Argentina suaviza su posición con respecto a la posible nacionalización de YPF

El Gobierno argentino ha rebajado el tono de las declaraciones que tanto su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como otros altos funcionarios venían realizando públicamente durante los últimos días y ha dado a entender que podría conformarse con un 30% de las acciones de YPF, una cantidad que dista bastante del 50,01% planteado en el proyecto de ley filtrado el pasado viernes a los medios de comunicación.

Esta rebaja de las pretensiones con respecto a la intención inicial del Ejecutivo argentino se debe tanto a la ofensiva diplomática desplegada por España y sus principales socios comerciales como al hecho de que el documento en el que se trazaban las líneas maestras para la nacionalización de YPF por parte del Estado argentino no se cedían las competencias con respecto a los recursos a las provincias en cuyo subsuelo hay petróleo.

Este segundo frente, el doméstico, será atacado por Cristina Fernández de Kirchner mañana, 17 de abril, cuando mantenga un nuevo encuentro con la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), durante el que podrían delimitarse las medidas que la Administración del país sudamericano pretende adoptar con respecto a la petrolera participada en un 57% por Repsol.

En cuanto a las presiones ejercidas desde fuera de las fronteras argentinas, la lista es casi interminable y comienza con la citación que el ministro español de Asuntos Exteriores formuló el mismo viernes, 13 de abril, al embajador argentino, Carlos Bettini. Durante el encuentro, José Manuel García-Margallo transmitió al diplomático la preocupación y el malestar que los planes de nacionalización de YPF suscitaban en el seno del Gobierno español.

Tras su despacho con Bettini, García Margallo hizo suyas las palabras de su colega en la cartera de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y afirmó que YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España, por lo que cualquier agresión a la petrolera sería considerada como una agresión a nuestro país.

Al titular de Exteriores se unieron Soria, quien el sábado se mantenía en guardia pero afirmaba que la situación parecía encauzarse, después de que el Gobierno español filtrara que la posición beligerante del Ejecutivo de Fernández de Kirchner podría tener serias consecuencias sobre las importaciones de carne y soja procedentes de Argentina.

A los altos funcionarios españoles se unieron las voces de representantes comunitarios, como la del portavoz de la Comisión Europea, Oliver Bailly, quien ha recordado a Buenos Aires que debe cumplir sus compromisos internacionales. El funcionario europeo se ha mostrado firme respecto a la posición de Bruselas, que está del lado de España y seguirá muy atenta los acontecimientos.

Además, Bailly ha advertido de que si finalmente el Gobierno argentino llevara a cabo la nacionalización de YPF, la UE cuenta con los instrumentos alternativos, aunque no ha precisado de qué tipo, aduciendo que el caso se encuentra en un proceso político y que no es definitivo, por lo que de momento no se adoptarán medidas al respecto.