Presenta una proposición no de ley en el Parlamento castellano leonés
El GPS de Castilla y León, a favor de que todos los puntos de venta incorporen personal
Revista Estaciones de servicio02/03/2015
Imagen exterior de las Cortes de Castilla y León.
El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León ha presentado recientemente una proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno de la Cámara para que se insta al Gobierno autonómico a realizar las modificaciones legislativas necesarias para que se establezca la “exigencia ineludible” de que los establecimientos de suministro y venta de combustibles dispongan “de personal adecuado” para la atención al consumidor durante su horario de apertura al público.
En un escrito remitido a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Socialista argumenta que las unidades de suministro desatendidas “no cumplen con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento para la distribución al por menos de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla la disposición adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero, cuando establece que “toda estación de servicio o unidad de suministro deberá tener a disposición del público las medidas de comprobación legalmente aprobadas y hojas de reclamaciones de acuerdo con la normativa vigente en materia de defensa de los consumidores y usuarios”.
En su proposición no del ley el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que “las posibilidades de que un consumidor pueda solicitar la hoja de reclamaciones o los instrumentos de medida homologados para garantizar el funcionamiento de los equipos de medición automática, desaparecen en el caso de que no exista personal al que dirigirse ante quien pueda formular la reclamación”.
Asimismo, los socialistas castellano leoneses esgrimen que la ausencia de personal “deja en una grave situación a los consumidores con discapacidades físicas que (…) tendrían serias dificultades para realizar el suministro por sí mismos”. El hecho de que en las unidades de suministro desatendidas no haya personas que cuenten con la formación adecuada hace imposible, en caso de una emergencia, la adopción de “las primeras primeras medidas imprescindibles” destinadas a atenuar la gravedad de cualquier incidente, “compromete seriamente la seguridad de estas instalaciones poniéndose en riesgo la seguridad de los ciudadanos en general y de los usuarios en particular”.
Por último, en este tipo de instalaciones no es posible “la realización de actividades inspectoras sin previo aviso por los organismos competentes, algo que compromete seriamente también la eficacia” de las mismas.
En opinión del Grupo Parlamentario Socialista, “este tipo de establecimientos parecen contrarios a los intereses públicos, de los ciudadanos y de los consumidores; suponiendo, además, la implantación de un modelo en el que se trasladan funciones y responsabilidades que no les debieran corresponder a los usuarios, produciendo directamente un impacto negativo sobre el empleo al que el conjunto de la sociedad no debe ser ajeno”.
“La posibilidad de ofrecer mejores precios a los consumidores a través de la competencia o de la mejora en la gestión”, continúan los socialistas de Castilla y León, “es algo sin duda positivo, pero lo que no resulta admisible es que la mejora de los precios derive de la renuncia a los derechos de los consumidores o de la supresión absoluta de trabajadores”.
En un escrito remitido a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Socialista argumenta que las unidades de suministro desatendidas “no cumplen con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento para la distribución al por menos de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla la disposición adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero, cuando establece que “toda estación de servicio o unidad de suministro deberá tener a disposición del público las medidas de comprobación legalmente aprobadas y hojas de reclamaciones de acuerdo con la normativa vigente en materia de defensa de los consumidores y usuarios”.
En su proposición no del ley el Grupo Parlamentario Socialista sostiene que “las posibilidades de que un consumidor pueda solicitar la hoja de reclamaciones o los instrumentos de medida homologados para garantizar el funcionamiento de los equipos de medición automática, desaparecen en el caso de que no exista personal al que dirigirse ante quien pueda formular la reclamación”.
Asimismo, los socialistas castellano leoneses esgrimen que la ausencia de personal “deja en una grave situación a los consumidores con discapacidades físicas que (…) tendrían serias dificultades para realizar el suministro por sí mismos”. El hecho de que en las unidades de suministro desatendidas no haya personas que cuenten con la formación adecuada hace imposible, en caso de una emergencia, la adopción de “las primeras primeras medidas imprescindibles” destinadas a atenuar la gravedad de cualquier incidente, “compromete seriamente la seguridad de estas instalaciones poniéndose en riesgo la seguridad de los ciudadanos en general y de los usuarios en particular”.
Por último, en este tipo de instalaciones no es posible “la realización de actividades inspectoras sin previo aviso por los organismos competentes, algo que compromete seriamente también la eficacia” de las mismas.
En opinión del Grupo Parlamentario Socialista, “este tipo de establecimientos parecen contrarios a los intereses públicos, de los ciudadanos y de los consumidores; suponiendo, además, la implantación de un modelo en el que se trasladan funciones y responsabilidades que no les debieran corresponder a los usuarios, produciendo directamente un impacto negativo sobre el empleo al que el conjunto de la sociedad no debe ser ajeno”.
“La posibilidad de ofrecer mejores precios a los consumidores a través de la competencia o de la mejora en la gestión”, continúan los socialistas de Castilla y León, “es algo sin duda positivo, pero lo que no resulta admisible es que la mejora de los precios derive de la renuncia a los derechos de los consumidores o de la supresión absoluta de trabajadores”.
