El sector eléctrico defiende intervenir los precios del gas para frenar el de la luz

Madrid, 13 mar (EFE).- El sector eléctrico es favorable a intervenir el precio del gas, al que responsabiliza de la subida de los precios de la electricidad, pero no de medidas de intervención en el mercado eléctrico (como poner topes en los precios a que se puede casar la energía) o detraer a las eléctricas los beneficios obtenidos por el alto precio del gas.

La Comisión Europea (CE) ha abierto esta semana la puerta a intervenir el precio del gas, que se ha disparado a máximos históricos y que ha llevado también a récords los precios eléctricos en el mercado mayorista, así como a otro tipo de medidas, que había rechazado hasta la fecha y que ahora, ante los efectos de la guerra en Ucrania, ha pasado a considerar.

Entre ellas, está la posibilidad de topar precios en los mercados energéticos mayoristas, así como la de que los países de la Unión Europea (UE) puedan recuperar parte de los «beneficios caídos del cielo» que obtienen las compañías eléctricas en el mercado mayorista.

Con el término «windfall profits» o «beneficios caídos del cielo», se ha venido a denominar los ingresos extraordinarios que obtienen en el mercado mayorista las tecnologías que no consumen gas ni derechos de emisiones de CO2, pero que cobran el mismo precio que la última central que logra casar su oferta con la demanda para una determinada hora en el mercado mayorista, que es la más cara y que en muchos casos son los ciclos combinados de gas.

La CE dice que «los estados miembros pueden considerar impuestos temporales sobre los beneficios caídos del cielo» de las empresas eléctricas, siempre que no sean retroactivos y permitan a los productores de electricidad cubrir sus costes y proteger el mercado a largo plazo.

Con ello, calcula que habría un potencial de ingresos para las arcas públicas de 200.000 millones de euros.

MEDIDAS YA IMPULSADAS

El Gobierno español ya ha impulsado iniciativas para recortar esos «beneficios caídos del cielo», como un proyecto de ley que envió al Congreso para minorar los ingresos que obtienen las centrales (hidráulicas, nucleares y parques eólicos que comenzaron a operar antes de 2005) que no tienen que pagar derechos de emisiones de CO2.

Además, en septiembre aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para mitigar el impacto de la subida del gas en los precios de la luz y el gas para los consumidores, y en él incluyó una minoración hasta el 31 de marzo del exceso de retribución que obtienen las centrales hidráulicas y renovables sin retribución específica gracias al precio del gas, que ellas no utilizan.

La minoración sólo tiene en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/megavatio hora (€/MWh) -precio medio del gas en los últimos años- y se las detrae el 90 % de los ingresos extraordinarios.

Tras ser convalidado en el Congreso de los Diputados, se introdujo una exención por la que quedaba exenta de la minoración la energía contratada a plazo con un precio fijo y una cobertura superior a un año.

Los titulares de las instalaciones deben acreditar la sujeción de esa energía a un instrumento de contratación a plazo, presentando al operador del sistema mensualmente una declaración responsable, que luego comprueba el regulador, la CNMC.

La minoración que se puso en marcha se hizo con carácter temporal y su vigencia expira el 31 de marzo, con lo que tendría que ser prorrogada antes de que acabe el mes.

INTERVENIR EL PRECIO DEL GAS PODRÍA ABARATAR 300 EUROS LA LUZ

Ante las indicaciones de la CE de esta semana, el sector eléctrico es favorable a la intervención del precio del gas, pues evitaría el encarecimiento general de los precios, incluida la electricidad.

Fuentes del sector calculan que limitar el precio del gas en la generación eléctrica, que consume aproximadamente el 10 % del gas total, tendría un impacto directo en el mercado mayorista, que marcó un máximo histórico en España el pasado 8 de marzo, con 544,98 €/MWh de media diaria.

Según las mismas fuentes, con un límite de coste del gas de 80 euros (precios previos a la guerra de Ucrania), la electricidad podría situarse en torno a los 180 euros, lo que supondría un abaratamiento del mercado diario mayorista de más de 300 euros.

Asimismo, señalan que, según analistas, ese techo en el precio del gas, que sería temporal, a escala europea y vinculado a la situación de crisis, podría suponer un ahorro en la UE de unos 400.000 millones de euros.

ELÉCTRICAS DICEN QUE MINORAR LOS BENEFICIOS NO SOLUCIONA NADA

Las mismas fuentes indican que otro tipo de medidas, como la minoración de los beneficios caídos del cielo, ya se ha comprobado que no abaratan los precios.

Aunque en el sector se reconoce que la CE ha asumido tesis defendidas por España, señalan que lo ha hecho con muchas matizaciones, pues contempla actuar sobre los ingresos extraordinarios por el alza del gas, pero no sobre los derechos de CO2.

Además, señalan que la CE ha establecido que la minoración no podrá afectar a energía que haya sido previamente vendida a plazo a través de contratos bilaterales, algo que recuerdan que España ya tuvo que rectificar en su real decreto-ley.

Las medidas a las que la CE abre la puerta para evitar el contagio de los precios del gas a los eléctricos han sido celebradas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según dijo el miércoles, las soluciones pueden venir por dejar al gas fuera del mercado eléctrico, o bien por poner un tope a las ofertas que se pueden presentar en el mercado mayorista de electricidad.

La «tool box» o caja de herramientas presentada por Europa llega en un momento en que el Gobierno, que ya estableció medidas para frenar el alza de los precios de la luz, tiene que renovar algunas de ellas.

La rebaja del IVA y de otros impuestos en la factura de la luz se prorrogó para el periodo enero-abril, mientras que la suspensión del impuesto al valor de la producción eléctrica del 7 % está vigente hasta final de este mes.

También tendría que renovarse la limitación de las subidas que puede haber en la tarifa regulada de gas, aprobada en septiembre por un periodo de seis meses.

El ministerio ha aguardado a que la CE sacase su comunicación para frenar la subida de los precios de la energía, acrecentada por la guerra de Ucrania, para ver el margen que le abre para lanzar nuevas medidas adicionales.

Por otro lado, el Gobierno tiene pendiente convocar la primera subasta de contratos de venta de electricidad a largo plazo de energía, que se quería celebrar antes de que acabara 2021 y en las que los grupos empresariales dominantes (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) estarán obligados a ofertar electricidad.

Algunas han mostrado su oposición a esa subasta, pues dicen que la energía que se les quiere obligar a subastar está ya vendida a clientes, a los que tendría que cancelar los contratos que tienen para poder atender la subasta, y esperan que el principio de la CE de que no se actúe sobre la energía vendida previamente lo evite.

Cuando se anunció la subasta, se contemplaba que las compañías ofertaran 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3 % de la demanda eléctrica nacional de 2020.