Appa valora muy positivamente los logros y los avances de la Mesa de Biocarburantes

Por el lado del bioetanol, las dos partes han considerado que los elevados precios de los cereales para esta temporada -debido a factores exógenos, coyunturales y ajenos tanto a productores de biocarburantes como agricultores- desaconsejaban el establecimiento de un contrato tipo, pero ello no ha impedido que se llegue a un acuerdo sobre los principios generales que deberán articularlo en el futuro. Ello no evitará que este año también se firmen contratos para bioetanol, aunque no estén homologados.

La Mesa de los Biocarburantes, en la que tienen asiento Appa, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España y las organizaciones profesionales agrarias UPA, Asaja y Coag, tratará próximamente otros aspectos como el potencial de los cultivos energéticos en España o la I+D aplicada a las diversas especies vegetales y los procesos de transformación.

También se abordará la Obligación de Biocarburantes, una medida legal impulsada por Appa que consiste en que los suministradores de gasóleos y gasolinas deban alcanzar un porcentaje creciente de biocarburantes sobre el total de sus ventas. “Appa -comenta Miralles- considera que la introducción de la Obligación con un porcentaje tanto para bioetanol como para biodiésel es una medida fundamental. Appa Biocarburantes se congratula de que el Mapa haya ratificado una vez más su apoyo a esta iniciativa”.

Esta propuesta incumple el marco legal de estabilidad actualmente

vigente por el que se garantiza la seguridad de las inversiones comprometidas y se impide la consecución del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER), aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 2005.

El nuevo régimen retributivo propuesto reduce la rentabilidad de la gran mayoría de las instalaciones de generación a niveles muy inferiores a los establecidos y hace inviables las inversiones en el grueso de las instalaciones futuras. Con ello se paralizan los planes industriales de distintas comunidades autónomas y se empuja a las empresas a la deslocalización para desarrollar sus negocios en países con menos riesgo regulatorio.

Resulta irónico que mientras Europa liberaliza las tarifas eléctricas, la propuesta del Ministerio supone expulsar las tecnologías renovables el producción de electricidad del mercado.

Con una situación tan grave, las patronales convocarán a las organizaciones sindicales, partidos políticos, sector financiero y demás agentes implicados en el sector, a una reunión informativa sobre la iniciativa gubernamental y sus más que previsibles efectos.

En consecuencia, Appa y AEE solicitan al Ministro de Industria la inmediata paralización del proceso reglamentario en curso, al tiempo que recuerdan que habían propuesto unas opciones de retribución que han sido absolutamente ignoradas.

Las asociaciones representativas del sector consideran que la reforma anunciada por el Gobierno para primar la estabilidad y la rentabilidad de las inversiones, es contradictoria y gravemente confusa, y discrepa radicalmente con el contenido real de la propuesta al desatender las necesidades reales del sector formulada recientemente.

El sector valora con la máxima preocupación los efectos de dicha propuesta sobre las inversiones en marcha que reduce la rentabilidad para las inversiones comprometidas a niveles inferiores a los acordados en la regulación vigente y aboca a la inviabilidad de las futuras. Los parámetros de costes y rentabilidades que inspiran el proyecto de Real Decreto son gravemente erróneos y no tienen en cuenta los costes reales y las producciones de las nuevas instalaciones.

La propuesta no permitirá el cumplimiento de los planes del Gobierno para alcanzar la potencia prevista en el Plan de Energías Renovables 2005- 2010 al verse gravemente afectado el proceso inversor en marcha para las nuevas instalaciones, y apunta a que dicha errónea decisión puede costar al consumidor español mas de 1.000 millones de euros por las mas de 50 millones de toneladas de CO2 que se emitirían en sustitución de los 9.000 MW eólicos pendientes de instalación y de otras energías renovables afectadas, además de las sanciones que procedan por parte de las autoridades de la UE que se trasladarán directamente a la facturación eléctrica.

El proyecto se enmarca dentro de un paquete de medidas que en cambio favorece el aumento de los precios de la electricidad de origen contaminante.

En una primera valoración, no se aprecia ningún cambio significativo en la posición mantenida por el anterior equipo ministerial, que se había propuesto paralizar el proceso inversor futuro de las energías renovables, y desincentivar la participación en el mercado de la electricidad de las renovables actualmente existente, para relegarlo a un régimen de subsidio sin ninguna señal de incentivo para su desarrollo tecnológico.

El sector anuncia que de no rectificarse profundamente la orientación de la propuesta se aboca a una grave crisis en uno de los sectores industriales más dinámicos y emblemáticos de España en el contexto internacional.

España ocupa la segunda posición mundial en el desarrollo de las energías renovables y cuenta con dos empresas entre los cinco primeros fabricantes de turbinas mundiales.

La pasada semana, la Comisión presentó un paquete de propuestas para el futuro energético de la Unión Europea (UE) en el que destaca el enorme impulso que tienen que recibir las fuentes de energía renovable en los próximos años. Para el Ejecutivo comunitario, las renovables deberán cubrir el 20 por ciento del consumo energético continental en 2020.

Este objetivo -bienvenido, ya que sería obligatorio por primera vez en todo el territorio comunitario-, está lejos del alcance de la gran mayoría de los países miembro, pero no de España, puesto que reúne casi todos los elementos que la Comisión considera necesarios para alcanzarlo; en la UE, únicamente Alemania, Suecia y, en menor medida, Hungría, están en mejor situación que nosotros, y nuestra posición es lo suficientemente sólida como para, con voluntad política, permitirnos alcanzar el vigente objetivo de 2010: cubrir un 12 por ciento del consumo bruto de energía con fuentes renovables.

Merece la pena destacar que la propia Comisión indica que alcanzar ese 20 por ciento en 2020, sin tener en cuenta la externalización de los costes que hacen los combustibles fósiles -aspecto denunciado como una de las barreras que lastran el desarrollo de las renovables-, tendrá un impacto prácticamente neutro sobre la economía si los precios del crudo rondan los 78 euros alcanzados durante 2006, ya que se evitará la importación de 250.000 millones de toneladas de petróleo, así como la emisión de 700 millones de toneladas de CO2. Adicionalmente, el empleo mantendrá el impulso que ya registra en la actualidad.

En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario considera apropiado que los biocarburantes cubran un 10 por ciento del mercado de combustibles de automoción en 2020, que es un objetivo muy inferior al 15 por ciento demandado por la industria. Para conseguirlo, se indica que implantar la 'Obligación de Biocarburantes' -obligar a las empresas suministradoras a incorporar biocarburantes en el conjunto de combustibles fósiles que distribuyen en el mercado-, ya adoptada por varios países, pero no por España, es una de las medidas más adecuadas.

“La Comisión Europea se asombra del magnífico desarrollo de las renovables en nuestro país y nos pone como modelo, junto a Alemania, de lo que se tiene que hacer para alcanzar los objetivos previstos -dice José María González Vélez, presidente de Appa- y eso es algo que el Gobierno tiene que escuchar, ahora que está revisando la normativa de referencia del sector y pretende instaurar unas condiciones que empeoran las actuales. No tiene sentido sustituir un sistema que es objeto de alabanzas en Europa; más bie hay que actuar sobre la demanda, tal y como señalan desde Bruselas. En cualquier caso, si el nuevo marco regulatorio finalmente es retroactivo, se acabará la seguridad jurídica, se dará al traste con el ritmo de crecimiento actual y será imposible cumplir los objetivos”.

“Por otro lado -sigue González Vélez- la Comisión, como viene siendo habitual, peca de parca; da un diagnóstico correcto de la situación y propone medidas positivas, pero insuficientes y poco ambiciosas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo reclamó hace escasas semanas que en 2020 las renovables deban cubrir el 25 por ciento del consumo energético de la Unión. Este objetivo concuerda mucho mejor con las posibilidades de las energías renovables en el continente. Esperemos que la decisión final, que deben tomar los jefes de Gobierno en el Consejo de Europa, vaya en esta dirección”.