Afirma que la convalidación del RD publicado en 2001 es inadecuada
El Gobierno de Canarias acudirá al Supremo para tratar de detener las prospecciones petrolíferas
Revista Estaciones de servicio26/03/2012
EESS Digital.- El Consejo de Gobierno celebrado el pasado jueves, 22 de marzo, por el Ejecutivo canario decidió emprender acciones judiciales contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, que autoriza las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago. El Gobierno canario cumplía así el anuncio realizado por el presidente regional, Paulino Rivero, quien hace una semana avanzaba que su gabinete recurriría a la justicia para paralizar las exploraciones concedidas a Repsol.
El argumento jurídico esgrimido por el Gobierno canario ante el Tribunal Supremo se basa en que la convalidación del Real Decreto 1462/2001 es inadecuada, y además, ha solicitado la suspensión cautelar de las autorizaciones hasta que se resuelva el concurso. Esa convalidación adaptaba a la situación actual los permisos concedidos a Repsol por el Ministerio de Industria hace más de 10 años.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha dicho que el Real Decreto 547/2012 degrada el grave defecto apreciado en una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 a un mero vicio formal subsanable mediante la incorporación de las previsiones omitidas en el acto anulado. Y sin embargo, según Marrero, el artículo 67 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común se refiere únicamente a los actos anulables y no a los actos anulados, tal y como es el caso, pues ya existe un pronunciamiento judicial que anula ese Real Decreto 1462/2001.
Bajo el pretendido amparo de un acto de convalidación, en realidad se está otorgando una nueva autorización eludiendo el procedimiento legalmente establecido de adjudicación, al impedir la presentación de ofertas en competencia, ha indicado el portavoz del Gobierno regional.
Marrero ha adelantado además que los servicios jurídicos del Gobierno insular están estudiando más opciones. Asimismo, el portavoz del Ejecutivo regional ha aclarado que de momento, no va a haber una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas tal y como solicitó el Grupo Parlamentario Socialista en el pasado Debate Sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria.
En cuanto a los documentos de subsanación aportados por el Ministerio de Industria, según Marrero evidencian escaso interés por prevenir daños medioambientales, ya que no se analizan las especificidades propias del fondo marino. Asimismo Marrero ha denunciado el grave desconocimiento que hay acerca de la Ley de Hidrocarburos y su regulación sobre la vigencia y extinción de los permisos de investigación.
El argumento jurídico esgrimido por el Gobierno canario ante el Tribunal Supremo se basa en que la convalidación del Real Decreto 1462/2001 es inadecuada, y además, ha solicitado la suspensión cautelar de las autorizaciones hasta que se resuelva el concurso. Esa convalidación adaptaba a la situación actual los permisos concedidos a Repsol por el Ministerio de Industria hace más de 10 años.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha dicho que el Real Decreto 547/2012 degrada el grave defecto apreciado en una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 a un mero vicio formal subsanable mediante la incorporación de las previsiones omitidas en el acto anulado. Y sin embargo, según Marrero, el artículo 67 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común se refiere únicamente a los actos anulables y no a los actos anulados, tal y como es el caso, pues ya existe un pronunciamiento judicial que anula ese Real Decreto 1462/2001.
Bajo el pretendido amparo de un acto de convalidación, en realidad se está otorgando una nueva autorización eludiendo el procedimiento legalmente establecido de adjudicación, al impedir la presentación de ofertas en competencia, ha indicado el portavoz del Gobierno regional.
Marrero ha adelantado además que los servicios jurídicos del Gobierno insular están estudiando más opciones. Asimismo, el portavoz del Ejecutivo regional ha aclarado que de momento, no va a haber una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas tal y como solicitó el Grupo Parlamentario Socialista en el pasado Debate Sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria.
En cuanto a los documentos de subsanación aportados por el Ministerio de Industria, según Marrero evidencian escaso interés por prevenir daños medioambientales, ya que no se analizan las especificidades propias del fondo marino. Asimismo Marrero ha denunciado el grave desconocimiento que hay acerca de la Ley de Hidrocarburos y su regulación sobre la vigencia y extinción de los permisos de investigación.
