Bruselas abre expediente a España por las legislaciones autonómicas sobre las estaciones desatendidas
Así, el Ejecutivo comunitario ha enviado una carta al Estado español en la cual se esboza “la valoración jurídica de los mismos y dándole de plazo al Gobierno de España hasta el 8 de julio de este año para que presente sus alegaciones”, informó Aesae.
En una nota de prensa difundida por la Aesae se afirma que las legislaciones denunciadas por este colectivo “constituyen una clara restricción al libre mercado, como así fue ratificado por la CNMC en su informe del 28 de julio de 2016”.
La apertura no prejuzga la decisión final
No obstante, fuentes de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid confirmaron a Estaciones de Servicio que “cuando la Comisión Europea decide admitir a trámite una denuncia, envía una carta que solo confirma que Bruselas estudiará la denuncia. Esta carta se envía al denunciante para informarle de que se estudiará su queja. No prejuzga de su decisión final, ni de la decisión de incoar o no un procedimiento de infracción al derecho comunitario”, una circunstancia que se produce tras el análisis realizado por Bruselas.
Este colectivo enumera las normas autonómicas denunciadas: Navarra, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares y Región de Murcia, así como las que se encuentran en tramitación: Comunidad de Madrid, Principado de Asturias y Extremadura. Posteriormente, añade el colectivo, el 16 de diciembre del pasado año la denuncia se amplió a la modificación del Estatuto del Consumidor de Castilla y León y al proyecto legislativo en tramitación en el País Vasco.
Desde Aesae se afirma que la decisión de la CE de admitir la denuncia “pone de relieve dos hechos fundamentales. Uno, que existen indicios razonables para considerar que las legislaciones autonómicas mencionadas, todas ellas muy similares entre sí, constituyen restricciones relevantes al libre mercado. Y segundo, que la Comisión considera que la denuncia de Aesae presenta un interés político y económico sobresaliente para los intereses de la Unión Europea”.
El colectivo afirma que el objetivo de la apertura del expediente contra España “es determinar si existe realmente una infracción por parte del Reino de España del Derecho de la Unión Europea, e intentar, cuando así sea, ponerle término en esta fase sin tener que recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.
