas, a las que, según un comunicado difundido por la propia confederación también afecta gravemente el contenido de la Orden Ministerial que se pretende aprobar.
El objetivo de la Confederación Nacional de Distribuidores de Gasóleo es aunar esfuerzos, ya que todo el sector relacionado con la distribución y el consumo de gasóleo se verá afectado por una norma que -en palabras de la propia confederación- vulnera la libre competencia.
Codigasoil ya ha alertado con anterioridad de que, de aprobarse con su redacción actual, el borrador de Orden Ministerial condenará al cierre a cerca de la mitad de las compañías distribuidoras, cuya cifra asciende a unas 1.500 empresas.
El texto legislativo recoge que las compañías transportistas deberán realizar importantes inversiones para instalar equipos informáticos que controlen el gasóleo repostado por cada vehículo en los surtidores que las propias empresas poseen en sus instalaciones. Los datos recogidos por estos equipos han de ser remitidos trimestralmente a la Agencia Tributaria, que, tras analizarlos, devolverá a la compañía transportista una parte del Impuesto sobre Hidrocarburos.
El problema es que según los distribuidores, el coste de estos aparatos informáticos ronda los 2.000 euros, cifra equivalente a la devolución que recibirían cinco vehículos. Esta circunstancia ha propiciado que muchas flotas de transporte ya hayan anunciado que no instalarán estos postes de control y que se acogerán a la otra medida prevista por el Ministerio de Economía, consistente en repostar en estaciones de servicio empleando las tarjetas de pago de las petroleras.
Por este motivo, desde Codigasoil consideran que se ha generado una discriminación bestial a favor de las grandes petroleras, que ya emiten tarjetas, y existirá un desplazamiento irrecuperable de los canales de venta actuales a favor de las estaciones de servicio, a las que no se exige ningún requisito especial.
