Ribera asegura que jamás impulsará medidas contrarias al derecho europeo

Madrid, 30 ago (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que, para abaratar el precio de la luz, el Gobierno «jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario».

Ribera ha señalado que la reciente propuesta de Unidas Podemos, en la que se recoge establecer un precio fijo para la energía nuclear y un máximo para la hidroeléctrica con la meta de abaratar la factura de la luz, es contraria al marco europeo y tendría un problema práctico importante, además con un alto grado de litigiosidad.

«Debemos respetar el marco del derecho comunitario y del derecho constitucional, lo contrario sería enormemente arriesgado por atractivo que pueda resultar en el corto plazo», ha advertido este lunes en su intervención en la comisión extraordinaria de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

A su juicio, «no hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido empresarial de España, ya que acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, multas y sanciones más intereses».

Ribera ha recordado que hay algunos elementos básicos en el marco comunitario, que son esencialmente cuatro: una «prohibición expresa» de establecer precios mayoristas regulado, de fijar precios máximos o mínimos y de discriminar por tecnologías el acceso al mercado mayorista, además de la obligación de aplicar el principio de precios marginales.

Para la ministra, es importante entender que la legislación nacional debe respetar el derecho europeo vigente, por lo que las medidas que se adopten para atenuar los efectos disfuncionales en el mercado mayorista marginalista deben ser compatibles con estas disposiciones de derecho comunitario.

El Gobierno dará «batalla política» en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aun a costa de los beneficios de las compañías.

Entre ellos, ha destacado la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad y la participación de los ciudadanos en el dividendo de CO2 (dióxido de carbono).

En cuanto a los cambios en la tarifa regulada, ha apostado por reducir su «dependencia de un mercado volátil como el mayorista» y, para ello, ir «integrando cestas de indicadores más estables» con el fin de propiciar «horquillas de precios más estables, menos volátiles».

Para Ribera, también es fundamental para reducir el tamaño del mercado mayorista impulsar el autoconsumo o la posibilidad de venta de los autoconsumidores.

Asimismo, se necesita revisar la fiscalidad de la energía, lo que significa una modificación estructural notable, «pero no se puede esperar tenerlo todo resuelto ante episodios de enorme volatilidad».

En su opinión, el Gobierno tiene que reaccionar con agilidad como lo hizo con una suspensión provisional del impuesto a la generación eléctrica del 7 % para el tercer trimestre y que ampliará al último de 2021, además de con una modificación provisional del tipo del IVA hasta el final del año.

ACUSA A LAS HIDROELÉCTRICAS DE NO MOSTRAR «NINGUNA EMPATÍA»

Ribera ha acusado a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar «ninguna empatía social», ya que su gestión ha propiciado el precio más alto de la luz durante más de la mitad de las horas a lo largo de los últimos meses.

La hidroelectricidad ha marcado el precio del mercado marginalista en un 65 % de las horas en junio; un 64 %, en julio, y un 59 %, en agosto, cunado evidentemente no interioriza ni coste por combustible fósil ni coste por CO2, ha detallado.

«Sabemos que es muy probable que lo que han hecho es perfectamente compatible con el diseño mayorista, con la posibilidad de interiorizar el coste de oportunidad», ha señalado.

«Imaginamos que, a pesar de la escandalosa reducción de algunos de los volúmenes de agua embalsada, en prácticamente un 70 % en seis semanas, no es descartable que eso sea compatible con las clausulas concesionales que rigen la relación entre la administración y el concesionario». «Y, sin embargo, esto no es razonable de ninguna de las maneras», ha agregado.

«Del mismo modo que señalamos la empatía social de las compañías eléctricas durante el confinamiento, aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social», ha lamentado.

Según Ribera, «aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa». Muchas de estas compañías tienen entre sus accionistas fondos de inversión que responden por los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, ha explicado.

Ribera confía en que este comportamientos «se vaya corrigiendo, sin perjuicio de que el Gobierno tomara las decisiones pertinentes y, en concreto, está trabajando ya en la aplicación del artículo 55 de la ley de Aguas, buscando de qué modo la ordenación de agua también pueda contar con una regulación que permita poner orden a esto que, en todo caso, es indeseable».

CREAR UNA COMISIÓN DE ESTUDIOS

La vicepresidenta tercera ha apoyado, asimismo, la posibilidad de crear una comisión parlamentaria de estudios que trabaje también de manera no permanente sobre el análisis, el impacto y el modo en el que funciona el sistema eléctrico español.