El Congreso de los Diputados aprueba la obligación de biocarburantes para España
9 de julio de 2007
“Aunque la nueva Ley representa un paso adelante, lamentamos que el objetivo fijado para 2008 sea únicamente indicativo y, además, muy inferior a la capacidad de producción de la industria española de biocarburantes, que permitiría alcanzar un 4,25 por ciento del mercado en 2008”, asegura Roderic Miralles, presidente de APPA Biocarburantes. Igualmente, considera que se debería haber establecido un objetivo más ambicioso para 2010, como ya han hecho Francia o Alemania.
Obligación y bioetanol
La norma ahora aprobada no establece de manera explícita dos bandas separadas de obligación de consumo en favor del bioetanol y del biodiésel, lo que, de no ser corregido por el Gobierno en el desarrollo de la LSH, afectará muy negativamente al crecimiento de la industria española de bioetanol, que vería cerrado un mayor y fundamental acceso al mercado nacional, dada la injustificada negativa de los operadores petrolíferos dominantes a comercializar mezclas directas de gasolinas con bioetanol.
España es el segundo productor europeo de bioetanol, una tecnología en la que la industria nacional es un líder mundial y que ha demostrado su eficacia como herramienta para luchar contra el cambio climático, mejorar la calidad del aire y aportar mayor eficiencia energética en el transporte, utilizando para ello materias primas autóctonas en España y la UE.
APPA confía en que Gobierno no se aparte de esta tendencia mundial. De lo contrario, la continuidad de algunas de las cuatro plantas de bioetanol actualmente existentes en España se vería seriamente amenazada, al tiempo que diversos proyectos avanzados de nuevas factorías quedarían en el aire.
Mezclas de biocarburantes y combustibles fósiles en gasolineras
Al hilo del inminente despliegue reglamentario de la obligación de biocarburantes, APPA quiere expresar su oposición a que se prohíba a las gasolineras la realización de mezclas de biocarburantes con gasolinas o gasóleo, tal como pretenden interesadamente las petroleras. No deja de ser sorprendente que estas empresas aludan a la falta de adecuación de esos establecimientos para controlar la calidad de las mezclas, cuando la gran mayoría de las estaciones de servicio son de su propiedad, o abanderadas, y podrían gestionar esa adecuación con bajos costes y asegurando la calidad.
El ejercicio de este derecho de mezcla de biocarburantes en gasolineras, reconocido hace ahora casi un año en la legislación española (Real Decreto 774/2006), ha abierto nuevas posibilidades para la comercialización de biocarburantes que no tendría sentido cercenar ahora. Su supresión, que pondría en peligro las inversiones ya realizadas o planificadas, carece de justificación, ya que no se conoce la aparición de problemas con la calidad de los carburantes que puedan ser achacables a esta medida.