Normativa, seguridad industrial y bios, centraron el debate en Zaragoza
Éxito de las VIII Jornadas Técnicas de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón
Revista Estaciones de servicio19/04/2013
Jornada zaragoza 19 abril
Las VIII Jornadas Técnicas de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AESAR) reunieron ayer en céntrico hotel de Zaragoza a alrededor de un centenar de empresarios de estaciones de servicio que acudieron al acto en busca de respuestas ante la incertidumbre que la publicación del RD-L 4/2013 ha generado en el sector.
La norma fue diseccionada desde todos los prismas posibles por María Spottorno de Zuloaga y Mariano Aguayo, socios de Mariano Aguayo Abogados. Tras el exhaustivo análisis al que los letrados sometieron el texto legislativo, la conclusión parece más que evidente: el cambio legislativo, tal y como está redactado en la actualidad, propicia una verdadera revolución en el sector.
Y es que, tal y como explicaron Spottorno y Aguayo, el RD-L 4/2013 afecta a la inmensa mayoría de los contratos que ligan a gasolineros y petroleras, si bien parece lógico que tras la tramitación parlamentaria de la norma las estaciones de servicio propiedad de las compañías pero gestionadas por un tercero (CODOS) no estarán afectadas por el Real Decreto-Ley.
Y es que, en estos supuestos podemos encontrar el caso de empresarios con concesiones de Campsa que al término del monopolio vendieron por un precio simbólico sus instalaciones a determinadas petroleras a cambio de mantener la explotación de sus negocios. ¿Qué pasará con esos gasolineros? ¿Tienen que irse a su casa cuando pasen 12 meses?, se preguntó Mariano Aguayo durante su intervención.
En el supuesto contrario, algunas petroleras han hecho inversiones muy importantes en determinadas estaciones de servicio que ahora podrían desligarse de ellas. No en vano, según el RD-L 4/2013, en el plazo máximo de un año todos los contratos tienen que estar adaptados a la nueva norma.
Sentido común
No obstante, los abogados del despacho especializado en energía hicieron un llamamiento a la lógica. Estas cosas tendrán que solucionarse con sentido común, no puedo pretender que una petrolera haya invertido más de 100.000 euros en mi estación y querer romper mi relación con ella un año después.
Por eso, Aguayo confía en que la tramitación parlamentaria del RD-L 4/2013 dé lugar a una ley más adaptada a la casi infinita casuística que se da en el sector de las estaciones de servicio. Por su parte, María Spottorno se preguntó qué pasará con las cláusulas de algunos contratos que según la nueva norma son nulas, pero están tan interconectadas con el negocio que anularlas supondría anular el contrato en su conjunto.
El magistrado en excedencia y socio de Mariano Aguayo Abogados, José Ángel Castillo, desgranó las implicaciones urbanísticas de la norma, que prevé un procedimiento administrativo único para solicitar la licencia de apertura de una estación de servicio. En opinión de Castillo, es muy poco probable que cristalice esa pretensión, puesto que tanto Administraciones regionales como locales querrán preservar sus competencias y no permitirán una invasión de las mismas por parte de otros organismos.
En cualquier caso, basándose en su experiencia como magistrado de un juzgado contencioso durante casi una década, Castillo pronosticó que el RD-L 4/2013 iba a provocar un incremento de la litigiosidad. Cada vez que se aprueba una norma de estas, y más cuando se toca el urbanismo, a los jueces les entra un chorro de trabajo espectacular, afirmó el socio del despacho jurídico.
Durante su intervención, Castillo también explicó al centenar de gasolineros presentes en la cita el procedimiento para abrir nuevas estaciones de servicio en centros comerciales, polígonos industriales e incluso estaciones de ITV: Tienen que pedir la licencia, y si a los 45 días no les han contestado, se considerará silencio administrativo positivo y podrán abrir el punto de suministro de carburantes.
Nueva ITC-04
El sector está pendiente además de un cambio en la normativa relativa a la seguridad industrial, pues la nueva ITC-04, cuya tramitación comenzó hace ya dos años, está recibiendo los últimos retoques por parte del Ministerio de Industria.
Zoilo Ríos, vicepresidente de AESAR e integrante del grupo de trabajo ministerial, explicó a sus colegas cómo afectará la norma a sus instalaciones y qué opciones tienen para adaptarlas a los nuevos requisitos, haciendo un interesantísimo y detallado análisis de todas las opciones disponibles.
La jornada culminó con una mesa redonda en la que participaron Mariano Aguayo, Zoilo Ríos, la presidenta de AESAR, Pilar Soto, y Joan Seguí, responsable de BP en la zona noreste. El debate se animó y la heterogénea composición de la mesa enriqueció el coloquio, que continuó durante el cóctel que cerró la jornada.
La norma fue diseccionada desde todos los prismas posibles por María Spottorno de Zuloaga y Mariano Aguayo, socios de Mariano Aguayo Abogados. Tras el exhaustivo análisis al que los letrados sometieron el texto legislativo, la conclusión parece más que evidente: el cambio legislativo, tal y como está redactado en la actualidad, propicia una verdadera revolución en el sector.
Y es que, tal y como explicaron Spottorno y Aguayo, el RD-L 4/2013 afecta a la inmensa mayoría de los contratos que ligan a gasolineros y petroleras, si bien parece lógico que tras la tramitación parlamentaria de la norma las estaciones de servicio propiedad de las compañías pero gestionadas por un tercero (CODOS) no estarán afectadas por el Real Decreto-Ley.
Y es que, en estos supuestos podemos encontrar el caso de empresarios con concesiones de Campsa que al término del monopolio vendieron por un precio simbólico sus instalaciones a determinadas petroleras a cambio de mantener la explotación de sus negocios. ¿Qué pasará con esos gasolineros? ¿Tienen que irse a su casa cuando pasen 12 meses?, se preguntó Mariano Aguayo durante su intervención.
En el supuesto contrario, algunas petroleras han hecho inversiones muy importantes en determinadas estaciones de servicio que ahora podrían desligarse de ellas. No en vano, según el RD-L 4/2013, en el plazo máximo de un año todos los contratos tienen que estar adaptados a la nueva norma.
Sentido común
No obstante, los abogados del despacho especializado en energía hicieron un llamamiento a la lógica. Estas cosas tendrán que solucionarse con sentido común, no puedo pretender que una petrolera haya invertido más de 100.000 euros en mi estación y querer romper mi relación con ella un año después.
Por eso, Aguayo confía en que la tramitación parlamentaria del RD-L 4/2013 dé lugar a una ley más adaptada a la casi infinita casuística que se da en el sector de las estaciones de servicio. Por su parte, María Spottorno se preguntó qué pasará con las cláusulas de algunos contratos que según la nueva norma son nulas, pero están tan interconectadas con el negocio que anularlas supondría anular el contrato en su conjunto.
El magistrado en excedencia y socio de Mariano Aguayo Abogados, José Ángel Castillo, desgranó las implicaciones urbanísticas de la norma, que prevé un procedimiento administrativo único para solicitar la licencia de apertura de una estación de servicio. En opinión de Castillo, es muy poco probable que cristalice esa pretensión, puesto que tanto Administraciones regionales como locales querrán preservar sus competencias y no permitirán una invasión de las mismas por parte de otros organismos.
En cualquier caso, basándose en su experiencia como magistrado de un juzgado contencioso durante casi una década, Castillo pronosticó que el RD-L 4/2013 iba a provocar un incremento de la litigiosidad. Cada vez que se aprueba una norma de estas, y más cuando se toca el urbanismo, a los jueces les entra un chorro de trabajo espectacular, afirmó el socio del despacho jurídico.
Durante su intervención, Castillo también explicó al centenar de gasolineros presentes en la cita el procedimiento para abrir nuevas estaciones de servicio en centros comerciales, polígonos industriales e incluso estaciones de ITV: Tienen que pedir la licencia, y si a los 45 días no les han contestado, se considerará silencio administrativo positivo y podrán abrir el punto de suministro de carburantes.
Nueva ITC-04
El sector está pendiente además de un cambio en la normativa relativa a la seguridad industrial, pues la nueva ITC-04, cuya tramitación comenzó hace ya dos años, está recibiendo los últimos retoques por parte del Ministerio de Industria.
Zoilo Ríos, vicepresidente de AESAR e integrante del grupo de trabajo ministerial, explicó a sus colegas cómo afectará la norma a sus instalaciones y qué opciones tienen para adaptarlas a los nuevos requisitos, haciendo un interesantísimo y detallado análisis de todas las opciones disponibles.
La jornada culminó con una mesa redonda en la que participaron Mariano Aguayo, Zoilo Ríos, la presidenta de AESAR, Pilar Soto, y Joan Seguí, responsable de BP en la zona noreste. El debate se animó y la heterogénea composición de la mesa enriqueció el coloquio, que continuó durante el cóctel que cerró la jornada.
