“Vamos a reglamentar la Ley 8/2015 para evitar el cierre de estaciones de servicio”

A pesar de su juventud, Guillermo Mariscal (Madrid, 1974) acumula tres legislaturas como diputado del Partido Popular, un periodo en el que ha desarrollado su actividad parlamentaria en diversos ámbitos. En la actualidad es el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Industria, Energía y Turismo en el Congreso de los Diputados, lo que le ha permitido ejercer como ponente del Proyecto Ley de modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos (LSH), que ha dado lugar a la Ley 8/2015, pendiente aún de su desarrollo reglamentario.

A lo largo de la conversación, en la que muestra su sorpresa ante la negativa acogida que ha recibido la citada norma entre los empresarios de las estaciones de servicio, reitera en varias ocasiones su interés en seguir manteniendo contacto con diversos actores del sector para perfilar el reglamento de la citada norma “teniendo cuidado para evitar el cierre de estaciones de servicio”.

Estaciones de Servicio: En julio de 2013 se aprobó la Ley 11/0213 y el pasado mes de mayo la Ley 8/2015. ¿Cuál es el objetivo que persigue la segunda, y por qué no se ha esperado a que los efectos de la primera sean más perceptibles en la distribución minorista de carburantes?

Guillermo Mariscal: El objetivo de la aprobación de ambas normas es el mismo: introducir una mayor competencia en el sector y que ésta propicie una mayor competitividad del mismo. (..)

Entendemos que el hecho de que en algunas provincias o islas un operador mayorista no pudiera superar el 30% de los puntos de venta, tal y como fijaba la 11/2013, era insuficiente. Al observar que ese límite no lograba el objetivo de propiciar una mayor competencia en el sector, decidimos afinar el límite y ligarlo al volumen. El objetivo es el señalado al principio: lograr una mayor competitividad.

Por otra parte, trabajando con el sector, hemos encontrado mucha rigidez en las relaciones que se establecen entre el operador mayorista y el distribuidor minorista. Para romper ese rigidez, hemos introducido la posibilidad de que las estaciones de servicio puedan venderse carburantes entre ellas, con ello lo que pretendemos conseguir es aumentar el número de agentes capacitados para vender carburantes a las estaciones de servicio y así reducir los precios finales. Cuando un nuevo agente entra en el sector de los carburantes, el efecto que tiene sobre los precios de su zona de influencia son evidentes.

Otro de los cambios que consideramos positivos, éste incorporado a la Ley 11/2013, es que la relación contractual entre las operadoras y sus abanderados sea de un año, lo que incrementa el margen de maniobra de las gasolineras. Es cierto que algunos ven en este límite temporal un freno a las inversiones que realizan las operadoras en el sector. Así me lo transmitieron hace unos días (la entrevista tuvo lugar el pasado 16 de julio) el presidente y el secretario general de Aevecar, Rafael Pizarro y Víctor García Nebreda, pero -desde mi punto de vista- se trata de resistencias a cambiar un sistema que, en mi opinión, es extremadamente rígido. El hecho de que el límite sea de un año no impide que se produzcan renovaciones continuadas.

EE:SS: En el sector la idea más extendida es que las condiciones que se obtienen firmando un acuerdo a un año no son mejores que si la relación se alarga en el tiempo. Por otra parte, el riesgo es que la menor inversión de las operadoras en sus respectivas redes abanderadas conlleve una pérdida de calidad en las mismas, con las consecuencias medioambientales y de seguridad que ello conlleva.

G.M: La seguridad y la protección del medio ambiente son dos factores que nos preocupan. De hecho, ese fue uno de los asuntos que tratamos en la reunión con los representantes de Aevecar, que insistieron en los riesgos que podrían suponer, en este sentido, las gasolineras desatendidas. Pero yo no creo que una cosa lleve a la otra.

Por otra parte, no creo que haya una relación directa entre la duración de los contratos y el cumplimiento de la normativa medioambiental. Esa resistencia a los cambios que percibo en el sector, y que es común a la que ofrecen otras actividades económicas, trae consigo que algunos concurrentes esgriman argumentos como éste, que las desatendidas suponen un riesgo para el medio ambiente, pero la legislación está ahí, es muy dura. Una cosa no lleva a la otra.

Lo que debemos intentar es que no se cierren estaciones de servicio, ya que eso supone el deterioro de la actividad económica en su zona de influencia o, incluso, podría generar problemas de abastecimiento en algunos territorios. Habrá que ver cómo se matizan algunos detalles, pero no podemos olvidar que cuando se legisla se hace para todo el país. Así que en el siguiente trámite parlamentario habrá que ver cómo se perfila la ley para evitar problemas de abastecimiento en algunas provincias.

EE.SS: La impresión de gran parte del sector es que el Gobierno ha decidido legislar en este terreno de forma precipitada, sin esperar a que se noten los cambios que las nuevas leyes deberían introducir en el sector. Con respecto a la Ley 8/2015, hay quien duda de que haya tiempo suficiente, en esta legislatura, para desarrollar su reglamento y, además, se teme que las prisas por darle forma empeoren el resultado final.

G.M: No es conveniente legislar pensando en las siguientes elecciones. La responsabilidad que adquiere un gobierno con sus electores y con el país es de cuatro años, un periodo en el que hay que trabajar y legislar. Lo reitero de nuevo, pensamos que es posible incrementar el nivel de competencia en el sector. Por otra parte, creemos que vamos a gobernar en la siguiente legislatura.

Esto sucede en cualquier sector económico en el que se introducen cambios para incrementar la competencia: siempre hay resistencia por parte de los actores que participan en él.

Todo es mejorable. Si el sector considera que esta norma, la Ley 8/2015, puede mejorarse (siempre que se mantenga el espíritu de la ley, que es aumentar la competencia, que es algo que consideramos intocable) lo haremos. A lo mejor algunas de las reglamentaciones que se puedan establecer con posterioridad, o incluso la propia ley... Todo esto se puede seguir trabajando y la legislación se puede cambiar y mejorar continuamente.