El Gobierno de Canarias lleva las prospecciones petrolíferas al Tribunal Supremo
El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias ha decidido este jueves iniciar acciones judiciales contra el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo que autoriza las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, tal y como avanzó el martes en el Debate Sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero.
El argumento jurídico del Gobierno ante el Tribunal Supremo (TS) se basa en que la convalidación del Real Decreto 1462/2001 es "inadecuada", y además, ha solicitado la suspensión cautelar de las autorizaciones hasta que se resuelva el concurso.
El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, ha dicho que se "degrada" el "grave defecto" apreciado en una sentencia del TS de 2004 a un mero "vicio formal" subsanable mediante la incorporación de las previsiones omitidas en el acto anulado.
Según Marrero, el artículo 67 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común se refiere "únicamente a los actos anulables y no a los actos anulados", tal y como es el caso, pues ya existe un pronunciamiento judicial que anula ese Real Decreto 1462/2001.
"Bajo el pretendido amparo de un acto de convalidación, en realidad se está otorgando una nueva autorización eludiendo el procedimiento legalmente establecido de adjudicación, al impedir la presentación de ofertas en competencia", ha indicado.
El portavoz avanzó que el recurso se presentará "en cuanto esté listo" por los servicios jurídicos y que se están estudiando "más opciones", aparte de aclarar que "de momento", no va a haber una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas tal y como solicitó el Grupo Parlamentario Socialista en el pasado Debate Sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria.
Marrero ha dicho que los documentos de subsanación aportados por el Estado evidencian "escaso interés" por prevenir daños medioambientales, ya que no se analizan las "especificidades" propias del fondo marino.
INTERÉS PÚBLICO
En esa línea, ha comentado que desde 2004 –cuando falla el TS– no ha habido "interés público" por este asunto, y que hay un "grave desconocimiento" de la Ley de Hidrocarburos y su regulación sobre la vigencia y extinción de los permisos de investigación.
"Se hacen revivir en el tiempo permisos que ya habrían caducado al haber transcurrido sobradamente los plazos máximos establecidos para la realización de las actividades autorizadas", ha subrayado.
