Los gasolineros de Baleares piden al Gobierno regional "que acabe con las moda de las low cost"
Revista Estaciones de servicio23/07/2014
Aesba 2171
El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares (Aesba), Jesús Salas, ha anunciado recientemente que la organización empresarial ha pedido al Gobierno regional que siga el ejemplo de otras comunidades autónomas y “acabe con la moda de las gasolineras low cost”.
En opinión de Salas, que hizo estas declaraciones durante la una jornada informativa celebrada recientemente en Mallorca con la colaboración del despacho especializado en energía Aguayo Abogados, permitir las gasolineras desatendidas “es una idea equivocada, pues vulneran los derechos del consumidor, dificultan la presentación de reclamaciones, dejan desasistidos a las personas con movilidad reducida que no puedan cargar combustible sin ayuda, etcétera”.
Salas ha indicado que Aesba está trabajando “para que la competencia sea libre, pero con las mismas reglas de juego, pues estos chiringuitos no tienen personal y si se trata de jugar a esto jugaremos todos”.
Por su parte, Mariano Aguayo, socio director de Aguayo Abogados, ha indicado que “los argumentos jurídicos que tenemos contra estas instalaciones se basan en los derechos de los ciudadanos, pues no garantizan unos servicios y una calidad que hemos conseguido durante todos estos años”.
En opinión de Salas, que hizo estas declaraciones durante la una jornada informativa celebrada recientemente en Mallorca con la colaboración del despacho especializado en energía Aguayo Abogados, permitir las gasolineras desatendidas “es una idea equivocada, pues vulneran los derechos del consumidor, dificultan la presentación de reclamaciones, dejan desasistidos a las personas con movilidad reducida que no puedan cargar combustible sin ayuda, etcétera”.
Salas ha indicado que Aesba está trabajando “para que la competencia sea libre, pero con las mismas reglas de juego, pues estos chiringuitos no tienen personal y si se trata de jugar a esto jugaremos todos”.
Por su parte, Mariano Aguayo, socio director de Aguayo Abogados, ha indicado que “los argumentos jurídicos que tenemos contra estas instalaciones se basan en los derechos de los ciudadanos, pues no garantizan unos servicios y una calidad que hemos conseguido durante todos estos años”.
