Las cooperativas agrarias castellano leonesas solicitan que sus gasolineras no deban contar con personal
La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (UrcaCyL) presentará esta semana ante las Cortes de Castilla y León una Iniciativa Legislativa Popular (IPL), apoyada “con más de 16.000 firmas”, para que se cambie la Ley 1/2016, que -a su vez- modifica el Estatuto del consumidor de la región. En él se obliga a que todos los puntos de venta minorista de carburantes al público cuenten con una persona en sus instalaciones durante su horario de apertura.
Desde UrcaCyL se asegura que “la actividad de distribución de carburantes por las cooperativas tiene como fin prestar un servicio a sus socios y a los habitantes de los municipios en los que están asentados, pero no es nunca su actividad principal”.
El colectivo cooperativista afirma en una nota de prensa que “sorprende que la obligatoriedad de contratar con nuevo personal en cooperativas, que están ubicadas en un medio rural hostil, para seguir desarrollando esta actividad en horario nocturno y de fin de semana, no se aplique a las estaciones de autoservicio ubicadas en autovías y autopistas que tienen garantizada la clientela y que ni siquiera suministran con medios humanos el combustible a los consumidores, ni en horario diurno, ni en nocturno, ni en fin de semana y que a diferencia de las cooperativas no tienen dos o tres surtidores, siendo veinte o treinta, existiendo un único responsable que tan solo está pendiente de la venta de otros productos y del cobro de los servicios”.
UrcaCyL ha iniciado contactos “con todos los grupos parlamentarios de las Cortes regionales, al objeto de darles cumplida información de esta iniciativa que pretende defender los intereses de las cooperativas, de sus socios agricultores y del conjunto de las poblaciones rurales en las que están asentados”.
La iniciativa legislativa popular, que se dará a conocer a los medios de comunicación en una rueda de prensa que se convocará pasado mañana, miércoles 25 de enero, requiere -para poder prosperar- de las firmas de al menos el 0,75% del total del censo de Castilla y León.
