Según el estudio 'Low Carbon Economy Index: Is Paris possible?'
Creciente importancia de la gestión del carbono en las decisiones de inversión
La economía mundial logró reducir la intensidad de sus emisiones de carbono un 2,6% en el 2016, lo cual supone una considerable mejoría respecto al 1% anual que se registraba hasta el año 2014. Así lo refleja la novena edición del estudio 'Low Carbon Economy Index: Is Paris possible?', elaborado por PwC, que recoge la evolución de los países del G20 en la reducción de las emisiones de carbono de sus economías.
Pablo Bascones Ilundáin. Director de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC.
Sin embargo, tengamos en cuenta, tal y como se observa en el gráfico 1, que la intensidad de emisiones (medida en términos de tCO2/unidad de PIB) se encuentra muy lejos del 6,3% de reducción anual requerido para no superar los 2°C fijados en el Acuerdo de París, habiendo sido de apenas el 1,4% en los últimos 16 años. En caso de aplicar los objetivos que los países del G20 presentaron en París, estaríamos hablando únicamente de una tasa de descarbonización del 3%, por lo que, aun considerando dichos compromisos, el esfuerzo debe duplicarse si queremos no llegar al límite de los 2°C. Es indudable que lograr este objetivo pasa por conseguir un cambio radical del modelo productivo.
Figura 1. La intensidad de emisiones se encuentra muy lejos del 6,3% de reducción anual requerido para no superar los 2°C fijados en el Acuerdo de París.
Según el informe, la economía española es una de las que más han reducido su intensidad energética. Tanto en 2016 -con un 5,8%-, como en lo que va de siglo -con un 2,4%-, su tasa de reducción de emisiones se sitúa por encima del promedio mundial –que fue del 2,6% y el 1,4%, respectivamente-. En términos absolutos también está entre los países menos carbonizados, como consecuencia, sobre todo, del aumento de la proporción de las energías renovables en el mix energético nacional. De cara al futuro, la economía española deberá centrar sus esfuerzos conseguir una tasa de reducción anual media del 3,2% para 2030.
Con este escenario, se abre un mundo de riesgos y oportunidades en materia de gestión del carbono para las empresas, que ha sido acogido con gran interés por parte de la comunidad inversora. Los inversores demandan cada vez mayor transparencia en la gestión de aspectos extra financieros (gobierno corporativo, gestión ambiental, relaciones con las comunidades, etc.). De hecho, actualmente, más de un 52%1 de los activos financieros europeos consideran criterios ESG2 (Ambientales, Sociales y de Buen gobierno, en sus iniciales en inglés) en su toma de decisiones.
En este contexto de creciente demanda de transparencia por parte de los inversores, un hito destacado en materia de cambio climático lo constituye la divulgación por parte del Grupo de Trabajo Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, dependiente del Comité de Estabilidad Financiera del G-20 (G20 Financial Stability Board, FSB), de una serie de recomendaciones dirigidas a las empresas cotizadas sobre la gestión y el reporting de los riesgos de cambio climático, considerando entre estos riesgos de tipo financiero, reputacional, de mercado, físico, regulatorio y tecnológico, como se detalla en la figura 2.
Figura 2. Riesgos de cambio climático, según Grupo de Trabajo Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Fuente: PwC.
De esta forma, el TCFD establece recomendaciones en los ámbitos de: la gobernanza del cambio climático, elevando la misma al nivel del Consejo de Administración; las implicaciones financieras del cambio climático y la estrategia de respuesta de la organización; los mecanismos de evaluación y gestión de los riesgos de cambio climático y los objetivos de cambio climático y métricas de seguimiento planteadas para el cumplimiento de los mismos.
Estos cuatro ámbitos de actuación hasta ahora han sido trabajados en la mayor parte de las organizaciones de una forma superficial, pero conviene no subestimar la importancia de estas recomendaciones, ya que la lista de más de 240 entidades que apoyan las recomendaciones incluyen no solo a grandes multinacionales que gestionan de forma conjunta activos valorados en más de 5 billones y sus ventas globales superan los 700.000 millones de dólares, sino también a 150 de los principales inversores a nivel internacional. De hecho, y aunque se trata de una iniciativa voluntaria, algunos de estos inversores, tales como Aviva o Blackrock, han anunciado, incluso, que votarán en contra de los informes y cuentas anuales de aquellas empresas (así como de sus consejeros) que no adopten las recomendaciones del grupo de trabajo.
1Global Sustainable Investment Alliance, 2017.
2ESG: Environmental, Social and Governance.
