Eurodiputada del PNV alerta sobre el incumplimiento de España en eficiencia energética y su impacto en la cogeneración
La eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco, Izaskun Bilbao, ha presentado una pregunta escrita a la Comisión Europea destacando el “problema industrial y energético” generado por el incumplimiento de España de la directiva (UE) 2023/1791 sobre eficiencia energética en lo que respecta a la cogeneración. Bilbao subraya que, aunque la directiva europea menciona la cogeneración 132 veces, España no ha cumplido la normativa y ha retrasado la aprobación de parámetros retributivos.
En su pregunta, Bilbao señala que las empresas cogeneradoras en España deben esperar hasta diciembre para recibir los 51 millones de euros que les corresponden por el segundo semestre de 2023, tras un retraso de diez meses. Estos retrasos se vienen produciendo desde 2018, forzando a las cogeneradoras a adelantar grandes sumas de dinero para mantener sus operaciones, lo que es inviable para pequeñas empresas y sectores clave como el papelero, cerámico y aceitunero.
Bilbao resalta que, además de los 51 millones pendientes de 2023, los valores de 2024 siguen sin calcularse, lo que podría sumar un total de 250 millones de euros adeudados. Este retraso ha causado paros en la actividad, expedientes de regulación de empleo y problemas financieros, empujando a recurrir a tecnologías más contaminantes.
La única solución viable es la aprobación de una liquidación extraordinaria antes de fin de año. La eurodiputada denuncia que esta inseguridad jurídica ha llevado a una reducción del 41,55% en la producción de cogeneración en España desde 2019, afectando gravemente a regiones industriales como el País Vasco, donde la cogeneración aporta un 21% al mix energético regional.
Bilbao pregunta si la Comisión Europea es consciente de este problema y si puede intervenir para obligar al Gobierno español a cumplir con sus compromisos regulatorios. La falta de parámetros actualizados se agrava con la demanda de una nueva metodología esperada desde 2021, cuyo dictamen del Consejo de Estado se espera en las próximas semanas. Esta nueva normativa permitirá ajustar los parámetros retributivos y dar un respiro a un sector afectado por la crisis energética y la inseguridad regulatoria. Además, las subastas de 1.200 MW comprometidas en el PNIEC siguen sin convocarse, afectando a la viabilidad futura del sector.
