APPA denuncia una grave discriminación hacia las renovables en la nueva regulación eléctrica
13 de julio de 2012
Según las filtraciones que han llegado a los medios de comunicación, las tasas impuestas a las energías renovables del régimen especial son claramente discriminatorias respecto a las establecidas para el régimen ordinario. Estas tasas adicionales para los proyectos recientes con alto grado de apalancamiento, supondrán un grave perjuicio económico que, sumado a los recortes retroactivos de 2010, llevará a la quiebra a numerosas empresas.
Nucleares y grandes hidráulicas, según las palabras del ministro Soria, aumentarían la vida útil en diez y veinte años respectivamente a cambio de las tasas impuestas, lo que supone un mínimo de 60.000 millones de euros de facturación para las empresas propietarias en este tiempo. Este volumen de negocio excede ampliamente los recortes anunciados para estas tecnologías.
Aquellos proyectos renovables que se hayan financiado según la modalidad de ‘project finance’ otorgan al propietario la posibilidad de devolverlos a la entidad financiadora por lo que, con las nuevas tasas contempladas por Industria, los proyectos con pérdidas podrían agravar los problemas de financiación de la banca española.
Las medidas barajadas no resuelven los graves problemas de nuestro sistema eléctrico: alta dependencia de las importaciones, sistema de tarifas opaco, falta de competencia, … y vuelven a dejar de manifiesto las políticas improvisadas que han caracterizado al Ministerio de Industria desde hace años.
Las recomendaciones realizadas a finales de mayo por el Consejo Europeo a nuestro país, en las que señalaba los excesos retributivos a nucleares y grandes hidráulicas y la falta de competencia como origen del déficit tarifario, no han calado en el Ministerio, dado que el ministro Soria sigue culpando injustificadamente a las renovables de la creación del déficit tarifario en sus declaraciones. El Consejo Europeo señalaba en su comunicación que la actual moratoria a las energías renovables impediría a España alcanzar sus objetivos vinculantes para 2020 y mantendría una dependencia energética de las importaciones muy superior a la media europea.
José Miguel Villarig, presidente de APPA, ha valorado muy negativamente las medidas de la nueva regulación filtradas a los medios, “estamos en contra de nuevos gravámenes a las energías renovables que, en todo caso, debería aplicarse sobre los beneficios obtenidos. La nueva regulación beneficia claramente a aquellas centrales que ya están amortizadas y condenan definitivamente al sector renovable. No era suficiente con una moratoria a las energías renovables, condenando nuestro futuro, sino que también se contemplan gravámenes adicionales a los recortes retroactivos, acabando con nuestro presente”. “El discurso del ministro parece ignorar que en el año 2008, cuando las primas comienzan a tener importancia, el déficit tarifario ya superaba los 15.000 millones de euros”, ha concluido Villarig.