La prensa profesional se moviliza contra Correos por el incumplimiento de la resolución de TDC
Revista Estaciones de servicio07/06/2006
AMDPress.- Los editores de prensa profesional han iniciado una campaña de pública de denuncia contra Correos, ante su reiterado incumplimiento de la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que le condenó en 2005 al pago de una multa de 900.000 euros, y que le obligaba a cesar con la discriminación que ha venido ejerciendo contra los editores de prensa profesional.
Correos recurrió la sentencia y la Audiencia Nacional resolvió suspender la ejecución de la multa, pero no la exigencia de suprimir de inmediato las prácticas discriminatorias contra las publicaciones profesionales, por lo que continúa incurriendo en la desobediencia a las instancias judiciales.
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha de cursar un oficio al Servicio de Vigilancia de las autoridades de competencia para el seguimiento de la ejecución de su mandato. Si Correos se atreviera a hacer una vez más caso omiso de las advertencias para cesar en la discriminación, la APP ha manifestado que no dudará en emprender acciones legales por la vía penal, con lo que la cúpula de Correos se arriesga a ser procesada y a una posible inhabilitación.
Con esta posición frente a la Ley, Correos ha perjudicado gravemente la libertad de información, discriminando a la prensa profesional. Esta discriminación ha dado lugar a reajustes, cierres, pérdidas de empleo y suspensión del lanzamiento de nuevas cabeceras, y ha supuesto para los editores un gran impacto económico. Según una estimación realizada por una auditora externa, y suponiendo el mismo nivel de discriminación para todos los asociados, se cifra en torno a los 60 millones de euros el impacto económico ocasionado a los editores entre los años 2002 y 2006, entre el incremento de las tarifas, el lucro cesante, los costes laborales, la caída de las suscripciones, productos no lanzados...
Para el presidente de la APP, Miquel Vila, la actitud prepotente de Correos supone una burla al Estado de Derecho, y el desprecio a las instituciones judiciales, especialmente sangrante tratándose de una sociedad pública. Una actitud que no puede sostenerse, y que está causando, gratuitamente, graves perjuicios a los editores de prensa profesional, a sus trabajadores, y a los lectores, que han visto hurtado su derecho a una información imprescindible para el desarrollo de su labor profesional.
Origen del problema
En el año 2002 Correos y Telégrafos, de forma sorprendente, aumentó un 100% sus tarifas postales para su servicio de distribución de periódicos. A los editores de diarios, no obstante, les concedió la aplicación gradual en cinco años de las nuevas tarifas. Un acuerdo del que se excluyó a los editores de prensa profesional.
La APP (Asociación de Prensa Profesional) lleva desde el año 2002 luchando por la solución del conflicto para no coartar el derecho a la información, sin embargo, las constantes negativas por parte de Correos que, en su posición abusiva de monopolio heredado, ha optado por la desobediencia a los jueces en su estrategia de dilatación premeditada del proceso, han ocasionado que la APP tenga que llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, llegando incluso a la vía penal.
Desde hace cuatro años, Correos actúa contra la libertad de información de miles de españoles que ven claramente perjudicado su derecho a acceder a la información profesional. Ante esta discriminación, la APP acudió a la jurisdicción ordinaria y al Tribunal de Defensa de la Competencia, que en 2005 condena a Correos por abuso de dominio con una multa de 900.000 euros (la máxima legalmente prevista), y le obliga a cesar con dicha discriminación. Esta sanción es la primera impuesta a denuncia de un colectivo de consumidores y se suma a las otras tres que Correos acumula por prácticas que alteran contra la libertad en el mercado postal.
Correos recurrió la sentencia y la Audiencia Nacional resolvió suspender la ejecución de la multa, pero no la exigencia de suprimir de inmediato las prácticas discriminatorias contra las publicaciones profesionales, por lo que continúa incurriendo en la desobediencia a las instancias judiciales.
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha de cursar un oficio al Servicio de Vigilancia de las autoridades de competencia para el seguimiento de la ejecución de su mandato. Si Correos se atreviera a hacer una vez más caso omiso de las advertencias para cesar en la discriminación, la APP ha manifestado que no dudará en emprender acciones legales por la vía penal, con lo que la cúpula de Correos se arriesga a ser procesada y a una posible inhabilitación.
Con esta posición frente a la Ley, Correos ha perjudicado gravemente la libertad de información, discriminando a la prensa profesional. Esta discriminación ha dado lugar a reajustes, cierres, pérdidas de empleo y suspensión del lanzamiento de nuevas cabeceras, y ha supuesto para los editores un gran impacto económico. Según una estimación realizada por una auditora externa, y suponiendo el mismo nivel de discriminación para todos los asociados, se cifra en torno a los 60 millones de euros el impacto económico ocasionado a los editores entre los años 2002 y 2006, entre el incremento de las tarifas, el lucro cesante, los costes laborales, la caída de las suscripciones, productos no lanzados...
Para el presidente de la APP, Miquel Vila, la actitud prepotente de Correos supone una burla al Estado de Derecho, y el desprecio a las instituciones judiciales, especialmente sangrante tratándose de una sociedad pública. Una actitud que no puede sostenerse, y que está causando, gratuitamente, graves perjuicios a los editores de prensa profesional, a sus trabajadores, y a los lectores, que han visto hurtado su derecho a una información imprescindible para el desarrollo de su labor profesional.
Origen del problema
En el año 2002 Correos y Telégrafos, de forma sorprendente, aumentó un 100% sus tarifas postales para su servicio de distribución de periódicos. A los editores de diarios, no obstante, les concedió la aplicación gradual en cinco años de las nuevas tarifas. Un acuerdo del que se excluyó a los editores de prensa profesional.
La APP (Asociación de Prensa Profesional) lleva desde el año 2002 luchando por la solución del conflicto para no coartar el derecho a la información, sin embargo, las constantes negativas por parte de Correos que, en su posición abusiva de monopolio heredado, ha optado por la desobediencia a los jueces en su estrategia de dilatación premeditada del proceso, han ocasionado que la APP tenga que llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, llegando incluso a la vía penal.
Desde hace cuatro años, Correos actúa contra la libertad de información de miles de españoles que ven claramente perjudicado su derecho a acceder a la información profesional. Ante esta discriminación, la APP acudió a la jurisdicción ordinaria y al Tribunal de Defensa de la Competencia, que en 2005 condena a Correos por abuso de dominio con una multa de 900.000 euros (la máxima legalmente prevista), y le obliga a cesar con dicha discriminación. Esta sanción es la primera impuesta a denuncia de un colectivo de consumidores y se suma a las otras tres que Correos acumula por prácticas que alteran contra la libertad en el mercado postal.
