CNC denuncia los abusos de las administraciones en la contratación de medios propios

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denuncia que el abuso en la contratación de medios propios por parte de las distintas administraciones públicas en España está quebrando la libre competencia empresarial y reduciendo drásticamente el número de empresas que concurren a las licitaciones, lo que en estos momentos supone una seria amenaza para ejecutar a tiempo los fondos europeos y a medio plazo puede frenar la actividad económica y la creación de empleo.

Un informe presentado por la patronal de la construcción a partir de datos de distintos organismos e instituciones públicas que ve la luz tras la carta remitida desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) a Bruselas denuncia el excesivo recurso de la Administración a medios propios, lo que resultó un detonante para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recabara datos y solicitara una reunión con el sector de la construcción, según informan en una nota de prensa fuentes de la Confederación.

Según el informe de CNC, los encargos de las AAPP a medios propios dispararon su importe un 142%, desde los 1.628 millones de euros en 2021 hasta los casi 4.000 millones en 2023. También creció un 95% el número de encargos en ese periodo, de 1.888 a 3.689; tal y como se desprende de fuentes como OIReScon, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación dependiente del Ministerio de Hacienda.

Unos encargos a medios propios protagonizados fundamentalmente por las comunidades autónomas con un 45%, seguidas del sector público estatal con un 36,35% y de los entes locales con un 18,73%. A nivel geográfico, Navarra, Andalucía y Madrid concentran cerca de la mitad (45%) de todos los encargos autonómicos.

Además, este alarmante abuso queda reflejado en el elevado grado de concentración de los encargos en unos pocos medios propios. En concreto, diez entidades instrumentales al servicio de la Administración concentraron en 2023 casi el 65% de los encargos formalizados ese año, durante el que solo dos empresas públicas estatales coparon más del 38% de los encargos formalizados.

El informe de CNC señala los principales puntos negros de la contratación pública en España: no solo la potencial pérdida de eficiencia respecto a los fondos públicos empleados, sino también de la reducción del mercado por la posible expulsión de empresas licitadoras y del fortalecimiento de la posición competitiva y dominante de ciertas entidades. “El abuso de los encargos, más allá de la renuncia a los principios de concurrencia y competencia, redunda negativamente sobre el ciudadano al afectar a contratos que podrían ejecutarse por empresas con mayor eficacia, solvencia y capacidad”.

Según el informe, en 2023 la media de licitadores que compitieron para ganar los contratos públicos adjudicados fue de 2,99, una cifra que dista mucho de la media de 4,09 registrada en el año 2019. En última instancia, la caída de licitadores agrava el aumento de las licitaciones desiertas, que oscilaron entre el 8% y el 10% sobre el total durante los últimos tres años.

También aumentaron las licitaciones en las que concurre un único licitador, que en 2023 representaron el 44,17% de todos los contratos adjudicados en licitaciones públicas, en contraste con las cifras registradas en años anteriores. Si en 2019 el porcentaje de licitaciones únicas ascendía al 34,33%, en apenas cuatro años se disparó en diez puntos.

El Tribunal de Cuentas europeo analizó cómo evolucionó la competencia de las contrataciones públicas en los países de la UE entre 2011 y 2021. La principal conclusión es que el volumen de adjudicaciones directas de contratos públicos sin licitación previa es comparativamente más elevado en España que en el resto de la UE. En 2021, representaban el 18,2% de los contratos adjudicados, lejos del 15,8% de media, el 12,1% de Francia o el 12,4% de Italia.

A su vez el Tribunal de Cuentas de España alerta de que sociedades públicas están asumiendo un número creciente de encargos que van más allá de su objeto social y que no tienen justificación.

Por su parte, la Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas reclama a estas sociedades implantar un procedimiento específico de control que garantice la aplicación de su instrucción interna en materia de subcontratación para evitar que los medios propios se conviertan en un mero intermediario para ahorrar controles o plazos. Y pide tanto mejorar el control interno de esta clase de empresas públicas como que los encargos estén acompañados de una memoria que justifique los motivos por los que se ejecutan.

En paralelo, la CNMC indica que, ante el fracaso en licitaciones previas, hay que evitar acudir directamente a la figura del encargo y explorar alternativas a favor de la competencia como el planteamiento de nuevas licitaciones con modificaciones en su procedimiento y precio, pues en muchas ocasiones se hace el encargo incrementando sensiblemente su importe o flexibilizando notablemente las condiciones del pliego.

Desde CNC se denuncia el desperdicio de recursos públicos originados por este abuso, además de la merma de los principios de publicidad y transparencia que rigen las actividades contractuales. Unos encargos que deben abundar obligatoriamente en la necesidad de motivar muy bien su utilización. La Administración debe de asegurarse, antes de formalizar el encargo, de dejar constancia de que las actuaciones se enmarcan dentro del objeto social del medio propio y que este tiene medios humanos y materiales para ejecutarlo. Finalmente, la patronal lamenta que los procedimientos de contratación pública en España resulten tan lentos y poco eficientes, lo que a su juicio debería de ser objeto de una reforma del sistema.

Según el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, “tenemos que reforzar la colaboración público-privada y la libre competencia. El abuso de medios propios es una de las principales causas de la mala salud de la contratación pública, cuyo sistema habría que reformar urgentemente para no frenar la actividad económica”.