La UPI cifra en 150 millones de euros anuales el fraude cometido por operadoras piratas
La Unión de Petroleros Independientes (UPI), colectivo del que forman parte los operadores al por mayor de productos petrolíferos Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, cifra en unos 150 millones de euros anuales el fraude en el que incurren operadores mayoristas “pirata” en diferentes zonas de España, cuyo aumento “está generando una bolsa estable de fraude y pone en peligro el empleo en el sector y los objetivos de sostenibilidad medioambiental”.
La UPI, presidida por Anna Bes, denuncia en una nota de prensa la proliferación de “mayoristas pirata” y exige mejoras en los filtros legales contra este modelo de negocio fraudulento. Estas compañías, “creadas ad-hoc, se constituyen formalmente como operadores al por mayor para, en la mayoría de los casos, desmantelarse al poco tiempo sin liquidar sus impuestos con la Agencia Tributaria”.
UPI lamenta que, además del fraude fiscal, “que reviste fórmulas variadas, estas compañías con frecuencia se liquidan sin llegar a cumplir los porcentajes obligatorios de biocarburantes y la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyos costes también se embolsan antes de desaparecer. De esta forma, las obligaciones medioambientales que incumben al sector quedan también sin cumplir”.
La asociación explica que este tipo de operadoras ilegales suelen ser “pequeñas empresas que, en muchos casos, no cumplen los requisitos legales exigidos a los operadores al por mayor. Estos mayoristas se instalan sin vocación de continuidad, cometen el fraude y desaparecen antes de que la Administración Pública actúe”. A pesar de ello, vuelven a aparecer, “periódicamente”, con distinto nombre “y utilizando testaferros, aunque evidenciando continuidad con sus anteriores apariciones (dirección, directivos, personal, etc.)”.
Desde UPI se denuncia que esta situación es debida a la crisis económica y a la ausencia de control administrativo, “en especial por parte del Ministerio de Industria y del Ministerio de Hacienda, que han contemplado con pasividad el desarrollo de una actividad fraudulenta ‘normalizada’ al amparo de la impunidad que procuran los defectos regulatorios y la parálisis administrativa”.
Ante este fraude y las perjuicios que generan en el sector, así como en las Arcas Públicas, la UPI exige a las autoridades competentes “que tomen ya las medidas necesarias para erradicarlas en el territorio español, pues en los últimos meses -en lo que parece ser un efecto llamada- esta práctica se ha multiplicado y convertido en una bolsa estable de fraude, con técnicas cada vez más variadas y sofisticadas”.
Además, la UPI advierte de que, “además del perjuicio económico inmediato al conjunto de contribuyentes”, este fraude “puede provocar un empobrecimiento de la competencia de la que el mercado tardaría décadas en recuperarse y la vuelta a un oligopolio de las grandes petroleras”.
