Patronales, sindicatos y discapacitados se reúnen con el GPS para transmitir su oposición a las desatendidas
Una delegación representantes de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), así como de UGT FICA, CC.OO. Industria y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), mantuvieron el miércoles 15 de febrero un contacto con representantes del Grupo Parlamentario Socialista a quienes trasladaron la necesidad de que se apruebe una legislación nacional que regule la actividad de las gasolineras desatendidas.
A la cita acudieron, entre otros, el presidente de la CEEES, Jorge de Benito; Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio (Fedaes) y vocal de la CEEES; Alejandro Ripoll y Víctor García Nebreda, presidente y secretario general, respectivamente, de Aevecar; Antonio Deusa, vicesecretario general y coordinador del Área Externa de UGT FICA, así como Ángel Marinero, responsable estatal de CC.OO. del sector de estaciones de servicio.
Desde UGT FICA se aboga porque la norma legal de ámbito estatal “debería recoger necesariamente la obligatoriedad de que todas y cada una de las gasolineras de nuestro país, por motivos de seguridad cuenten, al menos, con una persona de servicio las 24 horas para atender al público y, especialmente, a las personas discapacitadas”.
Desde el sindicato, que difundió una nota de prensa informando sobre el encuentro, se añade que la reunión es la primera de un calendario de citas que se mantendrán con los grupos parlamentarios “para trasladar esta problemática con el mismo objetivo”.
Fereclaes denuncia el incumplimiento del Estatuto del Consumidor
Por otra parte, la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio ha llamado la atención al Gobierno autonómico sobre varias gasolineras desatendidas de diversas provincias de la región que no cumplen el Estatuto de los Consumidores, recientemente aprobado por las Cortes regionales, que obliga a la presencia de al menos un empleado que preste servicio a los consumidores mientras el punto de venta de carburantes permanezca abierto.
“Hay algún caso, como la empresa Beroil que expresamente (…) ha manifestado -a través de su presidente, Rodrigo Huidobro- que no piensa cumplir la norma y que no considera obligado tener personal en las gasolineras que gestiona, con el consiguiente peligro para la seguridad de los consumidores”, en particular de aquellos que sufren algún tipo de minusvalía.
Fereclaes “también denunciará a aquellas cooperativas que no cumplen esa norma y que hasta ahora vendían combustible a cualquier persona, fuese o no cooperativista, en instalaciones sin los requisitos mínimos de seguridad y sin personal que atendiese a los clientes”.
“La situación de estas instalaciones es muy peligrosa para la seguridad. A veces están cerca de viviendas y núcleos de población”, declara el presidente del colectivo sectorial, Horacio Sansegundo, quien asegura que hay ocasiones en las que se “ve combustible por el suelo, sin que nadie se preocupe por el grave peligro que conlleva. Los que cumplen la normativa no pueden ser tratados igual que los que no la cumplen”, apostilla.
Por todo ello, Fereclaes solicitará a la Junta de Castilla y León “que se incrementen las inspecciones para hacer cumplir la ley a todas aquellas estaciones de servicio de empresas y cooperativas que no lo están haciendo”.
