La Junta de Extremadura prevé reducir el “céntimo sanitario” a 2 céntimos de euro por litro
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció recientemente a la Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex) su intención de reducir la cuantía del tramo autonómico del impuesto a la venta minorista sobre determinados hidrocarburos (IVMDH), conocido popularmente como “céntimo sanitario”, a 2 céntimos de euro por litro.
En declaraciones a Estaciones de Servicio, el presidente de Aresex, Fernando Mena (quien ha calificado de “detalle hacia el sector” el hecho de que Fernández Vara se reuniera el pasado 6 de agosto con el colectivo empresarial extremeño), ha apuntado que en el encuentro se abordaron dos asuntos considerados de vital importancia para la asociación: la reducción de la cuantía del IVMDH aplicado en la región (que en la actualidad, según Mena, es de 3,8 céntimos de euro por litro) y la necesidad de regular la presencia de empleados en todas las instalaciones extremeñas en las que se venden carburantes de automoción.
Con respecto a la tasa autonómica, Mena ha recordado que supone un grave perjuicio para las estaciones de servicio ubicadas en las autovías y carreteras frecuentadas por vehículos pesados, que logran ahorros de “entre 30 y 40 euros por repostaje” en provincias limítrofes en las que el tramo autonómico del IVMDH es inferior.
Mena ha recordado que, en el inicio de la anterior legislatura, la Junta de Extremadura aplicaba un “céntimo sanitario” que ascendía a 2 céntimos de euro por litro, pero el Ejecutivo regional, presidido entonces por José Antonio Monago, lo incrementó hasta los 4,8 céntimos de euro por litro. A pesar de que a principios de este año el tramo autonómico del IVMDH se redujo en un céntimo de euro por litro, la tasa regional es superior a la de comunidades autónomas limítrofes, lamenta el presidente de Aresex.
En cuanto a las unidades de suministro desatendidas, el presidente de Aresex comunicó a Fernández Vara la existencia de diversos decretos autonómicos (en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Navarra y la Región de Murcia) que prohíben el funcionamiento de este tipo de instalaciones sin la presencia de un empleado.
