El presidente de Protermosolar dice que la burbuja energética es la del gas natural

Valeriano Ruiz intervino a mediados de noviembre en una mesa redonda junto con Rafael Fernández, magistrado del Tribunal Supremo, y los catedráticos de Derecho Administrativo Estanislao Arana y Francisco López, donde analizaron la situación de inseguridad jurídica que atraviesa el sector de las energías renovables en España.

En la víspera, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, propuso públicamente un nuevo cambio normativo, lo que ha llamado “moratoria solar” para la energía termosolar y fotovoltaica durante los próximos tres años y sustituir los proyectos que se paralizarían por energía eólica. A juicio de Valeriano Ruiz, esta idea es “una frivolidad” que no cabría imaginar en alguien que representa a las grandes compañías y que debería conocer todo lo que supone para España el sector termosolar en captación de inversiones, creación de empleo, generación de riqueza y prestigio para el país por su posición de liderazgo mundial en este campo. A su juicio, una moratoria termosolar supondría afrontar cuantiosas indemnizaciones que acabarían pagando de nuevo los ciudadanos en su factura eléctrica, como siguen pagando la moratoria nuclear décadas después.

Según el presidente de Protermosolar, el gas natural es el causante de la ‘burbuja’ en el sector energético, motivada por el enorme endeudamiento en que incurrieron las grandes compañías para dotarse de centrales de ciclo combinado, una apuesta que el tiempo ha demostrado fallida. Valeriano Ruiz instó durante su intervención a los directivos de las eléctricas a que asuman su responsabilidad y no traten de convertir “su problema” en un “problema nacional” frenando el desarrollo de la energía termosolar en particular y de las renovables en general. En este sentido, destacó cómo las renovables están contribuyendo a rebajar el precio de la electricidad, pero que esa rebaja no se está aplicando en el recibo de la luz a los consumidores y que, por el contrario, las eléctricas siguen obteniendo año tras año enormes beneficios mientras culpan a las renovables del déficit de tarifa.

Actualmente hay 23 centrales termosolares operativas en España, 26 en construcción y 12 a punto de iniciarse, todas ellas en el marco de los 61 proyectos inscritos en el prerregistro de asignación del Ministerio de Industria, regido por sucesivos Reales Decretos. En conjunto supondrán una potencia de 2.525,30 megavatios (MW). Estas centrales implican a unas 1000 empresas, mayormente españolas, que han desarrollado en un 80% la tecnología termosolar, son líderes mundiales del sector y contribuyen a prestigiar la marca España como país.

Numerosos líderes mundiales han reconocido el liderazgo de nuestro país en el sector termosolar, desde el presidente de los EE UU, Barak Obama, hasta el príncipe heredero de Abu Dabi, pasando por el viceprimer ministro chino, Li Keqiang. La paralización del sector termosolar, aparte de proyectar hacia el exterior la imagen de que invertir en España carece de seguridad jurídica porque se uniría a los cambios normativos ya registrados en el sector fotovoltaico, frenaría el liderazgo internacional español en esta tecnología de futuro.

Por otra parte, también hay diversas centrales termosolares promovidas por empresas extranjeras, importantes participaciones de fondos de inversión foráneos en este sector e incluso financiación del Banco Europeo de Inversiones, por lo que una paralización del programa termosolar, tal como preconiza Unesa, multiplicaría la desconfianza hacia España en los mercados internacionales y provocaría una oleada de demandas contra el Gobierno español exigiendo indemnizaciones por el freno a las inversiones en desarrollo.

Se estima que cada central termosolar requiere una inversión de 300 millones de euros, por lo que las pérdidas de dinero y las subsiguientes demandas por daños y perjuicios que se plantearían contra el Reino de España en caso de decretarse una moratoria termosolar como pretende Unesa serían de una enorme cuantía. A estos perjuicios directos habría que añadir otras pérdidas en ingresos para el país y de los empleos generados por el sector termosolar.

El reciente estudio ‘Impacto macro económico del sector solar termoeléctrico en España’, realizado por la consultora Deloitte, demuestra que la riqueza creada por las centrales termosolares, los ingresos generados a la Seguridad Social y a Hacienda y los ahorros económicos por CO2 dejado de emitir y en importaciones energéticas multiplican con creces las primas por producción recibidas. Así pues, el estudio desmonta, por si aún quedaba alguna duda, la ‘leyenda negra’ alimentada desde Unesa e Iberdrola sobre el supuesto efecto de las primas a esta energía renovable en el déficit de tarifa eléctrico. Es más, la energía termosolar comenzó a recibir primas a la generación casi diez años después que otras tecnologías como la eólica, la fotovoltaica, la biomasa y la minihidráulica.

Según dice textualmente la consultora Deloitte, “si se ponen en la balanza los impactos positivos que se derivan de las actividades del sector, llámese contribución al PIB de 1650 millones de euros; generación de 23844 empleos; aportaciones por concepto de cotización a la Seguridad Social, 270 millones de euros; impuestos sobre beneficios de sociedades, 66 millones de euros; IRPF, 71 millones de euros; ahorro en concepto de derechos de emisión, 5 millones de euros; sustitución de importaciones de combustibles fósiles, 24 millones de euros, y posicionamiento de las empresas españolas en el mercado internacional, puede constatarse que las políticas de apoyo a esta tecnología a través de las primas a la generación, que en 2010 supusieron 185 millones de euros, han sido una apuesta eficiente en términos económicos y tecnológicos para España”.

A estas cifras habría que añadir el coste de los subsidios de desempleo medios que el Estado se ha ahorrado de pagar a las 23844 personas que habrían estado sin ocupación de no haberse construido las centrales termosolares y que habría ascendido a 95,6 millones de euros sólo el año 2010, una cantidad equivalente al 51,67% de las subvenciones otorgadas. Dicho de otro modo, por cada euro en primas a la termosolar, el Gobierno se ha ahorrado casi 52 céntimos en subsidios de desempleo.

El número total de personas empleadas por el sector termosolar ascendió a 23844 en el año 2010, especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y con un beneficioso impacto en sectores muy afectados por la crisis, como la construcción, el metal y los montajes industriales. La conclusión de Deloitte es que, si se cumplen los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Energías Renovables (PER), el sector termosolar mantendría este nivel de empleo durante todo el decenio y que sostendría unos 20.000 puestos de trabajo anuales en el año 2020. Asimismo, de mantenerse los apoyos necesarios para alcanzar los objetivos de penetración establecidos en el PER, la contribución al PIB nacional pasaría de los 1650,4 millones de euros de 2010 a los 3516,8 millones en 2020.

Las oportunidades de innovación de las diferentes tecnologías de energía solar termoeléctricas son muy importantes, ya que a pesar de que se trata de una tecnología existente desde los años 80 no es hasta 2006 cuando se ha producido el despegue, principalmente en España y en Estados Unidos. En este sentido, Deloitte subraya que es fundamental establecer incentivos económicos que faciliten el I+D+i, aseguren el progreso de la tecnología y eviten que los proyectos futuros sean una repetición de las centrales actuales. El esfuerzo en investigación del sector termosolar representa el 2,67% de su contribución al PIB, una cifra dos veces mayor que la media nacional e incluso superior a los porcentajes globales en países como Alemania y Estados Unidos. Según el estudio, el desarrollo de esta tecnología en los próximos años dependerá de los resultados que produzcan estos avances, pero también de las señales económicas que reciban los promotores de estas instalaciones, por lo que es “fundamental” que el próximo marco retributivo, definido para las centrales que se construyan a partir de 2014, incentive a realizar las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos de potencia establecidos en el Plan de Energías Renovables (PER).