Atendidas y Seguras muestra su total oposición al decreto del Consell de la Comunidad Valenciana que permitirá las gasolineras desatendidas

La plataforma Atendidas y Seguras presentó el 14 de junio alegaciones contra el borrador del Decreto del Consell de la Comunidad Valenciana “que permitirá la teleasistencia” en todas las estaciones de servicio y gasolineras de la comunidad autónoma.

Esta agrupación de colectivos lamenta que mediante este Decreto lo que en realidad se pretende “es modificar por la puerta de atrás” la Ley 1/2011 que, desde enero del pasado año, obliga a que todas las gasolineras estén atendidas por una persona responsable del servicio. Una norma aún en vigor y que se “está incumpliendo de forma continuada”.

Atendidas y Seguras (en la que se agrupan los sindicatos CC OO PV y UGT PV; la asociación de personas con discapacidad Cocemfe CV; y los colectivos empresariales autonómicos del sector: Fedmes y Alevecar) afirma en una nota de prensa que esta modificación permitirá que las gasolineras desatendidas puedan estar en funcionamiento sin la obligatoriedad de contar con personal.

A pesar de que han transcurrido 18 meses desde la publicación de la citada Ley, y a pesar de que la citada plataforma sigue defendiendo la atención personalizada en las estaciones de servicio por motivos de seguridad; de protección de derechos de los consumidores (en especial, los de las personas con discapacidad); en defensa del empleo; por respeto al medio ambiente y de ordenamiento del territorio, “entre otras muchas razones”, la normativa autonómica no está siendo cumplida.

Asimismo, Atendidas y Seguras muestra “su oposición frontal a la 'teleasistencia' que pretende permitir el Consell y que podría aplicarse a cualquier estación de servicio de la Comunidad Valenciana, única comunidad de toda España que está legislando en este sentido”.

Por tanto, en Castellón, Valencia y Alicante, continúa la nota de prensa, las personas con discapacidad que quieran ser atendidas en estos puntos de suministro “tendrán que acudir a la gasolinera, pulsar un botón y esperar hasta 15 minutos (5 más que en el anterior borrador) para que alguien vaya a atenderle”, lo que supone, “sin duda, una discriminación con respecto a las personas con discapacidad y su autonomía”.

La 'teleasistencia' “nos parece una auténtica aberración. Primero, porque no consideramos que sea sinónimo de atención personalizada. Y segundo, porque su puesta en marcha genera muchas dudas, como quién controlará que se cumple el plazo establecido. La plataforma también se pregunta si este formato de asistencia a distancia no supondrá, “en contra del espíritu de la Ley, una imposición generalizada del modelo de puntos de suministro desatendidos”.

En la Comunidad Valenciana, desde enero de 2016, todas las gasolineras están obligadas a “disponer de una persona responsable de los servicios que se prestan” en “horario diurno”, para garantizar los derechos de los consumidores (en particular, los de las personas con discapacidad), en virtud de la aprobación de la disposición segunda adicional introducida en la Ley 1/2011, de 22 de marzo, mediante la Ley 10/2015 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

La Resolución de 28 de abril 2016 de la Dirección General de Comercio y Consumo establecía dicho “horario diurno” (de 6.00 a 22.00 horas), pero un año después, la retiraba por un defecto de forma. Ahora modifica el procedimiento (lo tramita como Decreto del Consell), pero también modifica el contenido de la ley, al permitir ‘teleasistencia’ de forma generalizada en todo el territorio (artículo 4.3). A su vez, incluye la cita previa para repostar, como hacemos para ir al médico, pero para suministrar combustible (artículo 4.b.5º).

La plataforma Atendidas y Seguras considera que un Decreto no puede ir en contra de lo dispuesto en una norma con rango superior, como es la ley 1/2011, pues atentaría contra el principio constitucional de jerarquía normativa. Parece evidente, añade la nota de prensa, que la Dirección General de Comercio y Consumo, “al equiparar la 'teleasistencia' con la atención personalizada, hace una interpretación forzada y retorcida de la Ley, en las antípodas del espíritu de la misma, para modificar la propia Ley”.

Además de lo ya expuesto, el borrador del decreto del Consell, en caso de publicarse en los términos en los que ahora está redactado, supondría la destrucción de empleo, ya que en la actualidad “ciframos en 6.000 los empleos directos que están en riesgo en Castellón, Valencia y Alicante”.

Otra de las consecuencias de la aprobación de este borrador sería el “caos horario” que provocaría, ya que en la Ley 1/2011 se especifica “claramente que se regula el horario diurno, pero el proyecto de Decreto permite a las gasolineras fijar otro horario de atención mediante 'teleasistencia' o incluso reducirlo”.

La plataforma lamenta que la Comunidad Valenciana, si finalmente entrara en vigor el borrador de decreto, rompería la tendencia que ha dado como resultado que doce comunidades autónomas hayan legislado “o están legislando para que haya personal en las gasolineras que atienda a los clientes siempre que estén abiertas”. Asimismo, denuncia que el incumplimiento de la propia ley autonómica, la 'teleasistencia' y el caos horario “son propios de la Comunidad Valenciana”.

Desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente, Atendidas y Seguras considera “fundamental la presencia de empleados, debidamente formados, en las estaciones de servicio”. En este sentido, la plataforma lanza una batería de preguntas: “¿Quién vela por la seguridad y el medio ambiente mientras las estaciones están desatendidas y abiertas?; ¿Quién limpia los derrames si no hay personal trabajando?; ¿Quién controla que los usuarios no fumen, utilicen el móvil o reposten con las luces encendidas si no hay personal?; ¿Quién impide que se hagan repostajes en envases no homologados?”, para concluir que “los puntos de suministro desatendidos trasladan la responsabilidad en materia de seguridad al consumidor”.

Los mencionados colectivos llaman la atención sobre el esfuerzo que han realizado “todas las entidades que conformamos la plataforma Atendidas y Seguras”, que han “negociado (y cedido) para alcanzar un acuerdo de amplio alcance”. Y recuerda que “ya lo hicimos en la primera Resolución y también lo hemos hecho en el texto de este borrador de Decreto, pero -una vez más- no se ha respetado la propuesta consensuada”.

La proliferación de puntos de suministro desatendidos, añade la nota de prensa, “se está realizando, además, de forma descontrolada. En Torrevieja, por ejemplo, se han abierto seis gasolineras nuevas en un año para un total de 32. Tiene el doble de la media española, lo que supone que se están abriendo unas... para cerrar otras, con el coste medioambiental que ello supone. Asociaciones de padres de alumnos o en defensa del patrimonio (como en la Santa Faz) se han alzado en contra de la construcción de puntos de suministro desatendidos cerca de colegios o de edificios protegidos”.

Otro de los argumentos aportados por Atendidas y Seguras en su oposición a las gasolineras sin personal es el del bajo precio de venta de carburantes en este tipo de instalaciones. “La excusa para incentivar los puntos de suministros desatendidos es fomentar la competencia para lograr una rebaja en el precio. Pero no es real. En los dos países con mayor implantación de este tipo de gasolineras (Dinamarca y Suecia) la diferencia de precio en el combustible es de 2-3 céntimos por litro, según un estudio de la Unión Europea”, una diferencia que es, “exactamente”, la existente “entre suministrar un combustible con o sin aditivos. Los 8 céntimos por litro que se destinan (de media) a pagar a los empleados, van directamente al bolsillo de un único empresario que no genera empleo”, por lo que la plataforma considera que este modelo de negocio no representa “un tipo de economía socialmente beneficioso”.

Atendidas y Seguras anuncia que se van a llevar a cabo diversas acciones para tratar de impedir que el Decreto sea aprobado en estas condiciones. En primer lugar, a través de una campaña de concienciación que se desarrollará en las propias estaciones de servicio, pero también en las redes sociales y la web www.atendidasyseguras.com.

Puesto que la plataforma estima que “se está imponiendo un modelo (el de los puntos de suministro desatendidos) sin que la sociedad haya recibido la información suficiente sobre lo que ello supondría”.

“Vamos a seguir insistiendo en la defensa legal de lo que consideramos es de justicia y vamos a trasladar la problemática a los grupos políticos con representación en les Corts que así lo deseen, tal y como ya hicimos hace algunos meses, sin descartar otro tipo de movilizaciones”, advierten los colectivos unidos en la plataforma.