Hispalyt presenta al Gobierno su propuesta de medidas para la reactivación del sector industrial

La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, Hispalyt, como representante de la industria de cerámica estructural, ante la difícil situación a la que se enfrenta el país como consecuencia de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, ha elaborado una propuesta de medidas necesarias para reactivar al sector industrial y garantizar la recuperación y el futuro de las empresas, que ha presentado a todas las Administraciones y organizaciones con competencias para poder desarrollarlas, tanto a nivel nacional, como regional y europeo.

La industria de fabricantes de cerámica estructural es un sector estratégico, absolutamente imprescindible para el desarrollo de la actividad económica de España y directamente vinculado a la industria de la construcción.

Productos cerámicos.

Se prevé que el impacto del COVID-19 en el sector de la cerámica estructural se extienda durante un año, y llegue a su situación más crítica entre los meses de septiembre y octubre de 2020, con un descenso medio de la actividad del 50% con respecto al mismo periodo del año anterior. Si no se toman las medidas necesarias para una reactivación con garantías de la industria de la construcción, está en peligro la subsistencia de una gran parte de las empresas del sector, que forman parte del tejido productivo industrial esencial del país.

Hispalyt considera imprescindible que se apruebe de manera urgente un Pacto Nacional por la Industria Sostenible, que vuelva a colocar a la industria en el centro de las políticas públicas y haga converger a España hacia el objetivo de, al menos, el 20% del PIB de origen industrial que ha marcado la Unión Europea, reduciendo la creciente dependencia de nuestro país de las industrias de terceros países que puede poner en riesgo, como lamentablemente se está demostrando ahora, el futuro de Europa, de sus Estados Miembro menos industrializados, como es el caso de España, y, sobre todo, de sus ciudadanos.

La reactivación del sector industrial de la construcción, debe ser una prioridad, aplicando para ello medidas flexibles para la compra y alquiler de vivienda, apoyando financieramente a las empresas de promoción de vivienda privada y mejorando el Plan Estatal de Vivienda para fomentar el alquiler, así como la rehabilitación energética de edificios, entre otras medidas.

Uno de los sectores industriales que se debe potenciar especialmente es el de la construcción. El turismo en España sufrirá una caída drástica, y al contrario de lo que ocurrió en la crisis de 2008, debe apostarse por el sector industrial como acelerador para la reactivación de la economía española y como alternativa de empleo para muchos trabajadores de hostelería y turismo que van a ir al paro debido al cierre de sus empresas.

Antes de esta crisis, la construcción tenía una importante falta de mano de obra de instaladores, habiendo constatado que esto podría ser paliado mejorando la imagen que la sociedad española tiene acerca del sector de la construcción, atrayendo con ello a los jóvenes a un sector con gran demanda de mano de obra. Para ello, se reclama el desarrollo de un plan estratégico para presentar a la sociedad las ventajas de trabajar en el sector de la construcción.

La industria de cerámica estructural está comprometida con los objetivos de la Agenda 2030 y con la prevención del cambio climático y de sus efectos, ofreciendo al mercado materiales y sistemas de construcción eficientes y sostenibles.

Sin embargo, el grave impacto de la crisis derivada del COVID-19 debe hacer, según Hispalyt, que tanto el Gobierno Español, como la Comisión Europea, reenfoquen, actualicen y flexibilicen temporalmente sus estrategias y sus hojas de ruta sobre cambio climático, transición justa y Pacto Verde ante la segura recesión en puertas, no para reducir las ambiciones 2030, sino para reestructurar las acciones de desarrollo y aplicación a la industria, así como los calendarios de despliegue de los paquetes legislativos previstos, incluyendo moratorias para por ejemplo, la Ley del Clima, la aplicación del nuevo régimen de comercio de emisiones, la revisión en curso de la directiva de emisiones energéticas, la revisión en curso de la directiva de imposición energética, la taxonomía elaborada como base del sector industrial y para todas las demás medidas propuestas en el pacto verde de aquí a 2021, momento de la revisión legislativa, entre otros.

Otras medidas planteadas por Hispalyt son las siguientes:

• Cumplimiento urgente, por Administraciones y empresas, de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.
• Creación de una línea de cobertura aseguradora aplicable a toda la industria, para paliar la falta de aseguramiento de crédito por un periodo de tiempo mínimo de 6 meses, que avale a través del CESCE dichas coberturas crediticias para el pago a los contratistas, subcontratistas y proveedores.
• Eliminación de la posibilidad de aplicar el tipo diferenciado en el IBI, para que aplique únicamente el tipo general que establezca cada Ayuntamiento.
• Aplazamiento durante un plazo de seis meses del pago de impuestos como el IVA y el IRPF y que tras este periodo se permita el pago fraccionado de los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.
• Ampliación, hasta al menos los 100.000 millones de euros, de las líneas de avales aprobadas por el Gobierno, destinando este nuevo tramo para pymes y autónomos.
• En materia energética, tras conseguir que el Real Decreto Ley 11/2020 recogiese las medidas para la flexibilización de los contratos de suministro electricidad y de gas, propuestas por Hispalyt, la Asociación solicita que estas medidas se mantengan hasta marzo de 2022.
• Que los distribuidores de energía eléctrica realicen las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso en un plazo máximo de 48 horas.
• Impulso del funcionamiento de las instalaciones de cogeneración, a través del alargamiento en 2 años la vida útil de las instalaciones existentes, mientras que se pone en marcha un Programa para la renovación de las mismas.
• Aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, derivado del Real Decreto-Ley 20/2018, incorporando un modelo eficiente de compensación y la creación de un Estatuto del Consumidor Intensivo de Gas similar al electro intensivo.
• En materia de transporte, la incorporación de las 44 toneladas como peso máximo en las actuales configuraciones de tractora y semirremolque de cinco ejes, puesto que, tras la crisis, se necesitará un transporte de mercancías eficiente y competitivo que dé soporte al relanzamiento de la economía.