Las acusados del fraude de las gasolineras ratifican las penas pactadas por sus abogados
Revista Estaciones de servicio20/04/2005
AMDPress.- Los 35 acusados por el denominado fraude de las gasolineras ratificaron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las penas pactadas el pasado miércoles por sus abogados con el fiscal y los acusadores -hasta un año de prisión para cada imputado, pago de multas de distinta cuantía y comiso de 2,1 millones de euros por las cantidades defraudadas-, informó a Europa Press un portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), organismo que ejerció la acción popular.
El acuerdo ratificado por los propios condenados, que recogerá una sentencia prevista para el mes de mayo, se basa en las conclusiones definitivas del fiscal. En él se establecen penas de prisión de hasta un año por los delitos de estafa y los relativos al mercado y los consumidores.
Igualmente, se impone el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas, del que responderán solidariamente los imputados, responsables de las estaciones de servicio defraudadoras o encargados de las mismas.
La OCU, que calificó de "excelente noticia" la consecución del acuerdo, destapó en enero de 1998 la manipulación de surtidores en estaciones de servicio de Madrid y Castilla-La Mancha para servir menos combustible del que el usuario pagaba, en su mayoría pertenecientes al Grupo Villanueva.
La organización manifestó su "satisfacción" por el resultado final de este proceso judicial, ya que los autores de los delitos, además de cumplir las penas correspondientes, tendrán que hacer frente al pago de una indemnización, cuyo importe ha solicitado la organización de consumidores que sea destinado a la prevención de nuevos fraudes en materia de consumo. Para ello, la organización propuso la creación de un fondo gestionado por la Administración en coordinación con la propia OCU.
El acuerdo ratificado por los propios condenados, que recogerá una sentencia prevista para el mes de mayo, se basa en las conclusiones definitivas del fiscal. En él se establecen penas de prisión de hasta un año por los delitos de estafa y los relativos al mercado y los consumidores.
Igualmente, se impone el comiso de las cantidades ilegítimamente defraudadas, del que responderán solidariamente los imputados, responsables de las estaciones de servicio defraudadoras o encargados de las mismas.
La OCU, que calificó de "excelente noticia" la consecución del acuerdo, destapó en enero de 1998 la manipulación de surtidores en estaciones de servicio de Madrid y Castilla-La Mancha para servir menos combustible del que el usuario pagaba, en su mayoría pertenecientes al Grupo Villanueva.
La organización manifestó su "satisfacción" por el resultado final de este proceso judicial, ya que los autores de los delitos, además de cumplir las penas correspondientes, tendrán que hacer frente al pago de una indemnización, cuyo importe ha solicitado la organización de consumidores que sea destinado a la prevención de nuevos fraudes en materia de consumo. Para ello, la organización propuso la creación de un fondo gestionado por la Administración en coordinación con la propia OCU.
